jueves, 23 de octubre de 2014

Apoyo de PLADEPU a la plataforma contra el TTIP

En junio de 2013 -y a espaldas de la población- comenzaron las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para promover un Acuerdo Transatlántico de “libre” Comercio e Inversiones (también conocido como TTIP por sus siglas en inglés). La UE y EEUU están perdiendo poder económico y político en el mundo. Con este tratado buscan crear la “zona de libre comercio más grande del planeta”: una nueva vuelta de tuerca neoliberal para declarar una “guerra comercial” a otras superpotencias como China, Rusia o India, y recuperar parte de ese poder. Puedes oponerte firmando en stop-ttip.org/firmar.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) estamos en contra del TTIP y apoyamos la recogida de firmas porque de ser aprobado, intensificaría las privatizaciones de servicios públicos, ahondará en los recortes sociales y pérdida de derechos laborales: de aprobarse este tratado supondría más liberalizaciones y privatizaciones, de las cuales ya estamos sufriendo sus consecuencias: recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios ciudadanos, poniéndose la rentabilidad económica por encima de todo, lo que genera mayores cargas para las mujeres y las personas con menos recursos económicos. Y como gota que colma el vaso, con los mecanismos de protección de las inversiones, maniatarían cualquier política de futuro destinada a proteger a la ciudadanía y los servicios públicos. Este capítulo de la protección de las inversiones es especialmente polémico, implica que cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales no públicos sino privados, antidemocráticos y poco transparentes, cualquier legislación -ambiental, laboral o social- que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking o una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas, pueden ser objetos de demandas.

El tratado se centra en la eliminación de leyes a ambos lados del Atlántico con el fin de reducir costes para las multinacionales. De esto se trata, dado que los aranceles entre la UE y EE UU son ya muy bajos Así, el TTIP puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria y suponer una merma en las libertades digitales.

No en vano, han sido las multinacionales -como la industria automovilística, química, farmacéutica y agroalimentaria, empresas energéticas y de servicios, bancos, fondos de inversión, etc.- a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas negociaciones. De hecho, la mayoría de reuniones que ha mantenido la Comisión Europea sobre el tratado ha sido con grupos de presión de las grandes empresas.

Desgraciadamente no hay debate porque el TTIP se está negociando en la sombra. Tras varias rondas de negociación la transparencia y la comunicación con la sociedad civil ha sido nula. Los únicos documentos que se conocen se deben a filtraciones. Ambas potencias se han comprometido a no publicar los documentos relacionados con las negociaciones durante 30 años. En septiembre de 2014, la Comisión Europea ha prohibido una Iniciativa Legislativa Popular Europea que invitaba a rechazar las negociaciones. La única consulta realizada, sobre la protección de las inversiones, era lo suficientemente compleja para dificultar la participación ciudadana y a posteriori, la UE ha amenazado con rechazar las miles de respuestas críticas que hubo.

Frente a la comunicación fluida y constante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas -y no contrastadas- bondades del TTIP.

En la práctica, la armonización legislativa puede llevar a una equiparación aún más a la baja de la protección que nos queda, afectando a las normas de protección social, laboral, de la salud y del medioambiente. Así, podríamos ver aumentar la producción y la venta de transgénicos, de toxinas o de sustancias químicas peligrosas, como los alteradores hormonales que causan cáncer y otras enfermedades.

En el terreno laboral, estas negociaciones se suman a las políticas antisindicales de EEUU, que se niega a ratificar convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a sindicarse, así como a los ataques de la UE y la troika imponiendo bajadas salariales y normas laborales más “flexibles”. El pacto básicamente busca ahondar en la misma receta que ya se está aplicando: recortes sociales, laborales y ambientales junto con una buena dosis de privatizaciones. ¿Ha servido esto para paliar la crisis?

El TTIP concentraría aún mayor poder político y económico en las multinacionales en detrimento de nuestros derechos sociales, laborales y civiles. Un verdadero asalto a la ya muy maltrecha “democracia”.

La retórica de la UE habla de que el TTIP es la clave para “superar la crisis” y “crear empleo”. Sin embargo sus estudios internos demuestran que la destrucción de empleo en varios sectores, especialmente en las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, puede ser descomunal. Además bajarían los ingresos de industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así como los sectores de productos madereros y papel, servicios a las empresas y de comunicación con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. El TTIP tampoco supondrá una ventaja a las pequeñas empresas y autónomos, puesto que al acuerdo aumentará la capacidad de las grandes corporaciones para desplazar, aún más, al pequeño comercio.

Desde PLADEPU haremos todo lo posible por forzar al poder político a sacar las negociaciones de la trastienda y obligar a que haya un debate público sobre el modelo de economía que necesitamos, uniéndonos a las diferentes iniciativas sociales para impedir las negociaciones del TTIP. De hecho, varios sectores de la sociedad -organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan dispares como los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo- nos hemos organizado para confrontar esta vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Ya existen plataformas locales en diferentes ciudades, coordinadas en la Campaña estatal noalttip.blogspot.com.

viernes, 17 de octubre de 2014

Carta de un compañero funcionario a los Sindicatos de CyL

Publicamos esta carta contundente y clarividente dirigida a los sindicatos cómplices de la campaña de dignificación de empleados públicos, los mismos sumisos que han callado y otorgado la Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , para que llegue sin tapujos`a toda la base de afiliados de CSIF, CCOO, UGT y FSES y para que todos sus votantes reflexionen sobre las irresponsabilidades de los que supuestamente nos representan.

