jueves, 2 de julio de 2020

Decretazo con la excusa del COVID-19

NO SIENTO EL NIÑO QUE ENFERMÓ, SINO LAS MALAS MAÑAS QUE APRENDIÓ


El Decreto-Ley 4/2020 de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el BOCYL de 19 de junio, supone un atraso de casi 60 años en el tiempo, destruyendo todo lo conseguido en protección del medio ambiente desde 1961, ya que vulnera importantes trámites medioambientales al eliminar los pasos de información y audiencia públicas, desregulando las licencias ambientales y abriendo la veda a actividades insalubres o nocivas.

Con la disculpa de “eliminar trámites, agilizar los procedimientos y simplificarlos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19”, la Junta de Castilla y León elimina de un plumazo las garantías existentes hasta ahora, en un ejercicio intolerable de despotismo contra toda la ciudadanía de esta maltratada Comunidad Autónoma. Veamos por qué:


1.- Posible vulneración de derechos constitucionales:

Esta desregulación autonómica -aprobada en las Cortes con los votos de PP, Cs y Vox- no ha sido objeto de un proceso previo de participación pública, ni ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, vulnerando derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la información y la participación de la sociedad en los asuntos públicos, siendo contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa.


2.- Eliminación de garantías públicas:

En 2014 la Junta ya suprimió el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, pero ahora completa el desmantelamiento de garantías con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal, lo que supone una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental del RAMINP o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población. Esto implica “barra libre” para macro explotaciones ganaderas e industrias alimentarias y una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate.


3.- Legalización de actividades ilegales:

Este Decretazo legaliza automáticamente las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento al paso o al hilo de regular la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, tal y como se refleja en la Disposición Adicional Cuarta “Actividades o instalaciones en funcionamiento sin licencia ambiental o comunicación ambiental. Las actividades o instalaciones que no cuenten con una licencia ambiental o no hayan efectuado comunicación ambiental, pero que estén en funcionamiento desde hace al menos diez años, ubicadas sobre un suelo con una catalogación acorde con la actividad desarrollada y cuenten con licencias urbanísticas emitidas por el Ayuntamiento para su desarrollo, se entenderá que disponen de la licencia ambiental o que han efectuado la comunicación ambiental”. Esto se llama aprovecharse de la situación.


4.- Normativa más laxa:

El texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León regula tres regímenes de intervención administrativa para las actividades o instalaciones susceptibles de afectar al medio ambiente, que se concretan de más a menos efectos, en: autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Por medio de este Decretazo pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, lo que implica eximir de dicha licencia a las explotaciones ganaderas (incluidas las macro) e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, y otras actividades que pueden ocasionar molestias considerables que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento, empezando a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos. Y todo ello, con independencia de que se instalen en un polígono industrial, en un área residencial o incluso en un piso. Estas pueden ser las consecuencias, por mucho que el Decretazo pretenda zanjarlo con eufemismos como “se beneficiarán de la reducción de cargas administrativas y la disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente (…) para reactivar la actividad económica y de estimular el mantenimiento del empleo con el fin de superar la situación de crisis económica”. La justificación de siempre.


5.- Desoye dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia:

Dos veces han tumbado los tribunales los intentos de la Junta de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019, anulaban respectivamente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y el Decreto 8/2018, de 5 de abril, suponen un contundente rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias. Pero como no hay dos sin tres, este Decretazo viene a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional que suprime “de facto” el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961.

viernes, 22 de mayo de 2020

Los hilos que no vemos

¿Cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco?
Noam A. Chomsky

Este escrito es una pequeña reflexión de nuestra vida “antes del COVID-19”. Ahora, después de unos días, los “los hilos que no vemos” serán más fuertes y ásperos. La buena noticia es que se pueden cortar; para ello tienes que querer verlos y salir de tu individualismo.



“Estás en el médico para ser atendido. Hay muchas personas esperando contigo. Cabezas bajas, con nervios, quieren entrar, …deseas que los pacientes que están dentro no tarden, así puedes entrar pronto e ir a otro sitio. El médico tiene una lista grande de personas que confían en ser atendidas. Pero, a veces, parece demasiado la espera. No quieres estar tanto tiempo ahí, pero también sabes que atender a un enfermo lleva su tiempo. Y, además, pretendes que a ti también te presten atención. Dentro de todo este estrés, te encuentras enfermo, con pocas fuerzas y con necesidad de cuidados.”

