viernes, 27 de septiembre de 2013

La Fiscalía General del Estado en su Memoria del curso judicial 2012-2013 coincide con PLADEPU

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) nos congratulamos de que la Fiscalía General del Estado en su memoria del año judicial 2012-2013 (presentada el 16/09/2013), coincida que nuestra contundente posición de denuncia y exigencia para que se desmonte toda la “Administración B” porque es uno de los principales puertos de entrada de la corrupción de la casta política. Queremos poner de relieve varios puntos señalados en la apertura del Año Judicial por la Fiscalía General del Estado:

 

1- La Administración B como factor directo de la corrupción.  La denuncia más importante hecha por  PLADEPU:

“Otro factor que ha podido facilitar la creación de situaciones propiciadoras de la corrupción ha sido la «huida» que de los controles administrativos se ha realizado por las administraciones territoriales. Más concretamente, la Fiscalía de Barcelona, ha señalado que los entes independientes creados por decisión de otros entes públicos, territoriales o no, bajo formas asociativas, fundacionales o de sociedades mercantiles o mixtas, ha permitido que los controles públicos ordinarios se relajen o, simplemente, no existan”.

“Esta evolución del Derecho Público en lo referente a una relajación de las formas de control interno y a la descentralización del poder se puede considerar como una de las principales causas u origen de las prácticas corruptas. Tal y como se ha indicado, la «huida del Derecho Administrativo» nos ha de llevar a platearnos si, en bastantes ocasiones, lo que se persigue no es una mayor eficacia sino escapar al control interno de las decisiones. Parece como si la norma jurídica representara un obstáculo para el desarrollo de ciertos hábitos de gobierno. Además, dentro de la Administración Pública, tanto central, como autonómicas y locales, especialmente en estas últimas, el proceso de toma de decisiones se ha difuminado.”

 

2- El escaso número de delitos realizados en el ámbito de la Administración propiamente dicha, o lo que es lo mismo, no es la Administración la causa de la corrupción, si no las actuaciones al margen de ella y de su personal. Este dato coincide con los manejados desde hace tres años por PLADEPU:

“La Memoria aborda en otro apartado el tratamiento específico de la corrupción como fenómeno político, social y jurídico, por lo que aquí se hará referencia a los delitos que atentan contra el funcionamiento de la Administración Pública entre los que se encuentra el delito de prevaricación administrativa, por citar el más frecuente en esta clase de delitos.”

Si bien en su totalidad no son muy numerosos, estos delitos figuran entre los que son objeto de investigación directa por el Ministerio Fiscal en el ámbito de las diligencias preprocesales.”

 

3- La quiebra del Estado de Derecho como consecuencia de las actividades corruptas. Reivindicación hecha por PLADEPU desde hace varios años:

Los distintos tipos delictivos que están integrados dentro de la corrupción constituyen una de las formas más graves de delincuencia, por cuanto las conductas que consisten en un ejercicio de las funciones públicas de forma contraria a las normas establecidas, con el propósito de obtener beneficios económicos u otras ventajas, provocan el desvío de fondos públicos a fines privados y, además, suponen un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho”.

“También provocan una distorsión en el mercado, afectando a los derechos de los agentes económicos y de los consumidores, y, si el fenómeno se extiende y no se combate adecuadamente, puede dar lugar a su generalización en la sociedad.”

En el plano económico, la corrupción administrativa se erige en un factor desestabilizador de primer orden en una economía de mercado, y se traduce en un freno para el propio desarrollo del país, pues supone un coste añadido sobre bienes y servicios que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos de crisis económica como el actual.”

 

4- La culpa “indefinida” e “inconcreta” se expande a todo el colectivo de “los políticos” y trasmite su contaminación hacia  las instituciones y administraciones públicas. PLADEPU siempre ha defendido la separación entre las Administraciones Públicas y la “administración política”. Es en esta última donde  la corrupción encuentra su mejor acomodo:

De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción, se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber.”

 

5- La proliferación de “libres designaciones” para firmar de informes problemático, sectarios y corruptos. PLADEPU entre los puntos presentados a la Consejera de Hacienda señalaba como prioritario la eliminación de cargos “a dedo” para evitar la coacción sobre los técnicos garantizando su imparcialidad a alejarlos de las prebendas políticas y económicas:

“El origen de muchos de los hechos investigados deriva de la obtención por un promotor que compra, a veces simple opción de compra, una finca por una escasa cantidad y acto seguido consigue una reclasificación de suelo y la atribución de aprovechamiento urbanístico multiplicando su valor, bien a través de los hoy denostados convenios urbanísticos, bien a través de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal. Esa consecución depende, primero de la Autoridad municipal que debe dar el visto bueno al proyecto que se le presenta, y después, necesita de los informes favorables técnicos y jurídicos de la Administración competente en cada caso.”

