Publicamos esta carta contundente y clarividente dirigida a los sindicatos cómplices de la campaña de dignificación de empleados públicos, los mismos sumisos que han callado y otorgado la Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , para que llegue sin tapujos`a toda la base de afiliados de CSIF, CCOO, UGT y FSES y para que todos sus votantes reflexionen sobre las irresponsabilidades de los que supuestamente nos representan.
Soy Basilio Villacorta Fernández, funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes el CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.
En primer lugar he de decir a mis representantes de (CSIF, CCOO, UGT y FSES) y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.
En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público, cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES), por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.
Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.
Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes (CSIF, CCOO, UGT y FSES), que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:
Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES) que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones. Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos. Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad. Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.
Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.
Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.
En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?
En primer lugar he de decir a mis representantes de (CSIF, CCOO, UGT y FSES) y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.
En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público, cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES), por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.
Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.
Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes (CSIF, CCOO, UGT y FSES), que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:
- Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.
- Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.
- Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.
- Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.
Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES) que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones. Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos. Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad. Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.
Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.
Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.
En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?
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