viernes, 25 de noviembre de 2016

Entra en vigor la La Ley Mordaza del Gobierno de Herrera

El grupo de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León ha sido cómplice de la penúltima fechoría de las huestes de Juan Vicente Herrera contra los empleados públicos de Castilla y León

El grupo de las Cortes de Castilla y León de Ciudadanos ha pegado una puñalada trapera a los empleados públicos de la Administración Regional, al apoyar el engendro de Ley de desprotección de los empleados públicos que denuncien ilegalidades, alegalidades o chanchullos en la Administración de Castilla y León.

El pasado 9 de noviembre de 2016, las Cortes de Castilla y León aprobaron con los votos afirmativos del Partido Popular y de Ciudadanos la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Ley que se publicó en el BOCYL el 21 de noviembre. Es decir, el grupo político de Ciudadanos ha sido cómplice de esta fechoría contra los empleados públicos de esta región.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que fuimos la organización que promovió y solicitó la aprobación de una Ley sobre esta materia, hemos manifestado e instado a todos los partidos de la oposición a trabajar en un nuevo texto. Nos sentimos engañados y estafados con el texto legal aprobado.

¿Cómo Ciudadanos puede votar sí a una Ley que determina que las denuncias de los empleados públicos sean tramitadas por un órgano cuyo Jefe es un puesto de confianza del Consejero de Presidencia? Porque lo que no parece entender el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que al responsable de la Inspección General de Servicios lo nombra a dedo el Consejero de Presidencia, y lo cesa cuando le da la gana al Consejero, con solo alegar que ha perdido la confianza en él. Pero es más, en la Inspección General de Servicios hay 12 puestos de trabajo para Técnicos Superiores. De estos 12 puestos, 4 se cubren mediante libre designación, es decir, a dedo. Y los otros 8 se cubren mediante concurso específico. Y todos sabemos que en esta Administración los concursos específicos tienen nombres y apellidos antes de que estos se resuelvan. Por tanto, ¿cómo Ciudadanos puede pensar que un empleado público en su sano juicio va a presentar una denuncia ante un Órgano totalmente politizado, donde los miembros que van a investigar sus denuncias son nombrados a dedo o mediante concursos específicos...? ¿Por qué no hay ni una sola plaza de Técnico superior que se cubra mediante concurso ordinario? Este es el criterio que tiene Ciudadanos de un Órgano independiente.

Pero para rematar la faena a los empleados públicos, esta Ley recalca, amenaza y advierte a los que osen presentar una denuncia, que deben tener todo atado y bien atado, porque si su denuncia no prospera se exponen a un expediente disciplinario por falta grave. Desde PLADEPU echamos en falta el mismo ímpetu en esta Ley contra aquellos que se dediquen a perseguir a los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge una sanción contra aquellos mandos que se dediquen a acosar a los denunciantes?

Resulta paradójico que una Ley que se jacta de amparar a los empleados públicos que denuncien irregularidades, en su texto solo contenga sanciones contra los denunciantes, y no incluya penalizaciones contra los Directivos que persigan a los denunciantes.

Y así lo hemos trasladado a los medios de comunicación como el diario El Mundo (21/11/2016) y la Cadena Ser (minuto 7:40):

viernes, 4 de noviembre de 2016

SOMACYL, empresa privada con piel de pública

Irregularidades en proceso selectivo

Son numerosas las denuncias que desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) llevamos haciendo de la empresa pública SOMACYL. Empresa garrapata de la administración "B" paralela de la que destapamos su vinculación con una trama empresarial, por donde se malgasta dinero en ensayos fuera de los laboratorios de la Junta de Castilla y León, famosa por ser la promotora de la pasarela de Benavente, y que en resumen, se puede considerar como la antítesis de lo que deber ser una Administración Pública.

Damos noticia ahora del proceso selectivo que el SOMACYL inició en julio de 2016 para contratar dos técnicos (Gestión Piscícola y Piscicultura), publicitado en su página web.