 

6- La huída de la responsabilidad política hasta la sentencia firme en la vía penal,  deviene en fuerte desapego ciudadano respecto de las estructuras políticas y en la pérdida de control de los electores sobre los elegidos:

“La situación económica y política actual ha determinado un incremento evidente en la concienciación ciudadana acerca del problema de la corrupción y la repulsa ante la misma, lo cual ha tenido como efectos, de un lado, el incremento de las denuncias por esta clase de hechos y, de otro lado, la casi automática identificación ciudadana entre conductas reprochables política y/o administrativamente e infracción penal.”

Ha calado, indebidamente, la idea de vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con lo cual se está eludiendo la adopción inmediata de medidas políticas correctoras, las cuales quedan, artificialmente, ligadas y aplazadas a resultas del proceso penal.”

 

7- Necesidad de un control previo a la vía judicial y garantizar los controles dentro de las Administraciones tal como siempre ha señalado PLADEPU:

Una consideración común a la mayor parte de las Fiscalías es que la lucha contra la corrupción ha de ser estructural mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político… el recurso a la Justicia, y concretamente al Derecho Penal, debe de ser el último, entre otras razones porque cuando éste aplica sus normas, el perjuicio ya está consumado y, en muchos casos, resulta irreversible. Es por ello que se ha de propugnar un funcionamiento riguroso de los órganos de control administrativo, como es el caso de los órganos de inspección y de intervención de las distintas Administraciones Públicas, dotándolos de los suficientes medios legales y materiales, de los que probablemente carezcan en el día de hoy, para realizar su labor. Pero también dotar al Estado, a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de normas jurídicas que establezcan controles y filtros políticos y administrativos que detecten precozmente una posible actuación corrupta para abortarla en sus inicios, con un rígido sistema además de incompatibilidad y de transparencia para los cargos públicos, tanto mientras están al frente de sus respectivas responsabilidades como durante un tiempo posterior al cese de las mismas.”

 

8- Refuerzo del personal funcionario. PLADEPU siempre ha señalado la necesidad del personal funcionario especializado el funcionamiento de las  Administraciones Públicas  como garantía frente a la corrupción política y como medio de control de las actividades de los políticos:

Reforzar la oficina fiscal, dotándola de auténticas unidades de investigación criminal, en la que se integrarían tanto funcionarios de policía especializada como de la Agencia Tributaria y, en su caso, de otros funcionarios de la Administración Pública

(Párrafos tomados de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado)

 

Resumen de la Memoria 2013 de la Fiscalía General del Estado.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Cierran Laboratorios, abren negocios. ¡Viva la corrupción!

La verdad sobre el cierre de los Laboratorios de Fomento, las mentiras de la Junta y cómo los políticos se cargan un servicio público de calidad

Centro Control de Calidad en Burgos

Desde PLADEPU se viene denunciando la mala gestión que la Junta de Castilla y León está realizando de los escasos recursos públicos, y del nulo interés que tienen los dirigentes públicos por prestar un Servicio Público de calidad.

Desde PLADEPU hemos denunciado las mentiras y medias verdades que la Junta de Castilla y León cuenta a sus Administrados sobre su gestión pública. Pero las mentiras tienen unas patas cortas, como se demuestra en el cierre de 7 laboratorios provinciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se pone de manifiesto la mala gestión de los directivos de esta Administración, su oscurantismo, sus mentiras y su desprecio por un Servicio Público de calidad.

El 22 de abril de 2013 la Junta de Castilla y León emitía un comunicado público en el que informaba de la reorganización de los laboratorios provinciales de control de calidad de la construcción y obra pública para mejorar su eficiencia.

“La Junta de Castilla y León está desarrollando, en cumplimiento de su compromiso con el déficit y el ahorro en los recursos públicos, un programa de mejora en la eficiencia y eficacia de la gestión de esos recursos. La reorganización de los laboratorios de control de calidad se plantea como consecuencia de la escasa actividad que desarrollan debido a las circunstancias económicas actuales…. Además, esa escasa actividad actual se ha puesto de manifiesto en la evaluación de las cargas de trabajo que se ha realizado el año pasado”.

