viernes, 7 de abril de 2017

Sinvergüenza y por la puerta de atrás

De cómo en la Junta de Castilla y León se utiliza el poder que da la mayoría absoluta al PP para colocar, de por vida y en puestos bien pagados, a sus afines al PP y dóciles empleados públicos, mientras roba al resto de los empleados el derecho a promoción en nuestra carrera profesional cambiando los puestos LD por concurso específico.
Con ello se pone en juego la profesionalidad de los servidores públicos con el consiguiente deterioro del servicio público a los ciudadanos.
El Consejero de Presidencia, su Viceconsejera de Función Pública y los sindicalistas de la mesa general llaman a esto modernización de la Administración; en PLADEPU lo llamamos saqueo de derechos generales para domesticar silencios particulares.

La desfachatez de la Junta de Castilla y León no tiene límites. Pretende reformar aspectos claves del funcionamiento y regulación del personal funcionario y estatutario, de tapadillo y sin el preceptivo diálogo y consenso. La Junta de Castilla y León, mediante la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del año 2017 quiere poner patas arribas la Ley de Función Pública.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) consideramos que es un sinsentido agrupar en la misma ley, medidas tributarias y medidas administrativas ¿Por qué utilizar una ley de medidas para abordar las referidas modificaciones, que en nada afectan o complementan ni son precisas para la correcta aplicación de la Ley de presupuestos de la Comunidad del año 2017? ¿no será que tratan de evitar un debate fundamental, teniendo en cuenta el hondo calado de las transformaciones que se pretenden realizar?

PLADEPU analizamos a continuación el ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRESUPUESTOS DE 2017.


Capítulos I y II

El capítulo I se refiere a medidas tributarias. Estas vienen sirviendo de justificación para la aprobación de esta ley como complemento a la ley de presupuestos.

El capítulo II se refiere a medidas administrativas que, en este caso, tal como expresa la exposición de motivos, pretenden la adaptación de distintas disposiciones autonómicas a las leyes administrativas básicas (Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

El tiempo del que ha dispuesto la Administración autonómica para aprobar las modificaciones de tales disposiciones, ha sido un año y 5 meses. Tiempo suficiente que para nada justifica la modificación en un procedimiento conjunto al de la aprobación de la ley de presupuestos, que hurtará un debate necesario sobre las importantes modificaciones que se incluyen.


Disposiciones finales

Además de lo anterior, el proyecto de ley de medidas en sus disposiciones finales modifica un elevado número de normas. Entre ellas:
  1. Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Disposición final cuarta.
  2. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicios de Salud de Castilla y León. Disposición final séptima.
  3. Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. Disposición final novena.


Modificaciones que afectan a la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León

Las disposiciones transitorias primera y tercera están relacionadas con la Ley de Función Pública. Parece una regulación mediante ley de una situación, transitoria o no, más bien no, que se derivará de una actuación futura del poder ejecutivo, propia del poder legislativo. No se entiende, por lo tanto, que una disposición transitoria de una ley, cuyo ARTICULADO nada tiene que ver con la materia de función pública, regule como transitoria una situación que ni es transitoria, ni se produce con la aprobación de la ley.


El proyecto de Ley de Medidas modifica, entre otros, los siguientes artículos de la Ley 7/2005:

El artículo 23.- Catálogo de puestos tipo.
Entre las notas mínimas definitorias de cada puesto tipo no está incluido el nivel del puesto de trabajo.
El apartado 4 establece que “Estarán excluidos del catálogo de puestos tipo los puestos de trabajo que no hayan de servir de modelo para la creación de otros iguales”. Se crea así un nuevo modelo que deja fuera del instrumento más novedoso, el catálogo, los puestos que se consideren únicos, sin fijar criterio alguno, con rango de ley, que permita alejar de la previsible arbitrariedad la creación o el mantenimiento de puestos fuera del catálogo.