El procedimiento de selección de candidatos ha sido irregular y muy poco transparente, incumpliendo la propia normativa interna de contratación de la entidad y otras normativas supra-autonómicas sobre contratación en el sector público. En concreto, se han producido al menos las siguientes irregularidades:
  • Incumplimiento de plazos. La recepción oficial de solicitudes para cubrir estos dos contratos finalizó el 29 de julio, tras ampliarse el primer plazo estipulado por defectos de procedimiento. Según la propia normativa interna, en estos procesos selectivos, se escogerían entre los solicitantes cinco candidatos/as para realizar una entrevista personal en el plazo de diez días, sin embargo, el personal del SOMACYL encargado de hacer esas entrevistas no se pone en contacto con los/as candidatos/as preseleccionados hasta pasado más de un mes. ¿Será que el mes de agosto no existe?
  • No se han respetado los procedimientos que han de seguir las contrataciones en el sector público. SOMACYL es una Entidad de CARÁCTER PÚBLICO; tal y como lo expresa la Ley 12/2006, en la que se crea esta Sociedad, y el acuerdo 162-2006, en el que se detallan sus estatutos. Por lo tanto, en los procesos de selección de personal deben respetarse los principios reflejados en la Ley de Contratos del Sector Público: publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
  • Arbitrariedad total en la selección del personal. No se ha seguido el procedimiento de contratación que el propio SOMACYL tiene. De acuerdo a la normativa que publica SOMACYL en el punto 7 de su Ley de Transparencia, deberían haberse hecho públicos los criterios, baremos, méritos, etc. que regirán en el proceso selectivo, cosa que no se hizo. El procedimiento queda así viciado de arbitrariedad, pudiéndose dar el caso de seleccionar un/a candidato/a por criterios de afinidad política, de parentesco, de estética, etc. También debió existir una mesa de contratación ad-hoc, públicamente prefijada, que no fue constituida.
  • Indefensión administrativa. No se hace pública la decisión de la selección de los/as dos candidatos/as ni por comunicación oficial, con acuse de recibo, ni por publicidad en los medios oficiales públicos del SOMACYL. Debiera haber sido debidamente comunicada la desestimación de los candidatos/as preseleccionados/as y no elegidos/as, junto con la decisión de los candidatos/as elegidos, y el procedimiento de posibles alegaciones a la decisión, plazos, instancias a las que dirigir el recurso, etc. Por lo tanto se ha privado a los/as candidatos/as no seleccionados de su derecho a presentar alegaciones al órgano competente correspondiente, o del derecho a solicitar una baremación externa por parte de otro comité de evaluación. Este hecho sería ya suficiente como para impugnar e invalidar este procedimiento selectivo. Abundando en este argumento, está el hecho de que se formalizaron los contratos sin existir ningún tipo de comunicación oficial.
En resumen, con independencia de la valía o competencia de los/as candidatos/as elegidos, el proceso seguido ha sido como si estas contrataciones se hubiesen realizado en la empresa o sector privado.

viernes, 21 de octubre de 2016

¡NO a La Ley Mordaza del Gobierno de Herrera!

PLADEPU llamamos a todos los partidos políticos de la oposición a votar NO a esta ley de "protección" del empleado público denunciante

El acoso y derribo que desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera se está llevando a cabo contra la independencia de los empleados públicos es público y notorio, y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) jamás se cansará de denunciarlo. La no convocatoria anual de los concursos de traslados, el escandaloso número de puestos de trabajo de libre designación, los concursos específicos, las incontables comisiones de servicio, la atribución temporal de funciones para contentar a estómagos agradecidos o callar voces, o el aumento indecente de la Administración B, son una suficiente muestra del ataque diario que el Gobierno de Juan Vicente Herrera perpetra contra la independencia y buen funcionamiento de esta Administración Regional.

Pero en un ejercicio de cinismo político sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario.

Este Proyecto de Ley de garantías para los empleados públicos informantes determina que será la Inspección General de Servicios el Órgano que tramitará las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Como un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de un Consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo por este Consejero, puede encargarse de las denuncias de corrupción contra ese Consejero u otros Consejeros de la Junta de Castilla y León. ¿Qué garantías son estas para el denunciante? Recordamos que estos días, un exconsejero de la Junta de Castilla y León está sentando en el banquillo de la Gürtel acusado de cobrar mordidas en contratos públicos.

¿Qué sentido tiene aprobar una Ley de tres artículos, donde un artículo recoge el contenido de un decreto ya existente?. Porque el Decreto 13/2009 de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 3, establece que una de las competencias de la Inspección General de Servicios es “Vigilar y comprobar que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecuan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en cada caso”. Esto demuestra que la futura Ley no pretende perseguir la corrupción y proteger a los denunciantes, sino todo lo contrario.

¿Por qué la nueva Ley exige que las denuncias lleven el nombre y apellidos de los denunciantes, pero no contempla ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para estos? (Muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias). El hecho recogido en el Proyecto de Ley de que las garantías contra los denunciantes terminan el día que se sustancien las actuaciones es otra broma de mal gusto de esta Ley. Tampoco la Ley ampara a los familiares de los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge un seguimiento en el tiempo de la situación laboral del denunciante y de sus familiares? ¿Por qué la nueva Ley recoge sanciones para los denunciantes y no para las personas que persigan a los denunciantes, o revelen las denuncias o información comprometida a los denunciados?

