domingo, 21 de marzo de 2021

Sobran los motivos

El PSOE ha presentado una moción de censura contra el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco.


La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), y desde el punto de vista de unos buenos servicios públicos, pensamos que sobran los motivos para desalojar al PP después de 34 años en el poder por argumentos que no tienen que ver con izquierdas o derechas, sino por higiene política.

Del partido Ciudadanos y del Sr. Igea a su cabeza no podemos esperar nada. Ya engañaron a los ciudadanos de esta región hace 2 años, prometiendo regeneración, y lo único que han conseguido es degenerar aún más esta Comunidad Autónoma ¿Dónde ha quedado su intención de limpiar la administración B cuando más bien han ayudado a engrosarla?

Efectivamente, son 34 años de poder del PP en esta región, y la situación no puede ser peor. La principal lacra que sufre Castilla y León es la despoblación, y se ha certificado que el PP no es capaz de detener la sangría poblacional. Es más, hace todo lo posible para que los castellanos y leoneses emigremos a otras zonas. El medio rural agoniza pero se siguen cerrando consultorios médicos o somos la Comunidad Autónoma con más pueblos incomunicados digitalmente.

La administración de Castilla y León es una red de clientelismo, donde no se pone coto a la administración B, y cada día crece y crece más. En el ICE (antigua ADE) trabaja quien quiere, porque hay empleados públicos de esta empresa que no dan un palo al agua. El ITACYL hace las mismas obras que las que realizan los funcionarios de la Consejería de Agricultura. En el SOMACYL utilizan gratis los Ingenieros de Caminos de la Junta de Castilla y León para dirigir sus obras. Y la Fundación Siglo es el desmadre elevado a la enésima potencia. Pero en vez de cerrar estos chiringuitos, que nos salen muy caros a los ciudadanos, se contrata cada día a más personal.

Es una Administración que no cree en los servicios públicos de calidad, como se ha demostrado estos días con la exigencia de retirada de los carteles de escuela pública en los colegios públicos, pero que no han exigido retirar los lazos naranjas en los colegios concertados.

La Administración de Castilla y León no hay por dónde cogerla después de 34 años de gobierno del PP. Está totalmente politizada, donde la práctica totalidad de las plazas entre los niveles 26 y 29 son de libre designación. Somos los funcionarios peor pagados de España. Hay más de 30% de las plazas vacantes. La tasa de interinidad supera el 10%. Un tercio de los funcionarios están en comisión de servicio. Comisiones de servicio que no son públicas, en contra de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, es decir, son ilegales. Hay más de 500 personas que están trabajando para la Administración de Castilla y León en fraude de Ley como personal laboral cuando realizan trabajo de funcionarios. Y siguen sin crearse esas plazas en la RPTs. Hay más de 135 desertores de la tiza, enchufados, que trabajan como funcionarios cuando son personal docente. Los funcionarios llevamos 7 años de media sin un concurso de traslados completo, cuando la Ley exige, al menos, un concurso anual.

Y la guinda a este desbarajuste, es la inmensa corrupción. La perla negra, la trama de las eólicas, el polígono de Portillo, el caso de las embajadas, la Ciudad del Medio Ambiente, los cuestos de Benavente... Un Consejero condenado en firme por corrupción, viceconsejeros y Directores Generales imputados… Corrupción que sale muy cara a los ciudadanos de Castilla y León.

PLADEPU reclamamos una Junta de Castilla y León que gestione los recursos públicos priorizando el servicio al ciudadano y no salvaguardando su propia imagen. Los ciudadanos son la única razón de su existencia y su verdadero cometido. Muchas veces es en lo último en que se piensa, salvo en el momento del voto.

viernes, 29 de enero de 2021

Por un acceso justo a la función pública. No a los privilegios de los interinos

En los últimos tiempos venimos asistiendo a una campaña mediática, alentada por las centrales sindicales mayoritarias, pero sobre todo por USCAL, donde se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos, sin que dicho personal apruebe la correspondiente oposición. Quieren convertir en funcionarios de carrera a interinos mediante un examen a la carta o un concurso oposición, lo que les proporciona una clara ventaja competitiva frente a otros aspirantes que no han tenido la suerte de ser interinos. En los casos más espeluznantes, se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos sin prueba alguna, solo por el mero hecho de ser interinos. Alucinante.

El artículo 23 de la Constitución Española es claro: “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto, las pretensiones de estas organizaciones sindicales son directamente inconstitucionales, y no hay más que hablar del asunto.