Es un ejemplo de la vida diaria. ¿crees que esto sucede inevitablemente o que es algo premeditado? Quizás todo está pensado y sucede por algo o porque alguien quiere que así ocurra.

Desde los grandes poderes (económico, político, empresarial, etc…), organizan y dirigen nuestra pequeña vida. Lo fundamental es regular a la población que, en las sociedades consumistas o hiperconsumistas como la nuestra, se ha convertido a la “vida” en una “mercancía”.

La organización de nuestra educación, de nuestro trabajo, de nuestros deseos, de nuestra salud, … se realiza desde acciones y discursos que se introducen en la sociedad como “verdades” asumidas por toda la población. Se asumen “planteamientos”, pero no se piensan ni se reflexionan. Una de las “verdades” asumidas desde la población actual es que, la crisis hace que exista poco dinero para invertir en la salud, en cuidados de mayores, en cuidados de niños, etc... Por eso, se acepta que el cuidado de la salud se preste con menos servicios que antes, que tengamos que asumir no tener un médico cuando lo necesitamos, en definitiva, que no tengamos una garantía de cuidados para nuestra vida. La ciudadanía asumimos este panorama como “verdad”, y provoca que las personas no podamos ser diagnosticadas a tiempo, o que no haya un sistema de prevención de enfermedades, o que la mortalidad se incremente. Esto es aceptado, e incluso justificado por nosotros mismos, hasta tal punto que, muchos contratan seguros privados de salud. Esto es una forma de regular las sociedades. Una regulación que se realiza sin ordenar, sin imponer, más bien pareciera que, todo lo realizamos de forma voluntaria.

Se difumina la garantía de que existe un poder garante de la salud, del bienestar y de los cuidados, Las grandes multinacionales y los grandes poderes, con acceso a tecnologías sofisticadas, dirigen la vida y la muerte de las personas. Estos poderes dirigen nuestra vida de muchas formas. Y la ciudadanía, las personas, ¿qué podemos hacer?

Quizás “parar” y “pensar”.

Algunos autores hablan de “necroeconomía”, en el sentido de que una de las funciones del actual sistema económico es producir, a gran escala, una población “superflua”, una población que no tiene necesidad de explotar, solamente tiene que gestionarla. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control.

Otra forma de comportamiento de la economía actual es la explotación de la mano de obra que se produce tanto en el mercado regulado como en el no regulado. El desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los pensionistas, etc., son efectos de este modelo que sitúa la precariedad en el centro de las relaciones laborales. Otra de las maneras de actuar de nuestra economía es lograr que las personas se vayan de las zonas rurales, aparentemente, de forma voluntaria. Detrás de eso están las grandes políticas que no abastecen de servicios a esas zonas y, la población, sin más remedio, debe abandonar sus hogares. En algunas zonas, esta despoblación y abandono se utiliza para que, grandes multinacionales extraigan recursos naturales a un coste bajo; o se produzca acumulación de terrenos para monocultivos que favorezcan a las grandes compañías.

Se pueden poner más ejemplos, solamente hay que mirar a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿está pasando lo inevitable o está pasando lo que “alguien quiere que pase”?

domingo, 17 de mayo de 2020

El covid19 destapa las otras crisis de la privatización de lo público

La crisis del coronavirus ha demostrado que el sistema sanitario de Castilla y León no estaba preparado, así como tampoco el de ninguna Comunidad Autónoma independientemente de su color político. También deja patente que quienes han resuelto la situación no han sido ni el gobierno central ni la Junta de CyL, no. Han sido trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y de cuidados, la mayoría en situación precaria y con sueldos bajos, que han tratado de salvar la crisis sanitaria como han podido, con vocación y creencia en el servicio público. Estas personas lo han conseguido a pesar del gobierno y también a pesar de una parte de la sociedad (normalmente media o alta, el sector instalado) que mira para otro lado frente a la precarización de la administración y su venta al mejor postor; tres pitos les importa la privatización de servicios públicos y allá se hundan la educación o sanidad públicas.

¿Por qué las residencias de ancianos se han convertido en verdaderas morgues de las personas más débiles, no solo por edad, sino por razones económicas? Residencias privatizadas, convertidas en negocio empresarial, subcontratadas a fondos de inversión, que apenas gastan en mantenimiento (y desde luego no en personal cuidadores y enfermeros/as)

¿Por qué un sistema sanitario que presumía de estar entre los cinco primeros del mundo ha caído como un castillo de naipes?