Desde que se publicó el primer texto del anteproyecto inicial, PLADEPU nos hemos reunido con los partidos de la oposición para aclarar las cuestiones que deberían incluirse y excluirse durante la tramitación del proyecto. Sin embargo, en vez de promover una ley garantista para el empleado público denunciante, el análisis del texto definitivo nos hace concluir que esta ley va a empeorar la situación actual, y MANIFESTAMOS:

"El Proyecto de Ley de garantías a los informantes denunciantes se ha tramitado con el rechazo frontal de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) por considerar que eliminará los pocos recursos que teníamos los empleados públicos a la hora de denunciar malgasto de recursos o bienes públicos.

PLADEPU expresa su total oposición a esta ley por considerarla una "segunda ley mordaza" aplicada al personal de la Administración de la Junta de CyL. Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas.

PLADEPU ha sido pionera a nivel de todo el estado en promover un sistema de protección al empleado publico denunciante. Uno que haga realmente efectivo su derecho (y deber) de denunciar irregularidades.
"

En la anterior votación del 10 de octubre, tan solo Izquierda Unida se posicionó en contra de esta ley, que continuó su tramitación con los votos a favor del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas representadas en las Cortes de CyL.

De cara a la votación decisoria que se va a efectuar el próximo miércoles 26 de octubre en las Cortes de Castilla y León de la Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, INSTAMOS a todos los partidos de la oposición a votar NO. La única opción frente a este engendro de ley es tirarla abajo y comenzar un nuevo texto de cero, puesto que de aprobarse esto, se amordazará definitivamente a los trabajadores/as de la administración. Y así lo trasladamos mediante rueda de prensa:


miércoles, 31 de agosto de 2016

Personal de ADE asumirá puestos de licenciado sin título ni oposiciones.

ADE SIGUE COLANDO A GENTE EN LA ADMINISTRACIÓN ¡¡¡¡YA BASTA!!!!

El nuevo convenio del personal laboral de Valladolid de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado sábado 13 de agosto, permitirá a empleados sin titulación universitaria y sin grado medio equipararse a otros empleados públicos que sí disponen de dichas titulaciones y que además han llegado a su plaza por oposición.

La Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende el ente 100% público, consigue finalmente con este paso dar legalidad a que determinados trabajadores privados sin titulación académica -que procedían de una sociedad anónima- sean asimilados a laborales de grupo 1 y grupo 2 sin haber aprobado oposición. Además de asumir con dinero público la deuda de esa sociedad anónima, que asciende a 400 millones de €. Estos trabajadores procedían de ADE Financiación, EXCAL y ADE Parques.

Ésta es una nueva vuelta de tuerca en el total descaro del ADE y sus chantajes para meter con calzador en la Administración General a personal de la administración "B" paralela que no ha superado ningún proceso selectivo de los exigidos en Función Pública para el personal funcionario o laboral. Y no va a quedar sin respuesta por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), como las anteriores denuncias sobre el ADE recopiladas en www.pladepu.org: Subidas de sueldo en el ADE a cambio de "tragar con los enchufados", Continúan las bufandas en la administración paralela, Concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, Homologación sin oposición a personal privado procedente de ADE Financiación, EXCAL y ADE Parques, etc.

Según la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, en el articulo 41 menciona que el personal de la plantilla debe respetar los principios de acceso a la Función Pública.

En el tercer párrafo del Convenio se explica que todos los procesos de subrogación e integración de varias entidades de distinta naturaleza jurídica en el ADE, han supuesto una “sucesión de empresa conforme a lo previsto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en su apartado 4 dispone que "las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".”.

Parece que los intentos por llevar a cabo una transición de los diversos regímenes jurídicos del personal subrogado dentro de la nueva entidad, se han estado negociando desde el 2013 o antes, y el objetivo final aprobado por los sindicatos CC.OO. y CSI-F representados, es una posible integración dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. En el párrafo quinto del convenio así se expresa: “Sin renunciar en el futuro a dicho objetivo, subsidiariamente, y de manera mayoritaria, han expuesto su voluntad de adherirse al "Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta" actualmente vigente, al amparo de lo previsto en el artículo 92.1 de la Ley del Estatuto de los trabajadores”.