Esta modificación, incluida en una disposición final de una ley de medidas, está falta de la necesaria exposición de motivos que explique el modelo que se pretende implantar, pues parece lo suficientemente relevante para no hurtarlo del correspondiente debate parlamentario que, sin duda, no tendrá lugar si se tramita en la ley de medidas. A propósito de lo cual habría que remitirse a lo dicho arriba para el capítulo II, con el añadido de que las disposiciones finales de las leyes han de tener relación con la materia que la ley regula, cosa que ni remotamente ocurre en este caso.


El artículo 24, relaciones de puestos de trabajo.
En el párrafo segundo del punto 1 de este artículo se establece que excepcionalmente por razones debidamente motivadas y previa negociación con la representación sindical, podrán crearse puestos de trabajo que no respondan a un puesto tipo. Tenemos así:
  • Puestos que están excluidos del catálogo porque no han de servir de modelo para la creación de otros iguales (art. 23.4 Ley de Función Pública).
  • Puestos de trabajo preexistentes cuyo mantenimiento sea necesario y que no estén asociados a ningún puesto tipo que figurarán en un anexo al catálogo (disposición transitoria tercera del proyecto que se analiza).
  • Puestos en las relaciones de puestos de trabajo que excepcionalmente se podrán crear por razones debidamente motivadas y previa negociación con la representación sindical cuando no respondan a un puesto tipo (art. 24 1, párrafo segundo de la Ley de Función Pública).
Ante esas referencias cabe preguntarse si los puestos de los tres apartados anteriores son los mismos puestos o son distintos; cabe preguntarse si los puestos únicos que estarán fuera del catálogo son los que estarán en el anexo al catálogo y si, además, estarán en las relaciones de puestos de trabajo o no.
Cabe preguntarse, por último, si habrá puestos que no figuraran en la RPT, ni en el catálogo.

Este artículo tampoco incluye entre la información de las RPT, el nivel del puesto.

Respecto a los trámites para su aprobación, entre ellos no se contempla la intervención de las diferentes consejerías en ningún momento. Tampoco intervienen en la aprobación de los catálogos. ¿Cómo pueden conocer las consejerías de Hacienda y de Presidencia el detalle de las necesidades de personal de todas las consejerías, acaso tienen una bola de cristal?

Pero lo más sorprendente es que las RPT se pretenden notificar a los interesados (cuando sean conocidos y determinados). Además de esa costosa y laboriosa notificación, las RPT se publicarán en la Sede Electrónica y en el Portal del Gobierno Abierto. La Sede Electrónica es el medio por el que los ciudadanos pueden acceder a los servicios de la administración autonómica. No es el lugar más idóneo para publicar las RPT. Por ello, entenderemos que cuando se hace referencia a la Sede Electrónica y al Portal del Gobierno Abierto se está hablando de una misma cosa.

Por otro lado, se dice que dicha publicación será actualizada y SISTEMATIZADA. Eso significa que las RPT no se publicarán de forma completa. Esa sistematización, sin más precisión, puede significar que se publicará el número de puestos de cada Cuerpo que existen en la Junta o en cada Consejería con mayor o menos detalle, pero no las RPT tal como se elaboren y aprueben.
La previsión de notificar a cada funcionario el contenido de su puesto de trabajo y la publicación sistematizada de las RPTs puede vulnerar lo establecido en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice:
Artículo 45. Publicación. 1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.
En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente”.
Aunque se puede objetar que los funcionarios son una pluralidad determinada de personas, hay que señalar que la propia norma contempla la posibilidad de interesados no conocidos o indeterminados.

A eso ha de añadirse la obligación establecida en el art. 3 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León de publicar las relaciones de puestos de trabajo. La Administración debe publicar esa información completa, de modo que sea accesible y no debe realizar ninguna elaboración de la información que ha de publicar:
“Artículo 3. Información objeto de publicidad.
1. Los organismos y entidades que conforman el sector público autonómico a los que se refiere el artículo 2 1. a) a f) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y las asociaciones constituidas por ellos, además de la información que han de publicar en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, publicarán la siguiente:
a) Las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos.
b) Los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría profesional y del importe de sus retribuciones anuales, así como los contratos de alta dirección, en su caso, indicando el importe de sus retribuciones anuales y de las indemnizaciones previstas a la finalización del contrato.”