Este comunicado hace referencia a la Auditoria que la Inspección General de Servicios (IGP) de la Consejería de Hacienda realizó al Servicio de Tecnología y Control de Calidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, donde se integran los 7 Centros de Control de Calidad provinciales que se han cerrado.

Auditoria que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha intentado ocultar a sus trabajadores por todos los medios. Múltiples han sido las peticiones para conocer el contenido de esta auditoria, y múltiples han sido las negativas a los trabajadores para mostrar esta auditoria. No hay que olvidar que se trata de una auditoria hecha por funcionarios de la Junta. Ahora los Castellanos y Leoneses comprenderán el por qué se ha intentado ocultar este informe.

En primer lugar hay que decir que la IGP ha tenido claro la valía de estos laboratorios: “Los Centros de Control de Calidad, son unos reputados laboratorios de control de calidad de la construcción y la obra pública, que cuentan con unos medios materiales, con carácter general, suficientes para llevar a cabo sus funciones y tienen unos equipos humanos altamente cualificados y preparados para ello, lo que garantiza la objetividad en los resultados que se obtienen de los ensayos que realizan dichos centros”. Es decir, son un servicio público de calidad.

También ha tenido claro los problemas de estos centros: 

1- “Tanto el Servicio de Tecnología y Control de Calidad como las Secciones de Control de Calidad, funcionan con un alto grado de autonomía respecto de los órganos superiores de los que dependen, sin que su actuación se someta a una planificación formal”. Es decir, los “brillantes” gestores de nuestra Comunidad no han realizado un Plan Director o de Actuación para estos centros. Los laboratorios no tienen objetivos, ni un rumbo fijado. 

2- “Considera esta Inspección que existe un escaso ejercicio de dirección de los órganos de los que dependen estas unidades administrativas, tanto a nivel central como periférico. Esta circunstancia influye en su funcionamiento y ha generado que el trabajo se desarrolle de forma rutinaria y con escasa motivación”. La IGP pone negro sobre blanco, denuncia directamente que los directivos de la Junta no realizan su trabajo. Entonces ¿A qué se dedican? ¿Qué dirigen? ¿Por qué se les paga el sueldo de directivos?

3- “El Servicio de Tecnología y Control de Calidad funciona con una gran autonomía, respecto de la Secretaría General de quien depende. Respecto de las relaciones con la Secretaría General son escasas, y no mantiene reuniones de Dirección con la misma. Tampoco actúa de acuerdo a ninguna planificación formal establecida por la Consejería. Existe un escaso ejercicio de liderazgo por parte de la Secretaría General de la Consejería”.“Las Secciones de Control de Calidad funcionan casi autónomamente respecto del correspondiente Servicio Territorial de Fomento, y sus relaciones con los Jefes de Servicio Territorial son escasas y no suelen tener reuniones de coordinación. Respecto de sus relaciones con el Servicio de Tecnología y Control de Calidad también son escasas. Tampoco suelen mantener reuniones de coordinación con este Servicio. Los cauces de comunicación suelen ser instrucciones verbales y por medios electrónicos, no existiendo instrucciones formales. No existe planificación de sus actuaciones, ni seguimiento de objetivos. No reciben habitualmente ni instrucciones, ni sus responsables son convocados a reunión alguna de seguimiento o coordinación con el resto de Jefes de Sección del Servicio Territorial de Fomento. Esta Inspección ha detectado un sentimiento de abandono y de aislamiento de los responsables de estas Secciones respecto de la organización, es decir de los respectivos Jefes de Servicio Territorial de Fomento y del Servicio de Tecnología y Control de Calidad”. El informe de la Inspección de Servicios es demoledor, y simple y llanamente denuncia que los gestores públicos ni se ocupan ni dirigen estos laboratorios con el más mínimo rigor que se puede exigir a unos directivos.

4- “Hay una carga de trabajo muy baja, derivada de las circunstancias económicas actuales y de la falta de un sistema de dirección adecuado que haga que se cumplan las disposiciones normativas al efecto. La IGP vuelve a enviar un misil a la línea de flotación de los gestores públicos, y descubre sus mentiras. La poca actividad de estos centros no se debe solo a las circunstancias económicas, sino también, a la mala dirección de los gestores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

“El puesto de Jefe de Sección de Control de Calidad de Soria, aunque se encuentra cubierto por comisión de servicios, su ocupante no realiza esas funcione”s. El lector acaba de descubrir otra mentira de la Consejería. Está claro que la falta de eficiencia económica del laboratorio de Soria no se debía a “las actuales circunstancias económicas”, sino a que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente había decidido que el responsable directo del laboratorio de Soria, en vez de ocuparse de su funcionamiento y dirección, realizase otras tareas misteriosas. Hay que tener poca vergüenza para descabezar un laboratorio y decir que su mal funcionamiento es por la crisis económica. 

