viernes, 26 de junio de 2015

Privatizar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y seguir saqueando recursos públicos

ES LA ÚNICA RERSPUESTA DE LA JUNTA A LA MUERTE CIVIL DE LAS PERSONAS SIN OCUPACIÓN


La Plataforma en Defensa de lo Público ya denunciamos cuando, en plena escalada del crecimiento del desempleo, se vació de trabajadores el ECYL, que aquel era el primer paso para desmontar un servicio público esencial. Tomás Villanueva se va, pero Juan Vicente Herrera se queda y siguen sus desalmadas privatizaciones.

El todavía Consejero en funciones se ha empecinado durante años en crear todo tipo de organismos financiados con dinero público al margen de las reglas del control público. Así, tras la creación de las diferentes Agencias de Desarrollo Económico con quiebras millonarias, delegaciones comerciales internacionales, y escándalos como el sobrecoste millonario del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con varias decenas de altos cargos imputados, la sobretasación de suelos en parques tecnológicos nunca construidos y la nueva y flamante “trama eólica”, Don Tomás da un paso al frente para privatizar los servicios de Empleo de Castilla y León, el famoso ECYL.

Los parados han comenzado a recibir cartas en las que se les advierte de que empresas subcontratadas -una de Chiclana de la Frontera, en el caso de la provincia de León, que se embolsa 1,1 millones- realizarán ahora gran parte de las labores del ECyL (antiguo Inem). Si los desempleados no colaboran con estas “agencias de colocación colaboradoras” podrán ser sancionados.

PLADEPU se suma a la difusión de la investigación publicada en BurgosDgital; continuad leyendo aquí…

lunes, 22 de junio de 2015

Una leve tormenta inunda el Hospital de Burgos y obliga a cerrar varios quirófanos

Goteras en quirófano // Fuente: Sanidad Pública Sí
Un tormenta moderada y durante unos pocos minutos ha inundado dependencias del Hospital de Burgos (HUBU) y ha supuesto que se hayan tenido que anular durante 48 horas las intervenciones programadas en los quirófanos. Esta es una consecuencia más del negocio de la sanidad privatizada, que ha llevado a la construcción y gestión de un edificio nuevo de calidad ínfima que suma ya un escandaloso sobrecoste de 667 millones de euros.

En París, en una situación similar, inspeccionaron y levantaron acta; y rompieron el contrato tras encontrar 8000 defectos y fallos de construcción. Sin embargo, en Burgos se ningunea y echa la culpa a la lluvia en vez de buscar responsables y tomar medidas con las múltiples pruebas (fotos y vídeos) facilitadas por la plataforma Sanidad Pública Sí en www.sanidadpublicasi.es y www.facebook.com/SanidadPublicaSi.

Nota de prensa sobre el deplorable incidente que una simple tormenta produjo hace unos días en el HUBU.

jueves, 11 de junio de 2015

Negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral

La confirmación de la Consejera de Hacienda del crecimiento en un 2,6 % del PIB interanual en Castilla y León, ha generado un aluvión de informes de los sindicatos mayoritarios exigiendo la devolución de todos los derechos robados a los trabajadores temporalmente hasta que el crecimiento superara el 2,5% (ver LEY 1/2012 y DECRETO 59/2013).

Para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta se aplica el Convenio Colectivo, cuya vigencia finalizará el 1 de julio de 2015 y que se prorrogará automáticamente mientras no medie denuncia expresa de alguna de las partes que lo dieron conformidad.

Ahora es el momento de denunciarlo, abrir la negociación y exigir la restauración de los derechos perdidos.

Los sindicatos CGT y CSI-F ya han denunciado el convenio colectivo del personal laboral. No entendemos por qué CCOO y UGT (claves en este asunto) no denuncian dicho convenio si, como ellos mismos dicen, la coyuntura económica ha dejado de ser una excusa para la devolución y mejora de los derechos laborales. Ahora tienen la oportunidad de abrir la negociación ¿a qué esperan?

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) instamos a todos los sindicatos a hacer un frente común en esta nueva situación y dejar de ser cómplices de la Junta con sus prácticas de división sindical. Queremos hechos. ¡CCOO y UGT denunciad el convenio colectivo YA!