Los artículos 48 y 50, referidos a los concursos de traslados
En la redacción de estos artículos desaparece el término vacante y el plazo de 8 meses para resolver.
El apartado 9 del art. 50 regula una nueva forma de provisión de puestos de trabajo, el concurso especial, para puestos que requieren determinadas capacidades o aptitudes, sobre las que no se da pista alguna que permita distinguirlo del concurso específico. Los puestos que se proveen por este sistema, aunque requieren aptitudes especiales, están sujetos a convocatoria periódica, de modo que una nueva convocatoria de estos puestos, que, por este mismo sistema ya están provistos por el funcionario que los obtuvo en la convocatoria anterior, supone su desplazamiento.
Esta novedad en la provisión de unos puestos que no se sabe si son puestos directivos, que no se sabe si se obtiene con destino definitivo y, en consecuencia, permiten que el tiempo de desempeño pueda servir para consolidar el nivel, parece que merece no solo el correspondiente debate parlamentario, sino también una explicación en la exposición de motivos. Para ello, su tramitación ha de hacerse mediante una Ley distinta a la de Medidas.

De este modo, se regulan 4 formas distintas de provisión de puestos de trabajo: concurso, concurso específico, concurso especial y libre designación.


El artículo 65, grado personal. Y los artículos 66, 67 y 68.
Se modifica el art. 65 de modo que solo se refiere a que los funcionarios adquirirán un grado personal que se corresponderá con alguno de los 30 niveles en que se clasifican los puestos de trabajo. Los demás artículos se dejan sin efecto.
A partir de la aprobación de esta modificación, la determinación de los criterios para obtener el grado personal se fijarán por decreto de la Junta. Y hasta tanto se apruebe ese decreto, la disposición transitoria primera de la ley de medidas establece que se continuarán aplicando los artículos dejados sin efecto y la disposición transitoria primera de la ley 7/2015, de 30 de diciembre de medidas tributarias, referida a la obtención del grado. Lo que supone de facto que la modificación no tiene una fecha cierta de entrada en vigor, algo que cuando menos, genera inseguridad jurídica, pudiendo cuestionarse la validez jurídica de una disposición conforme a la cual la entrada en vigor de una norma depende de la aprobación de un decreto.

El artículo 104, materias que serán objeto de negociación.
En el apartado 1 de la redacción vigente es objeto de negociación:
“a) El incremento de retribuciones de los funcionarios que proceda incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León”. La modificación que se trata de aprobar modifica la negociación del incremento de las retribuciones por la aplicación del ese incremento. Es decir, que se pretende negociar la aplicación a las nóminas de un porcentaje, que el objeto de negociación será la realización de una operación matemática.”


Dejamos para otro articulo otras modificaciones de calado y no menos importante, como son la del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicios de Salud de Castilla y León (disposición final séptima que afecta a la Ley 2/2007, de 7 de marzo) y de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. (Disposición final novena que afecta a la Ley 8/2010, de 30 de agosto).

BurgosDigital ofrece un enfoque cercano y legible de esta noticia, aclarando las intenciones de la Junta en El PP de CyL esconde en sus presupuestos la destrucción de la Administración Pública.

sábado, 1 de abril de 2017

Rechazado el plan de fiscalización del Consejo de Cuentas

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León rechazó ayer el plan general de fiscalización del Consejo de Cuentas para 2017, al registrarse un empate en la votación entre el PP y los grupos de la oposición, con lo que será devuelto a este organismo para que elabore uno nuevo.