Como legalmente no se pueden adherir a dicho convenio, aprueban uno similar, “los representantes unitarios de los trabajadores y la Dirección de la ADE convienen en suscribir el presente Convenio Colectivo, tomando como texto de referencia las condiciones laborales convenidas para el personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León”.

Y aquí viene en el artículo 5, apartado 2 del mismo, lo más vergonzante: “Para los trabajadores que vinieran rigiéndose por el "Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Valladolid" se aplicarán unas equivalencias, atendiendo a la clasificación profesional que ostentaba el trabajador según dicho Convenio:”.

Situación de partida Situación prevista
Nivel I Titulado Superior Titulado Superior
Nivel I Titulado Superior Asimilado a Titulado Superior, si carece del correspondiente título académico superio
Nivel II Titulado Medio Titulado de Grado Medio
Nivel II Titulado Medio Asimilado a Titulado de Grado Medio, si carece del correspondiente título académico de grado medio
Nivel IV Jefe de Segunda Titulado de Grado Medio
Nivel IV Jefe de Segunda Asimilado a Titulado de Grado Medio, si carece del correspondiente título académico de grado medio
Nivel V Oficial administrativo Administrativo
Nivel VI Oficial de segunda administrativo Administrativo
Nivel VII Oficial de primera de oficios varios Oficial 1ª Conductor
Nivel XI Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo

Es decir, tanto para el Nivel I “Titulado Superior”, como Nivel II “Titulado Medio” o Nivel IV “Jefe de Segunda”, serán asimilados a Titulado Superior en el primer caso, y a Titulado de Grado Medio en los otros dos, incluso si carecen del correspondiente título académico.

De momento Función Pública no se ha manifestado, su silencio es cómplice de los representantes de CC.OO y CSI-F que nos han puesto a los pies de los caballos al personal de la Junta de CyL (tanto funcionario como laboral o estatutario) quienes hemos aprobado unas oposiciones o exámenes garantes de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Una vez mas se ríen de nosotr@s, y se puede llegar a dar la circunstancia de que este personal colado por la puerta de atrás podría ser nuestro futuro jefe u ocupar plazas de concurso en igualdad de condiciones con personal que sí ha superado unas pruebas y ha demostrado su independencia del poder político. Los representantes de UGT, el otro sindicado con representación en el comité de empresa, se oponen a este convenio.

Firmas del documento original
Firman el convenio: Jose Mª Ribot (ADE), Raquel Lorenzo (CCOO), Alfonso Fernández (CCOO), Mercedes Vicente (CCOO), Jorge Juan Sáiz (CSIF), Victoria Conde (CSIF) y Argimiro Noriega (UGT).

Noticias de El Norte de Castilla: Personal de ADE asumirá puestos de licenciado sin título ni oposiciones, El convenio laboral de ADE llegará a las Cortes y Empleados de ADE impugnan el convenio que equipara personal a dedo sin titulación universitaria.

martes, 14 de junio de 2016

VIERNES 17 DE JUNIO: Asamblea en Palencia

EL PROYECTO DE DECRETO DE LA JUNTA DE C. Y L. PUEDE ELIMINAR DERECHOS, INDEPENDENCIA Y GARANTÍAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y HACER PROVISIONALES TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. ¡LA AMENAZA DE DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN YA ESTÁ AQUÍ!


El Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo avanza rápido y planea debilitar la Administración para justificar su externalización.
Pincha en la imagen para ampliarla
Descarga el cartel aquí

Viernes 17 de junio a las 13:00h
Asamblea en el salón de actos de la Delegación T. de Cultura en Palencia
(C/ Obispo Nicolás Castellanos, 10)

Lo que está pasando no deja lugar a dudas: la Junta de Castilla y León se está dando mucha prisa por cambiar el modelo que tenemos de administración. Lo lleva haciendo de muchas maneras, abusando de las encomiendas de gestión, o cambiando la ley de medidas de reforma de la Administración de manera que los empleados públicos trabajemos para la administración "B" y ésta sea defendida por nuestras letrados.

El próximo golpe es alarmante: la probable amortización de miles de plazas -no cubiertas a propósito- con el proyecto de reforma de RR.PP.TT., lo que supondría una de las mayores reducciones de la Administración de los últimos años. Y tras la pretentida flexibilidad organizativa, no incorporaría mecanismos para asegurar la independencia y cometidos laborales de cada funcionario.

Sin embargo la administración "B" paralela, que ha propiciado la corrupción en España, sigue creciendo a pesar de los informes del Consejo de Cuentas y las denuncias reiteradas de emplead@s públicos y grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León.