Sin embargo, las organizaciones sindicales y los propios interinos alegan que estos trabajadores se encuentran en fraude de ley, y por tanto, deben tener un trato diferente para acceder a ser funcionarios de carrera. Este trato diferente que promulgan, se traduce en tener ventajas competitivas frente al resto de opositores, es decir, saltarse la Constitución Española y perjudicar al resto de opositores que no han trabajado en la Administración. Además, estas organizaciones sindicales exigen que solo se valore la experiencia laboral en la Administración, lo que ya convierte este desaguisado en un circo. Se puede dar la circunstancia, que el famoso cocinero Arzak se quiera presentar a los concurso-oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León, pero como solo ha trabajado en su restaurante de tres estrellas Michelin durante 50 años y ningún año para la Administración, no se le contabilizaría ningún día de experiencia como cocinero en la oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León. Demencial.

Pero volvamos a la legalidad, y al presunto fraude de ley que proclaman algunas centrales sindicales y sus acólitos. Fraude es que cada año no salgan en la oferta de empleo público todas las plazas de interinos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y que incumple sistemáticamente la propia Junta de Castilla y León.

Cuando un interino entra a trabajar en la Administración, sabe que es por un tiempo limitado. Y todo lo que pase de dos años trabajando como interino, supone una suerte y privilegio frente a otras personas que están apuntadas en la cola del paro, y por supuesto, en ningún caso supone tener más derecho que otro para ser funcionario de carrera. En vez de estar agradecidos por haber tenido un trabajo durante años, algunos pretenden la cuadratura del círculo, y convertir el privilegio que han disfrutado en un contrato indefinido en la función pública por la cara. Nadie obliga a un interino a prolongar indebidamente su relación laboral con la Administración. Lo que no están contentos, que mañana no vuelvan, que la lista en el paro es muy larga. Pero dudamos que haya muchos casos de funcionarios interinos que hayan dejado su puesto de trabajo para incorporarse al mercado laboral privado.

También alegan los interinos que ahora tienen cargas familiares, y que trabajar y opositar simultáneamente es muy difícil. Pero las decisiones vitales que toma cada persona, no deben perjudicar los derechos de otros opositores. Y a lo mejor, estos interinos no han conocido a funcionarios de carrera que en su momento abandonaron su trabajo para opositar, u otros con menos suerte, que se dejaron las pestañas por las noches porque sus condiciones de vida les impedían poder dejar su trabajo para opositar.

Por ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exigimos que se cumpla la Constitución, y que únicamente exista la oposición como medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.

Apoyamos la valoración del tiempo trabajado de los interinos, una vez superada la fase de oposición, entre los méritos para pedir plaza, así como otros méritos como la condición de víctima de violencia de género y horfandad por esta causa.

Y por supuesto, desde PLADEPU estamos en contra de la precariedad laboral y de estas tasas tan impresentablemente altas de interinos que hay en la Junta de Castilla y León. Es difícil dar un servicio público de calidad con estas tasas de temporalidad. Y claro está, a estos interinos, cuando se les ocupe su plaza, se les debe indemnizar por los servicios prestados.

viernes, 1 de enero de 2021

Información técnica de la vacuna de Pfizer

Recién iniciada la campaña de vacunación para prevenir la Covid-19 en Castilla y León, cuya primera etapa está dirigida a residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores, creemos interesante disponer de la máxima información objetiva de la vacuna que se ha empezado a suministrar, la de Pfizer. El siguiente enlace de la Agencia Europea del Medicamentos contiene la ficha actualizada y el prospecto de dicha vacuna:

Ficha técnica oficial de la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech.

¡Feliz año 2021 y un sistema inmune fuerte y sano!

sábado, 7 de noviembre de 2020

No todo es Covid-19

Es necesario controlar el coronavirus, pero sin olvidar que existen también otras dolencias que no estamos diagnosticando ni tratando a tiempo. Y algunas son enfermedades con un alto índice de mortalidad entre la población.


Un tercio de los fallecimientos en este periodo de crisis por el coronavirus han sido por atención sanitaria deficiente o directamente por desatención. Desde marzo hasta julio de este nefasto año, parece que solo existía Covid19, el resto de afecciones desaparecieron como un plumazo. Ya no había ictus, enfermedades cardiovasculares o cáncer, por poner tres ejemplos de enfermedades graves que prácticamente se han abandonado, con desastrosas consecuencias.

¿Por qué el estamento médico no se ha pronunciado sobre el incumplimiento de su código deontológico que dice que el primer contacto con el enfermo tiene que ser con presencia física? Salvo honrosas excepciones, la mayoría se han callado y los centros de salud han impedido el acceso de los pacientes. Todo se hacía por teléfono. Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) solicita la revisión inmediata de los protocolos de acceso a la atención presencial porque dicha decisión administrativa y política está costando vidas, así como la incorporación inmediata de más personal sanitario para afrontar las necesidades sanitarias reales que demanda la población, más allá del virus.