Una situación inédita para el PP, acostumbrado a limitar las operaciones del Consejo de Cuentas para que no fiscalice empresas públicas, fundaciones, concesiones e impedir esclarecimientos demandados por la oposición.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), como así trasladamos a PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e I.U., abogamos por reforzar el carácter técnico e independiente del Consejo de Cuentas, dotándolo de medios suficientes para que realice el control de las cuentas públicas con la necesaria inmediatez y habilitar legalmente la presentación por la sociedad civil organizada de propuestas de análisis y de investigación.

PLADEPU seguimos presionando para la eliminación de la politización actual, tanto de la Administración General de la Junta como del resto de la Administración Autonómica (Cortes, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Social y Procurador del Común) y de la Administración Institucional.

viernes, 17 de marzo de 2017

La Ley Mordaza de la Junta De Castilla y León queda ridiculizada con la Norma Del Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona saca los colores a la tan cacareada ley de Protección de denunciantes de la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Buzón Ético y de Buen Gobierno, para que se puedan denunciar anónimamente prácticas corruptas y lesivas para el buen gobierno de la ciudad. Al contrario que la Ley de Castilla y León, en el Ayuntamiento de Barcelona los funcionarios podrán realizar las denuncias de forma anónima.

No solo esto. Las denuncias en Barcelona serán investigadas por la Dirección de Análisis de la OTBP (un departamento independiente) formado por dos funcionarios de carrera escogidos por concurso público. Los paladines de la lucha contra la corrupción de Castilla y León, colocan para dirigir las investigaciones de las denuncias hechas por corrupción a una persona puesta a dedo por un Consejero de la Junta de Castilla y León. ¿Dónde está más garantizada la independencia de la investigación?

El buzón que ha creado el Ayuntamiento de Barcelona, permitirá a la ciudadanía y al personal municipal poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellas conductas que puedan resultar contrarias al derecho, principios éticos y de conducta, pudiendo el informador hacerlo de forma totalmente anónima y garantizando la indemnidad del mismo, no como la Ley de la Junta de Castilla y León, que no permite el anonimato.

Además, el informador del Ayuntamiento de Barcelona podrá conocer qué seguimiento se ha hecho de su solicitud para poder supervisarlo. Una vez presentada la denuncia, los usuarios obtienen un código de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial, lo que permite mantener una colaboración constante con el órgano gestor del buzón en la comprobación de los hechos y del estado de tramitación del caso. La Ley mordaza de Castilla y León no permite esta colaboración.

En el tramo final del proceso de investigación, el servicio del Ayuntamiento de Barcelona prevé dar respuestas, que pueden ir desde la formulación de recomendaciones hasta la tramitación de expedientes administrativos para "restaurar la legalidad alterada", sin descartar tomar medidas sancionadoras y disciplinarias. En el caso de que se presenten denuncias falsas de forma anónima, se procederá a archivar el caso. No contempla ni introduce sanciones a los funcionarios denunciantes. Al contrario de la Ley Mordaza que contempla medidas disciplinarias contra las falsas denuncias.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha denunciado la Ley Mordaza, que lo único que buscaba era acallar a los funcionarios. Y la norma del Ayuntamiento de Barcelona ha demostrado que se pueden hacer normas que luchen contra la corrupción de forma activa y protejan a los funcionarios denunciantes.

viernes, 25 de noviembre de 2016

Entra en vigor la La Ley Mordaza del Gobierno de Herrera

El grupo de Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León ha sido cómplice de la penúltima fechoría de las huestes de Juan Vicente Herrera contra los empleados públicos de Castilla y León

El grupo de las Cortes de Castilla y León de Ciudadanos ha pegado una puñalada trapera a los empleados públicos de la Administración Regional, al apoyar el engendro de Ley de desprotección de los empleados públicos que denuncien ilegalidades, alegalidades o chanchullos en la Administración de Castilla y León.