Soy Basilio Villacorta Fernández, funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes el CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.

En primer lugar he de decir a mis representantes de (CSIF, CCOO, UGT y FSES) y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.

En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público, cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES), por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.

Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.

Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes (CSIF, CCOO, UGT y FSES), que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:
  1. Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.
  2. Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.
  3. Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.
  4. Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.
Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.

Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales (CSIF, CCOO, UGT y FSES) que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones. Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos. Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad. Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.

Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.

Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.

En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

martes, 7 de octubre de 2014

La presión de los funcionarios obliga a la Junta a retirar su campaña de dignificación de empleados públicos

La presión de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), el rechazo de la Junta de Personal de Servicios Centrales, iniciativas como esta recogida de firmas online, e infinidad de mensajes de protesta de empleados públicos que han inundado la red privada de la Junta de Castilla y León, han hecho recular y acordar la retirada del contrato para adjudicar una campaña publicitaria de 249.260 euros para “dignificar la función pública”.

Lo cierto es que esta campaña de publicidad es uno de los acuerdos alcanzados por todos los sindicatos el pasado 15 de abril en el Consejo de la Función Pública, pero en términos muy distintos a lo publicado en el BOCYL. Hoy hay convocada una Mesa Extraordinaria de Negociación para revisar dicho acuerdo donde es posible que los sindicatos propongan que la "dignificación" se haga con el personal propio que está suficientemente cualificado para emprender una campaña de este tipo. ¿Dónde estaban estos sindicatos para frenar el Anteproyecto de Ley de Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, exigir que los políticos respeten nuestros derechos y que no nos vendan a la administración "B"?

Propuesta de PLADEPU a coste cero para la dignificación de los empleados públicos basada en nuestra Lista de la Dignidad y en las denuncias efectuadas desde la Plataforma en Defensa de lo Público. Carta registrada hoy 7/10/2014 dirigida al Presidente de la Junta Castilla y León.

Ver noticias relacionadas en últimoCero.com : 1, 2 y 3.

El Consejo de Cuentas cuestiona el encargo de proyectos y obras de Agricultura al ITACYL

De nuevo el Consejo de Cuentas de Castilla y León saca los colores a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y a su entidad pública de derecho privado ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario).

El Consejo de Cuentas recoge en un detallado informe la auditoría realizada a este ente para el ejercicio 2011. El informe concluye que se estaría utilizando la encomienda de gestión como un «mero instrumento» de financiación de obras y proyectos que se contratan a través del organismo, en lugar de la Consejería de Agricultura, para sortear exigencias y trámites marcados por la normativa sobre contratos públicos.

También se aborta los gastos de la promoción de la marca Tierra de Sabor, considerando inexactitudes y un seguimiento incorrecto por parte de la consejería que dirige Silvia Clemente.

Informe completo. Resumem. Noticia de El Norte de Castilla.

sábado, 4 de octubre de 2014

Actualizada la lista de agraciados con libres designaciones

Mientras que seguimos con una oferta de empleo público limitada y sin convocatorias reales de oposiciones en Castilla y León, los anuncios y asignaciones de libres designaciones no hacen más que engordar la lista de agraciados con LD.

Un sistema que dificulta a los empleados públicos ocupar puestos mejor retribuidos de forma profesional, rigorosa e independiente. Un sistema que favorece las sumisiones a la casta política. Un sistema donde familiares y amigos del partido gozan de los mejores puestos. Un sistema que ha demostrado que produce corrupción. En conclusión, una prueba más de que la Administración está al servicio de los políticos y no de los ciudadanos.

Lista de agraciados publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León desde el 16/11/2011 hasta hoy. Accede desde la sección Agraciados con Libres Designaciones (menú Denunciamos) o directamente desde aquí.

jueves, 2 de octubre de 2014

Nueva tomadura de pelo: 250.000 € para la dignificación de los empleados públicos

PLADEPU INFORMA: MENUDOS HIPÓCRITAS y DESPILFARRADORES


Después de bajarnos el sueldo, hacernos trabajar más horas, desprestigiarnos, consentir todas y cada una de las modificaciones legislativas que nos privan de nuestros derechos sin decir ni mú ni defender el trabajo público, ahora se gastan 250.000 € en una campaña de dignificación de los funcionarios públicos.

Los empleados públicos deseamos expresar al resto de ciudadanos que exigimos que ese dinero se emplee en dependencia, sanidad, y educación…, y que nos sentimos INDIGNADOS de que se despilfarre así el dinero.

Licitación A2014/000940 publicada hoy para contratar la realización de una campaña de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

¿Necesitamos que nos dignifiquen porque ahora no lo somos? ¡MENUDA VERGÜENZA, OTRO DESATINO INCONCEBIBLE!

últimoCero.com se ha hecho eco inmediatamente de nuestra denuncia.