El objetivo de todo médico es intentar curar y si no le dejan, expresarlo a los cuatro vientos, por dignidad. Se echa en falta la voz del estamento médico alertando sobre estos hechos. Ellos son los primeros que deberían denunciar a quienes les impidieron ejercer la medicina. En todos esos casos hay responsables y el silencio es cómplice. El resultado de esta gravísima dejación de funciones sanitarias está siendo agravamientos, cronificaciones e incluso la muerte de pacientes.

Los siguientes ejemplos son solo la punta del iceberg, pero desgraciadamente hay muchos más:
Hay una peticion para firmar en change.org solicitando que se tomen medidas para que los diagnósticos se den a tiempo.

domingo, 23 de agosto de 2020

Por una vuelta al cole segura

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) es consciente de la complejidad de la vuelta al cole y defiende enérgicamente que se haga en condiciones de seguridad para alumnos, profesores y familias.

Reclamamos un espacio de diálogo real para afrontar este reto.

Porque consideramos necesario antes de la vuelta al cole una reunión educación, sanidad y padres para afrontar esta situación. Así como la imperiosa necesidad de implicar a la Consejerías de Familia y de Empleo para adoptar las medidas de conciliación que está situación excepcional reclama.

Todos queremos que nuestros hijos vayan al cole, pero de la manera más segura y no sólo cumpliendo plazos. En la misma dirección; que la burocracia no sea un obstáculo. Diálogo real y abierto para buscar soluciones.

Queremos dar voz a una de las propuestas de acción para que quien lo considere se sume o no en libertad:
Grupo de facebook Derecho a
enseñanza sin riesgo en Pandemia
Manifiesto y análisis Vuelta al cole segura.

Queja al Procurador del Común de Castilla y León.

Formulario de adhesión.

Postura oficial: Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021.

Noticia relacionada: Padres exigen una 'vuelta al cole' "segura" en septiembre y la convocatoria del Consejo Estatal de Familias.

Nuestros hijos, nuestros coles, nuestras familias son lo más importante.

jueves, 2 de julio de 2020

Decretazo con la excusa del COVID-19

NO SIENTO EL NIÑO QUE ENFERMÓ, SINO LAS MALAS MAÑAS QUE APRENDIÓ


El Decreto-Ley 4/2020 de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el BOCYL de 19 de junio, supone un atraso de casi 60 años en el tiempo, destruyendo todo lo conseguido en protección del medio ambiente desde 1961, ya que vulnera importantes trámites medioambientales al eliminar los pasos de información y audiencia públicas, desregulando las licencias ambientales y abriendo la veda a actividades insalubres o nocivas.

Con la disculpa de “eliminar trámites, agilizar los procedimientos y simplificarlos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19”, la Junta de Castilla y León elimina de un plumazo las garantías existentes hasta ahora, en un ejercicio intolerable de despotismo contra toda la ciudadanía de esta maltratada Comunidad Autónoma. Veamos por qué:


1.- Posible vulneración de derechos constitucionales:

Esta desregulación autonómica -aprobada en las Cortes con los votos de PP, Cs y Vox- no ha sido objeto de un proceso previo de participación pública, ni ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, vulnerando derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la información y la participación de la sociedad en los asuntos públicos, siendo contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa.


2.- Eliminación de garantías públicas:

En 2014 la Junta ya suprimió el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, pero ahora completa el desmantelamiento de garantías con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal, lo que supone una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental del RAMINP o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población. Esto implica “barra libre” para macro explotaciones ganaderas e industrias alimentarias y una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate.


3.- Legalización de actividades ilegales:

Este Decretazo legaliza automáticamente las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento al paso o al hilo de regular la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, tal y como se refleja en la Disposición Adicional Cuarta “Actividades o instalaciones en funcionamiento sin licencia ambiental o comunicación ambiental. Las actividades o instalaciones que no cuenten con una licencia ambiental o no hayan efectuado comunicación ambiental, pero que estén en funcionamiento desde hace al menos diez años, ubicadas sobre un suelo con una catalogación acorde con la actividad desarrollada y cuenten con licencias urbanísticas emitidas por el Ayuntamiento para su desarrollo, se entenderá que disponen de la licencia ambiental o que han efectuado la comunicación ambiental”. Esto se llama aprovecharse de la situación.


4.- Normativa más laxa:

El texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León regula tres regímenes de intervención administrativa para las actividades o instalaciones susceptibles de afectar al medio ambiente, que se concretan de más a menos efectos, en: autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Por medio de este Decretazo pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, lo que implica eximir de dicha licencia a las explotaciones ganaderas (incluidas las macro) e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, y otras actividades que pueden ocasionar molestias considerables que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento, empezando a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos. Y todo ello, con independencia de que se instalen en un polígono industrial, en un área residencial o incluso en un piso. Estas pueden ser las consecuencias, por mucho que el Decretazo pretenda zanjarlo con eufemismos como “se beneficiarán de la reducción de cargas administrativas y la disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente (…) para reactivar la actividad económica y de estimular el mantenimiento del empleo con el fin de superar la situación de crisis económica”. La justificación de siempre.