El pasado 9 de noviembre de 2016, las Cortes de Castilla y León aprobaron con los votos afirmativos del Partido Popular y de Ciudadanos la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Ley que se publicó en el BOCYL el 21 de noviembre. Es decir, el grupo político de Ciudadanos ha sido cómplice de esta fechoría contra los empleados públicos de esta región.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que fuimos la organización que promovió y solicitó la aprobación de una Ley sobre esta materia, hemos manifestado e instado a todos los partidos de la oposición a trabajar en un nuevo texto. Nos sentimos engañados y estafados con el texto legal aprobado.

¿Cómo Ciudadanos puede votar sí a una Ley que determina que las denuncias de los empleados públicos sean tramitadas por un órgano cuyo Jefe es un puesto de confianza del Consejero de Presidencia? Porque lo que no parece entender el grupo parlamentario de Ciudadanos, es que al responsable de la Inspección General de Servicios lo nombra a dedo el Consejero de Presidencia, y lo cesa cuando le da la gana al Consejero, con solo alegar que ha perdido la confianza en él. Pero es más, en la Inspección General de Servicios hay 12 puestos de trabajo para Técnicos Superiores. De estos 12 puestos, 4 se cubren mediante libre designación, es decir, a dedo. Y los otros 8 se cubren mediante concurso específico. Y todos sabemos que en esta Administración los concursos específicos tienen nombres y apellidos antes de que estos se resuelvan. Por tanto, ¿cómo Ciudadanos puede pensar que un empleado público en su sano juicio va a presentar una denuncia ante un Órgano totalmente politizado, donde los miembros que van a investigar sus denuncias son nombrados a dedo o mediante concursos específicos...? ¿Por qué no hay ni una sola plaza de Técnico superior que se cubra mediante concurso ordinario? Este es el criterio que tiene Ciudadanos de un Órgano independiente.

Pero para rematar la faena a los empleados públicos, esta Ley recalca, amenaza y advierte a los que osen presentar una denuncia, que deben tener todo atado y bien atado, porque si su denuncia no prospera se exponen a un expediente disciplinario por falta grave. Desde PLADEPU echamos en falta el mismo ímpetu en esta Ley contra aquellos que se dediquen a perseguir a los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge una sanción contra aquellos mandos que se dediquen a acosar a los denunciantes?

Resulta paradójico que una Ley que se jacta de amparar a los empleados públicos que denuncien irregularidades, en su texto solo contenga sanciones contra los denunciantes, y no incluya penalizaciones contra los Directivos que persigan a los denunciantes.

Y así lo hemos trasladado a los medios de comunicación como el diario El Mundo (21/11/2016) y la Cadena Ser (minuto 7:40):

viernes, 4 de noviembre de 2016

SOMACYL, empresa privada con piel de pública

Irregularidades en proceso selectivo

Son numerosas las denuncias que desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) llevamos haciendo de la empresa pública SOMACYL. Empresa garrapata de la administración "B" paralela de la que destapamos su vinculación con una trama empresarial, por donde se malgasta dinero en ensayos fuera de los laboratorios de la Junta de Castilla y León, famosa por ser la promotora de la pasarela de Benavente, y que en resumen, se puede considerar como la antítesis de lo que deber ser una Administración Pública.

Damos noticia ahora del proceso selectivo que el SOMACYL inició en julio de 2016 para contratar dos técnicos (Gestión Piscícola y Piscicultura), publicitado en su página web.