“En el caso particular de Ávila, en el momento de realizar la visita a sus instalaciones, no podían realizar ensayos puesto que el único puesto de analista de laboratorio que tiene cubierto, su ocupante lleva un largo periodo de incapacidad temporal”. Lo más grave del asunto es que nadie de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se sonroja cuando salen a luz estos datos. Pero ¿cómo iba a ser eficiente un laboratorio de ensayos, si no tiene personal para hacer estos ensayos?, ¡ojo! Que la IGP afirma que este hecho gravísimo no es puntual sino que viene ocurriendo durante un largo periodo de tiempo, y nadie le ha puesto solución. ¿Se imaginan un restaurante sin cocinero? Esto solo sucede en las Repúblicas Bananeras y en la Junta de Castilla y León. PLADEPU denuncia que definitivamente la Junta de Castilla y León ha perdido el respeto a sus Administrados al mentirles tan descaradamente. El laboratorio de Ávila es el fiel reflejo de lo que viene denunciando PLADEPU en la Junta de Castilla y León. Recortes de los Servicios Públicos, lo que origina el mal funcionamiento de los mismos, y al no ser eficientes, se cierra ese Servicio Público, se crea una empresa pública para gestionarlo o directamente se privatiza. Qué seguro que la empresa privada tendrá analistas para realizar estos ensayos.

Finalmente la Auditoria aporta un poco de luz al por qué los laboratorios han tenido poca actividad. “Entiende esta Inspección que se da la paradoja de contar estos Centros de Control de Calidad con una alta cualificación profesional y es la propia organización administrativa la que desconoce su existencia, por lo que encargos profesionales que pudieran ser realizados por estos Centros se encargan a los laboratorios ajenos a la Administración. Esta relación coste/actividad podría mejorarse si la Administración Autonómica encargará los controles de calidad de sus obras, cuando fuera posible, a estos Centros. La falta de encargos por parte de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente, entendiendo esta Inspección que se incumple lo previsto en el Plan de Empleo de este personal”. Es decir, es la propia Administración quién ha ninguneado a sus laboratorios. La Junta de Castilla y León ha mantenido una red pública de laboratorios, pero ha estado pagando sus ensayos a empresas privadas. Esta es la magnífica dirección de la Junta, y su gestión eficiente de los recursos públicos.

Hay que señalar que a pesar del contenido de la auditoria, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente cerró el 1 de junio de 2013 los laboratorios de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, y ha mantenido en sus puestos a la Secretaria General, a la Coordinadora de Servicios y a todos los Jefes de Servicio responsables de los laboratorios (todos ellos nombrados a dedo). Tampoco se han dado directrices e instrucciones por escrito a los 3 laboratorios supervivientes.

Estos hechos refuerzan los argumentos y exigencias de PLADEPU: La junta de Castilla y León miente a sus ciudadanos; Gestiona mal los servicios públicos; Los recortes de todo tipo, se podrían evitar o reducir, si esta Administración tuviese unos buenos dirigentes; y las libres designaciones (los puestos a dedo) son una lacra para esta Administración, que deben desaparecer, ya que se demuestran que su trabajo no es servir a los ciudadanos, sino servir al político que le ha nombrado.

Castilla y León, septiembre de 2013
Quinidio Martínez (PLADEPU)

viernes, 13 de septiembre de 2013

La exigencia de PLADEPU para la devolución de las competencias "exportadas" a la "Administración B", ha entrado por la puerta de las Cortes

Adjuntamos pregunta del procurador en las Cortes de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) el 12/9/2013 junto con la contestación del Sr. Presidente. Ver intervención.

All of me

[..] Ni soy mejor ni peor trabajadora que nadie, sólo sé que cuando yo entré a formar parte de este tinglao de lo público lo hice medianamente bien formada, con gran ilusión (no por descarte) y con unas expectativas profesionales legales y plausibles que se fueron desmoronando poco a poco con el transcurso de los años por mérito de la hiperpolitización y de la partidocraria que se burlan de la sociedad señalándome como la culpable de tamaño desaguisado. [..] Continúa leyendo el artículo completo en el apartado Opinión...