5.- Desoye dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia:

Dos veces han tumbado los tribunales los intentos de la Junta de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019, anulaban respectivamente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y el Decreto 8/2018, de 5 de abril, suponen un contundente rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias. Pero como no hay dos sin tres, este Decretazo viene a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional que suprime “de facto” el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961.

viernes, 22 de mayo de 2020

Los hilos que no vemos

¿Cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco?
Noam A. Chomsky

Este escrito es una pequeña reflexión de nuestra vida “antes del COVID-19”. Ahora, después de unos días, los “los hilos que no vemos” serán más fuertes y ásperos. La buena noticia es que se pueden cortar; para ello tienes que querer verlos y salir de tu individualismo.



“Estás en el médico para ser atendido. Hay muchas personas esperando contigo. Cabezas bajas, con nervios, quieren entrar, …deseas que los pacientes que están dentro no tarden, así puedes entrar pronto e ir a otro sitio. El médico tiene una lista grande de personas que confían en ser atendidas. Pero, a veces, parece demasiado la espera. No quieres estar tanto tiempo ahí, pero también sabes que atender a un enfermo lleva su tiempo. Y, además, pretendes que a ti también te presten atención. Dentro de todo este estrés, te encuentras enfermo, con pocas fuerzas y con necesidad de cuidados.”

Es un ejemplo de la vida diaria. ¿crees que esto sucede inevitablemente o que es algo premeditado? Quizás todo está pensado y sucede por algo o porque alguien quiere que así ocurra.

Desde los grandes poderes (económico, político, empresarial, etc…), organizan y dirigen nuestra pequeña vida. Lo fundamental es regular a la población que, en las sociedades consumistas o hiperconsumistas como la nuestra, se ha convertido a la “vida” en una “mercancía”.

La organización de nuestra educación, de nuestro trabajo, de nuestros deseos, de nuestra salud, … se realiza desde acciones y discursos que se introducen en la sociedad como “verdades” asumidas por toda la población. Se asumen “planteamientos”, pero no se piensan ni se reflexionan. Una de las “verdades” asumidas desde la población actual es que, la crisis hace que exista poco dinero para invertir en la salud, en cuidados de mayores, en cuidados de niños, etc... Por eso, se acepta que el cuidado de la salud se preste con menos servicios que antes, que tengamos que asumir no tener un médico cuando lo necesitamos, en definitiva, que no tengamos una garantía de cuidados para nuestra vida. La ciudadanía asumimos este panorama como “verdad”, y provoca que las personas no podamos ser diagnosticadas a tiempo, o que no haya un sistema de prevención de enfermedades, o que la mortalidad se incremente. Esto es aceptado, e incluso justificado por nosotros mismos, hasta tal punto que, muchos contratan seguros privados de salud. Esto es una forma de regular las sociedades. Una regulación que se realiza sin ordenar, sin imponer, más bien pareciera que, todo lo realizamos de forma voluntaria.

Se difumina la garantía de que existe un poder garante de la salud, del bienestar y de los cuidados, Las grandes multinacionales y los grandes poderes, con acceso a tecnologías sofisticadas, dirigen la vida y la muerte de las personas. Estos poderes dirigen nuestra vida de muchas formas. Y la ciudadanía, las personas, ¿qué podemos hacer?

Quizás “parar” y “pensar”.

Algunos autores hablan de “necroeconomía”, en el sentido de que una de las funciones del actual sistema económico es producir, a gran escala, una población “superflua”, una población que no tiene necesidad de explotar, solamente tiene que gestionarla. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control.

Otra forma de comportamiento de la economía actual es la explotación de la mano de obra que se produce tanto en el mercado regulado como en el no regulado. El desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los pensionistas, etc., son efectos de este modelo que sitúa la precariedad en el centro de las relaciones laborales. Otra de las maneras de actuar de nuestra economía es lograr que las personas se vayan de las zonas rurales, aparentemente, de forma voluntaria. Detrás de eso están las grandes políticas que no abastecen de servicios a esas zonas y, la población, sin más remedio, debe abandonar sus hogares. En algunas zonas, esta despoblación y abandono se utiliza para que, grandes multinacionales extraigan recursos naturales a un coste bajo; o se produzca acumulación de terrenos para monocultivos que favorezcan a las grandes compañías.

Se pueden poner más ejemplos, solamente hay que mirar a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿está pasando lo inevitable o está pasando lo que “alguien quiere que pase”?