Solamente el conocimiento de lo que está pasando y de las consecuencias que tiene para los ciudadanos y para los empleados públicos, podrá hacernos reaccionar y plantar cara a este desmantelamiento de unos de los pilares del estado de derecho.

En la asamblea se tratarán los siguientes temas para debatir y acordar: Proyecto de reforma de las estructuras orgánicas y RPT's; Informe del Consejo de Cuentas sobre las ilegalidades de las encominedas de gestión, las privatizaciones se multiplican; concurso "abierto y permanente" o "castrado"; recuperación de derechos expropiados: migajas, limosnas...

La cobertura legal y los permisos (sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Palencia, a la que agradecemos su colaboración. Todo el personal dependiente de la Administración General de la Junta de Castilla y León en Palencia, así como el personal dependiente de los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León en Palencia, tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad salida sindical; se entregará justificante de asistencia).

Cartel Viernes 17 de junio listo para imprimir y poner en tu centro de trabajo.

  ¡¡ACUDE Y DIFUNDE!! EL FUTURO DE TODOS ESTÁ EN JUEGO

jueves, 9 de junio de 2016

Estreno hoy en Burgos del documental Corrupción, el organismo nocivo


El movimiento "Viernes Negro" de Burgos celebra su cuarto aniversario desde aquella primera manifestación convocada por este colectivo de emplead@s públic@s el 15 de junio de 2012. Lo hará con la colaboración de PLADEPU, como colectivo "hermano", y con la idea de exponer públicamente su trabajo y reflexionar con l@s ciudadan@s que acudan acerca de los mecanismos de inicio y extensión de la corrupción, de los daños que causa y de las estrategias para combatirla.

El movimiento denominado “Viernes Negro” que se manifestaba todos los viernes, ahora dos al mes, en las inmediaciones de la Delegación Territorial, nació al calor de las protestas contra los recortes públicos. Las protestas se acompañaron de denuncias sobre evidencias de posibles fraudes e ilegalidades cometidas en contrataciones de personal y de servicios, cierres de servicios públicos y posteriores y derroches presupuestarios en obras públicas sin uso.

Para el acto contaremos con la proyección de un documental inédito y un posterior coloquio participativo entre el público y los invitados.

El documental, que lleva más de 60 estrenos en diversas ciudades españolas, podrá verse hoy jueves 9 de junio en Burgos, en la Sala Polisón a las 19:00, y el acceso es libre para toda la ciudadanía. Su inusual exposición y denuncia de la corrupción municipal y el protagonismo de las personas que la han denunciado ha otorgado a esta película una muy buena acogida tanto por el público como por la crítica.

Mira el tráiler y toda la información de los estrenos, docuforums, dvd's y online aquí: corrupcionorganismonocivo.com

     ¡Sólo conociendo la realidad podremos cambiarla!

lunes, 6 de junio de 2016

Fundación Villalar Castilla y León

Juan Vicente Herrera favorece el crecimiento de la Administración B con la Fundación Villalar

La Presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar, Silvia Clemente (antigua Consejera de Cultura y responsable de la Fundacion Siglo) está presentando un amplio abanico de actividades culturales que invaden claramente las competencias de la Consejería de Cultura y Turismo. Estamos ante una clara potenciación de la Administración B: la Fundación Villalar, permitida por nuestro Presidente Juan Vicente Herrera.

¡No teníamos bastante con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León!, completamente paralela a la Consejería de Cultura y Turismo para que ahora crezca la Administración B con una “Fundación Siglo 2” que es la Fundación Villalar.

Todas las propuestas de la Fundación Villalar son competencia de la Consejería de Cultura y Turismo, en concreto de la Dirección General de Políticas Culturales:
¿Con qué personal cuenta la Fundación para estos fines culturales, a quiénes ha contratado, por cuanto, qué presupuesto tiene para esas actividades culturales? El funcionamiento de las Cortes y de la Fundación Villalar lo pagamos con nuestros impuestos los castellanos y leoneses.

Todo ello con el silencio cómplice de la Consejería de Cultura, que está siendo desmontada a través de las dos Fundaciones y languidece sin ejecutar las competencias que le corresponden.

El debate es muy claro:
  • O tenemos una Administración A: Consejería de Cultura y eliminamos los paralelismos innecesarios.
  • O una Administración B con las dos fundaciones: Siglo y Villalar, destinadas a la Cultura y eliminamos la Consejería y el sistema público. (No hay más que leer las competencias de los tres organismos).
Ésta es la cuestión que hay que decidir, que nuestro Presidente no decide y nadie comenta.