El procedimiento de selección de candidatos ha sido irregular y muy poco transparente, incumpliendo la propia normativa interna de contratación de la entidad y otras normativas supra-autonómicas sobre contratación en el sector público. En concreto, se han producido al menos las siguientes irregularidades:
  • Incumplimiento de plazos. La recepción oficial de solicitudes para cubrir estos dos contratos finalizó el 29 de julio, tras ampliarse el primer plazo estipulado por defectos de procedimiento. Según la propia normativa interna, en estos procesos selectivos, se escogerían entre los solicitantes cinco candidatos/as para realizar una entrevista personal en el plazo de diez días, sin embargo, el personal del SOMACYL encargado de hacer esas entrevistas no se pone en contacto con los/as candidatos/as preseleccionados hasta pasado más de un mes. ¿Será que el mes de agosto no existe?
  • No se han respetado los procedimientos que han de seguir las contrataciones en el sector público. SOMACYL es una Entidad de CARÁCTER PÚBLICO; tal y como lo expresa la Ley 12/2006, en la que se crea esta Sociedad, y el acuerdo 162-2006, en el que se detallan sus estatutos. Por lo tanto, en los procesos de selección de personal deben respetarse los principios reflejados en la Ley de Contratos del Sector Público: publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
  • Arbitrariedad total en la selección del personal. No se ha seguido el procedimiento de contratación que el propio SOMACYL tiene. De acuerdo a la normativa que publica SOMACYL en el punto 7 de su Ley de Transparencia, deberían haberse hecho públicos los criterios, baremos, méritos, etc. que regirán en el proceso selectivo, cosa que no se hizo. El procedimiento queda así viciado de arbitrariedad, pudiéndose dar el caso de seleccionar un/a candidato/a por criterios de afinidad política, de parentesco, de estética, etc. También debió existir una mesa de contratación ad-hoc, públicamente prefijada, que no fue constituida.
  • Indefensión administrativa. No se hace pública la decisión de la selección de los/as dos candidatos/as ni por comunicación oficial, con acuse de recibo, ni por publicidad en los medios oficiales públicos del SOMACYL. Debiera haber sido debidamente comunicada la desestimación de los candidatos/as preseleccionados/as y no elegidos/as, junto con la decisión de los candidatos/as elegidos, y el procedimiento de posibles alegaciones a la decisión, plazos, instancias a las que dirigir el recurso, etc. Por lo tanto se ha privado a los/as candidatos/as no seleccionados de su derecho a presentar alegaciones al órgano competente correspondiente, o del derecho a solicitar una baremación externa por parte de otro comité de evaluación. Este hecho sería ya suficiente como para impugnar e invalidar este procedimiento selectivo. Abundando en este argumento, está el hecho de que se formalizaron los contratos sin existir ningún tipo de comunicación oficial.
En resumen, con independencia de la valía o competencia de los/as candidatos/as elegidos, el proceso seguido ha sido como si estas contrataciones se hubiesen realizado en la empresa o sector privado.

viernes, 21 de octubre de 2016

¡NO a La Ley Mordaza del Gobierno de Herrera!

PLADEPU llamamos a todos los partidos políticos de la oposición a votar NO a esta ley de "protección" del empleado público denunciante

El acoso y derribo que desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera se está llevando a cabo contra la independencia de los empleados públicos es público y notorio, y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) jamás se cansará de denunciarlo. La no convocatoria anual de los concursos de traslados, el escandaloso número de puestos de trabajo de libre designación, los concursos específicos, las incontables comisiones de servicio, la atribución temporal de funciones para contentar a estómagos agradecidos o callar voces, o el aumento indecente de la Administración B, son una suficiente muestra del ataque diario que el Gobierno de Juan Vicente Herrera perpetra contra la independencia y buen funcionamiento de esta Administración Regional.

Pero en un ejercicio de cinismo político sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario.

Este Proyecto de Ley de garantías para los empleados públicos informantes determina que será la Inspección General de Servicios el Órgano que tramitará las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Como un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de un Consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo por este Consejero, puede encargarse de las denuncias de corrupción contra ese Consejero u otros Consejeros de la Junta de Castilla y León. ¿Qué garantías son estas para el denunciante? Recordamos que estos días, un exconsejero de la Junta de Castilla y León está sentando en el banquillo de la Gürtel acusado de cobrar mordidas en contratos públicos.

¿Qué sentido tiene aprobar una Ley de tres artículos, donde un artículo recoge el contenido de un decreto ya existente?. Porque el Decreto 13/2009 de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 3, establece que una de las competencias de la Inspección General de Servicios es “Vigilar y comprobar que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecuan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en cada caso”. Esto demuestra que la futura Ley no pretende perseguir la corrupción y proteger a los denunciantes, sino todo lo contrario.