¿Por qué además el desastre es mayor en regiones en las que la sanidad opera como un “mercado sanitario”, en beneficio de empresas privadas que gestionan buena parte del sistema público, faltando camas, UCIs y personal?

¿Por qué Europa ha carecido de todo, suministros, EPIs, reactivos, etc., teniéndolas que importar masivamente de China, precisamente?

¿Qué tipo de crisis ha destapado el coronavirus? ¿Es esta crisis la del desgaste de los sistemas públicos, de unas sociedades endeudadas y proletarizadas, con mayor brecha respecto a esa clase poderosa y bien instalada?

¿Ha sido realmente eficaz el confinamiento total; cabían otras formas menos severas de distanciamiento social y con consecuencias económicas algo menores?

El artículo Sociología (breve) del estado de alarma de Emmanuel Rodríguez nos debe hacer reflexionar.

domingo, 10 de mayo de 2020

Agradecimiento a funcionarias y funcionarios

Gracias a empleados y empleadas públicos se están manteniendo los servicios básicos que necesitan tantas personas en estos tiempos de crisis.

Además del evidente personal sanitario, docente, bomberos o protección civil, también hay mucha plantilla trabajando a destajo para sacar adelante ayudas sociales a los sectores desfavorecidos o los ERTEs, de forma que nadie se quede sin cobrar un mínimo subsidio.

Además hay personal funcionario de información pública y en los registros para poder seguir presentando documentación, otro de apoyo al sector de la agricultura, del medio ambiente o manteniendo las guías sanitarias del ganado. Y muchas personas teletrabajando desde sus domicilios para que a pesar del parón en los plazos, las situaciones burocráticas más esenciales no se pierdan o queden sin respuesta.

En este contexto, os recomendamos el artículo Los probos funcionarios de Juan Carlos Escudier.

domingo, 12 de abril de 2020

Por una sanidad y una industria sanitaria públicas

Si algo estamos aprendiendo de esta crisis del Covid-19 es que los recortes matan. Lamentablemente estamos pagando los recortes en sanidad con muchas muertes que se podrían haber evitado. A base de lágrimas vemos cómo debemos defender la sanidad pública y no permitir que se desmantele ni una sola cama en hospitales públicos ni ningún puesto profesional. Ya que solo en Madrid se han perdido 2.100 camas.

Sí, tantos años de desmantelar lo público para ponerlo al servicio de empresas está costando vidas, demasiadas vidas, y todo por falta de personal, de medios materiales, equipos de protección o diagnóstico entre otros.

Y para no caer en trampas, hay que fijarse en el gasto sanitario público por habitante. No debemos dejarnos engañar por el baile de cifras: cuando algunos partidos políticos venden que se ha aumentado el gasto en sanidad sin especificar, se refieren al aumento NO en sanidad pública sino en clínicas privadas o en gestión privada de hospitales, lo que supone sobrecostes del 25%.

A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves como es el coronavirus, de triste actualidad.

Así por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid vemos que gastó 921 millones de euros en conciertos con la sanidad privada y solo 32 millones en la pública en el año 2016, reduciéndose la inversión en el mantenimiento de centros públicos en un 77 % lo que provoca que estén “cayéndose a pedazos”.

O sin ir mas lejos, en Castilla y León el nuevo hospital de Burgos supuso un sobrecoste de casi 700 millones de euros sobre el proyecto inicial, una salvajada de la que casualmente participan algunas empresas amigas del PP por estas tierras. PLADEPU hemos colaborado en la recogida de firmas para recuperar el Hospital Universitario de Burgos (de gestión y titularidad privada) para el Sistema Público de Salud y denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada.

La sociedad tiene que hacerse consciente de este desprecio por la salud de las personas de quienes únicamente buscan enriquecerse y hacer negocio con lo que sea. Pero no, la salud no puede ser un negocio y ahora es el momento de defender lo público.

Lo mismo ocurre con externalizar servicios básicos como la producción de mascarillas, respiradores o equipos de protección individual (EPIs) específicos. Según datos de CAS Madrid, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, Alemania es el mayor fabricante europeo de respiradores y ha prohibido su exportación así como de otro tipo de material médico. El cuanto a los equipos de protección, hay muchas quejas de quienes en primera línea se están jugando la vida para salvar otras. No tiene ningún sentido desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reutilizarlos después de una limpieza y esterilización pero no es posible hacerlo, ya que en la mayoría de los hospitales, los servicios de lavandería y esterilización también han “sido externalizados”, por lo que no asumen dicha tarea. Aquí también se podría ahorrar dinero y garantizar la seguridad de quienes nos cuidan.