FSP-UGT ha denunciado en plazo el convenio colectivo.

Enlaces a las denuncias del Convenio Colectivo para el personal Laboral de la Junta de Castilla y León: CGT, CSI-F y UGT.

lunes, 8 de junio de 2015

Tráfico ilegal de trabajadores en la Junta de Castilla y León

Cientos de trabajadores de empresas van a ser indefinidos de la Junta entrando por la puerta de atrás gracias a la prevaricación de los políticos

Hace unos días llegó a nuestras manos la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración. Instrucción que no entendimos en un principio, ya que la Administración de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que presentamos por la contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados a los empleados públicos. Situación esta injusta e irregular por mucho que se haya disfrazado de legalidad.

Todo empezó a estar mucho más claro cuando conocimos la Sentencia 00242/2015 que dictó el Juzgado de lo Social número tres de León el pasado día 16 de abril. Esta sentencia es el claro ejemplo de cómo las privatizaciones y el trasvase sistemático de funciones hacia empresas públicas, ha vaciado de contenido la función pública en Castilla y León.

En primer lugar, debemos felicitar al Magistrado-Juez de lo Social, Juan Gabriel Álvarez, por los exhaustivos fundamentos de derecho en los que apoya el fallo y por el lenguaje claro y conciso que utiliza, alejado del tecnicismo y hermetismo que tanto gusta a la judicatura. Cualquiera entiende esta sentencia en la que no se ha dejado nada al azar.

En segundo lugar, y no nos congratulamos, la sentencia viene a ratificar lo que estamos denunciando en PLADEPU desde 2010: el lento y progresivo vaciamiento de la administración autonómica a favor de empresas públicas y privadas, lo que supone un deterioro sin precedentes del empleo público y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige el acceso al mismo.

La sentencia considera que ha habido cesión ilegal de trabajadores y condena a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a incorporar a su plantilla como trabajadora indefinida a la demandante, la cual pertenecía a la empresa TRAGSATEC, a parte de las acciones penales que puedan llevarse a cabo contra la Administración y la empresa por tráfico ilegal de trabajadores y a la sanción de la Inspección de Trabajo.

El Juez apoya su veredicto en el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 312, 314 y 404 del Código Penal, en el artículo 8.2 del RD 5/200, en los artículos 10.2, 14 y 96.1 de la Constitución Española, en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14 del Convenio de Roma, y, en fin en alguno más. En ellos, se habla de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derecho de igualdad y de tráfico ilegal de trabajadores.

Pero yendo un poco más allá, esta sentencia abre la vía a la persecución penal de los cargos públicos por posibles delitos de malversación y cohecho, pues queda demostrado que la Administración cedió a la empresa instalaciones y material, así como el trabajo de los funcionarios que hacían la función de superiores jerárquicos de la demandada. Situación esta, que se produce en todas las provincias y con varias, posiblemente bastantes, empresas.

Ya en 2012 los compañeros de PLADEPU y VIERNES NEGGRO DE BURGOS denunciaron una situación similar a la de TRAGSATEC, la de la UTE INDRA-GRUPO NORTE, y lo hicieron ante el Presidente de la Junta de Castilla y León y ante el Procurador del Común. El primero dio una respuesta evasiva a través de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y el segundo lo hizo el 20 de diciembre de 2013 de la siguiente forma: “Consideramos que no ha quedado acreditada la concurrencia de irregularidad alguna en la actuación administrativa objeto de su reclamación, debiendo destacarse que el uso temporal de los edificios administrativos por la adjudicataria del contrato tiene apoyo normativo y que los representantes electos del personal funcionario han tenido debido conocimiento de las incidencias de tal contrato”. ¡Ahí queda eso! . Implícitamente considera que es una forma de proceder “normal”, pues hasta los sindicatos la conocen y no han puesto ningún problema. Pero ilegalidad probada y respondida de nuevo por los compañeros en Burgos.

El Magistrado Juez de lo Social ha venido a poner de relieve lo que los demás no querían ver: la forma ilegal de proceder de la Junta de Castilla y León.

En resumen, en los últimos años se ha puesto en marcha un entramado de empresas públicas que ha conducido al punto en el que estamos y que estamos dispuestos a denunciar y llevar hasta las últimas consecuencias.