¿Por qué la nueva Ley exige que las denuncias lleven el nombre y apellidos de los denunciantes, pero no contempla ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para estos? (Muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias). El hecho recogido en el Proyecto de Ley de que las garantías contra los denunciantes terminan el día que se sustancien las actuaciones es otra broma de mal gusto de esta Ley. Tampoco la Ley ampara a los familiares de los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge un seguimiento en el tiempo de la situación laboral del denunciante y de sus familiares? ¿Por qué la nueva Ley recoge sanciones para los denunciantes y no para las personas que persigan a los denunciantes, o revelen las denuncias o información comprometida a los denunciados?

Desde que se publicó el primer texto del anteproyecto inicial, PLADEPU nos hemos reunido con los partidos de la oposición para aclarar las cuestiones que deberían incluirse y excluirse durante la tramitación del proyecto. Sin embargo, en vez de promover una ley garantista para el empleado público denunciante, el análisis del texto definitivo nos hace concluir que esta ley va a empeorar la situación actual, y MANIFESTAMOS:

"El Proyecto de Ley de garantías a los informantes denunciantes se ha tramitado con el rechazo frontal de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) por considerar que eliminará los pocos recursos que teníamos los empleados públicos a la hora de denunciar malgasto de recursos o bienes públicos.

PLADEPU expresa su total oposición a esta ley por considerarla una "segunda ley mordaza" aplicada al personal de la Administración de la Junta de CyL. Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas.

PLADEPU ha sido pionera a nivel de todo el estado en promover un sistema de protección al empleado publico denunciante. Uno que haga realmente efectivo su derecho (y deber) de denunciar irregularidades.
"

En la anterior votación del 10 de octubre, tan solo Izquierda Unida se posicionó en contra de esta ley, que continuó su tramitación con los votos a favor del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas representadas en las Cortes de CyL.

De cara a la votación decisoria que se va a efectuar el próximo miércoles 26 de octubre en las Cortes de Castilla y León de la Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, INSTAMOS a todos los partidos de la oposición a votar NO. La única opción frente a este engendro de ley es tirarla abajo y comenzar un nuevo texto de cero, puesto que de aprobarse esto, se amordazará definitivamente a los trabajadores/as de la administración. Y así lo trasladamos mediante rueda de prensa:


miércoles, 31 de agosto de 2016

Personal de ADE asumirá puestos de licenciado sin título ni oposiciones.

ADE SIGUE COLANDO A GENTE EN LA ADMINISTRACIÓN ¡¡¡¡YA BASTA!!!!

El nuevo convenio del personal laboral de Valladolid de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado sábado 13 de agosto, permitirá a empleados sin titulación universitaria y sin grado medio equipararse a otros empleados públicos que sí disponen de dichas titulaciones y que además han llegado a su plaza por oposición.

La Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende el ente 100% público, consigue finalmente con este paso dar legalidad a que determinados trabajadores privados sin titulación académica -que procedían de una sociedad anónima- sean asimilados a laborales de grupo 1 y grupo 2 sin haber aprobado oposición. Además de asumir con dinero público la deuda de esa sociedad anónima, que asciende a 400 millones de €. Estos trabajadores procedían de ADE Financiación, EXCAL y ADE Parques.

Ésta es una nueva vuelta de tuerca en el total descaro del ADE y sus chantajes para meter con calzador en la Administración General a personal de la administración "B" paralela que no ha superado ningún proceso selectivo de los exigidos en Función Pública para el personal funcionario o laboral. Y no va a quedar sin respuesta por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), como las anteriores denuncias sobre el ADE recopiladas en www.pladepu.org: Subidas de sueldo en el ADE a cambio de "tragar con los enchufados", Continúan las bufandas en la administración paralela, Concesión arbitraria de gratificaciones y días de vacaciones en la administración paralela, Homologación sin oposición a personal privado procedente de ADE Financiación, EXCAL y ADE Parques, etc.