O en el caso de los test diagnósticos, absolutamente imprescindibles para evitar colapsar las urgencias y UCIs, ya que la prevención junto al tratamiento, salvan vidas. Otros países nos demuestran que los test son básicos si se quieren parar los contagios. ¿Por qué han tardado mas de dos meses desde el inicio “oficial” de la pandemia en empezar a distribuirse y aún faltan? Pues por falta de abastecimiento.

Igual está pasando con la hidroxicloroquina: parece que funciona en algunos casos de Covid-19 y las existencias en los hospitales españoles están prácticamente a cero, así como es escasa la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional ya que India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula. De forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español ni tampoco para conseguirla fuera. Con éste y otros ejemplos, se hace necesaria la creación de un sistema de farmacia público como sector estratégico, para hacer frente a emergencias y a los chantajes de las multinacionales. Todas estas denuncias de CAS están aquí.

En este mundo globalizado para bien o para mal (más bien esto último), la privatización de la salud en las altas esferas nos afecta a esta pequeña escala de nuestro país, ciudad o pueblo. Nos han usurpado las instituciones públicas a todo nivel para ponerlas al servicio del capital y los mercados, como se puede leer en este articulo donde el ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, el señor German Velásquez explica que la OMS está secuestrada por los intereses privados de la Big Farma, industrias farmacéuticas y multinacionales disfrazadas de Fundaciones.

¿Quizás es una locura dejar en manos de corporaciones las medidas que se deben tomar en una crisis mundial tachada de pandemia, esto no es mejor que se haga en una institución genuinamente pública?

Ojalá cuando salgamos de este desastre, la sociedad tome nota de la importancia de unos servicios sanitarios públicos por ser un derecho fundamental y no permita que ese derecho nos sea robado nunca más.

miércoles, 1 de abril de 2020

Insolidaridad de algunos liberados sindicales

Respuesta a incorporación de liberados
sindicales en Talavera de la Reina
La Platadorma en Defensa de lo Público (PLADEPU) quiere denunciar la postura de los liberados sindicales sanitarios y médicos de las centrales USCAM, CSIF, UGT, CCOO, USO, SATSE, CESM y USO en Talavera de la Reina, Toledo, tras conocer una carta infame donde consideran que no está convenientemente justificada su incorporación a activo con la crisis del Covid-19, ya elevada a categoría de pandemia. Parece ser que esto no es suficiente emergencia para ellos.

En Castilla y León es sorprendente que hayan esperado tanto tiempo muchos liberados para unirse y que les hayan escudado hasta hoy. Afortunadamente la mayoría han respondido al llamamiento y solo unos pocos han buscado mil excusas para escaquearse, como refleja El Norte de Castilla en la noticia La Junta llama a 266 liberados sindicales para incorporarse en puestos sanitarios regionales.

Con la que está cayendo, quienes se ponen de perfil dan una respuesta absolutamente despreciable, indigna de la profesionalidad de la mayoría de los sanitarios y que merece contestación. Estamos viendo falta de personal y de medios, hospitales colapsados o a punto de desbordarse y con sus profesionales extenuados. Incluso médicos/as en su jubilación que se reintegran al trabajo o estudiantes de últimos cursos que se forman a marchas forzadas y se les contrata; pero sin embargo estos "compañeros" no ven necesario pasar a la situación de activo.

Por suerte son un grupúsculo vergonzoso pero mínimo dentro del gran colectivo sanitario y de todas las personas maravillosas que trabajan en hospitales y centros de salud, quienes están dejándose la piel para cuidarnos y evitar muertes.

Una reflexión final: ojalá que de ésta, al fin toda la población entienda la importancia de un buen sistema público de salud y salga a la calle a defenderlo cada vez que pretendan nuevas privatizaciones de hospitales y otros desmantelamientos de servicios públicos. Asimismo, que esta crisis nos abra los ojos y exijamos dar marcha atrás para que todo lo que fue usurpado a lo publico y privatizado, vuelva a ser público de nuevo, una vez demostrado que es el pilar de la Sanidad.