Según la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, en el articulo 41 menciona que el personal de la plantilla debe respetar los principios de acceso a la Función Pública.

En el tercer párrafo del Convenio se explica que todos los procesos de subrogación e integración de varias entidades de distinta naturaleza jurídica en el ADE, han supuesto una “sucesión de empresa conforme a lo previsto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en su apartado 4 dispone que "las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".”.

Parece que los intentos por llevar a cabo una transición de los diversos regímenes jurídicos del personal subrogado dentro de la nueva entidad, se han estado negociando desde el 2013 o antes, y el objetivo final aprobado por los sindicatos CC.OO. y CSI-F representados, es una posible integración dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. En el párrafo quinto del convenio así se expresa: “Sin renunciar en el futuro a dicho objetivo, subsidiariamente, y de manera mayoritaria, han expuesto su voluntad de adherirse al "Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta" actualmente vigente, al amparo de lo previsto en el artículo 92.1 de la Ley del Estatuto de los trabajadores”.

Como legalmente no se pueden adherir a dicho convenio, aprueban uno similar, “los representantes unitarios de los trabajadores y la Dirección de la ADE convienen en suscribir el presente Convenio Colectivo, tomando como texto de referencia las condiciones laborales convenidas para el personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León”.

Y aquí viene en el artículo 5, apartado 2 del mismo, lo más vergonzante: “Para los trabajadores que vinieran rigiéndose por el "Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Valladolid" se aplicarán unas equivalencias, atendiendo a la clasificación profesional que ostentaba el trabajador según dicho Convenio:”.

Situación de partida Situación prevista
Nivel I Titulado Superior Titulado Superior
Nivel I Titulado Superior Asimilado a Titulado Superior, si carece del correspondiente título académico superio
Nivel II Titulado Medio Titulado de Grado Medio
Nivel II Titulado Medio Asimilado a Titulado de Grado Medio, si carece del correspondiente título académico de grado medio
Nivel IV Jefe de Segunda Titulado de Grado Medio
Nivel IV Jefe de Segunda Asimilado a Titulado de Grado Medio, si carece del correspondiente título académico de grado medio
Nivel V Oficial administrativo Administrativo
Nivel VI Oficial de segunda administrativo Administrativo
Nivel VII Oficial de primera de oficios varios Oficial 1ª Conductor
Nivel XI Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo

Es decir, tanto para el Nivel I “Titulado Superior”, como Nivel II “Titulado Medio” o Nivel IV “Jefe de Segunda”, serán asimilados a Titulado Superior en el primer caso, y a Titulado de Grado Medio en los otros dos, incluso si carecen del correspondiente título académico.

De momento Función Pública no se ha manifestado, su silencio es cómplice de los representantes de CC.OO y CSI-F que nos han puesto a los pies de los caballos al personal de la Junta de CyL (tanto funcionario como laboral o estatutario) quienes hemos aprobado unas oposiciones o exámenes garantes de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Una vez mas se ríen de nosotr@s, y se puede llegar a dar la circunstancia de que este personal colado por la puerta de atrás podría ser nuestro futuro jefe u ocupar plazas de concurso en igualdad de condiciones con personal que sí ha superado unas pruebas y ha demostrado su independencia del poder político. Los representantes de UGT, el otro sindicado con representación en el comité de empresa, se oponen a este convenio.

Firmas del documento original
Firman el convenio: Jose Mª Ribot (ADE), Raquel Lorenzo (CCOO), Alfonso Fernández (CCOO), Mercedes Vicente (CCOO), Jorge Juan Sáiz (CSIF), Victoria Conde (CSIF) y Argimiro Noriega (UGT).

Noticias de El Norte de Castilla: Personal de ADE asumirá puestos de licenciado sin título ni oposiciones, El convenio laboral de ADE llegará a las Cortes y Empleados de ADE impugnan el convenio que equipara personal a dedo sin titulación universitaria.