domingo, 12 de abril de 2020

Por una sanidad y una industria sanitaria públicas

Si algo estamos aprendiendo de esta crisis del Covid-19 es que los recortes matan. Lamentablemente estamos pagando los recortes en sanidad con muchas muertes que se podrían haber evitado. A base de lágrimas vemos cómo debemos defender la sanidad pública y no permitir que se desmantele ni una sola cama en hospitales públicos ni ningún puesto profesional. Ya que solo en Madrid se han perdido 2.100 camas.

Sí, tantos años de desmantelar lo público para ponerlo al servicio de empresas está costando vidas, demasiadas vidas, y todo por falta de personal, de medios materiales, equipos de protección o diagnóstico entre otros.

Y para no caer en trampas, hay que fijarse en el gasto sanitario público por habitante. No debemos dejarnos engañar por el baile de cifras: cuando algunos partidos políticos venden que se ha aumentado el gasto en sanidad sin especificar, se refieren al aumento NO en sanidad pública sino en clínicas privadas o en gestión privada de hospitales, lo que supone sobrecostes del 25%.

A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves como es el coronavirus, de triste actualidad.

Así por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid vemos que gastó 921 millones de euros en conciertos con la sanidad privada y solo 32 millones en la pública en el año 2016, reduciéndose la inversión en el mantenimiento de centros públicos en un 77 % lo que provoca que estén “cayéndose a pedazos”.

O sin ir mas lejos, en Castilla y León el nuevo hospital de Burgos supuso un sobrecoste de casi 700 millones de euros sobre el proyecto inicial, una salvajada de la que casualmente participan algunas empresas amigas del PP por estas tierras. PLADEPU hemos colaborado en la recogida de firmas para recuperar el Hospital Universitario de Burgos (de gestión y titularidad privada) para el Sistema Público de Salud y denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada.

La sociedad tiene que hacerse consciente de este desprecio por la salud de las personas de quienes únicamente buscan enriquecerse y hacer negocio con lo que sea. Pero no, la salud no puede ser un negocio y ahora es el momento de defender lo público.

Lo mismo ocurre con externalizar servicios básicos como la producción de mascarillas, respiradores o equipos de protección individual (EPIs) específicos. Según datos de CAS Madrid, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, Alemania es el mayor fabricante europeo de respiradores y ha prohibido su exportación así como de otro tipo de material médico. El cuanto a los equipos de protección, hay muchas quejas de quienes en primera línea se están jugando la vida para salvar otras. No tiene ningún sentido desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reutilizarlos después de una limpieza y esterilización pero no es posible hacerlo, ya que en la mayoría de los hospitales, los servicios de lavandería y esterilización también han “sido externalizados”, por lo que no asumen dicha tarea. Aquí también se podría ahorrar dinero y garantizar la seguridad de quienes nos cuidan.

O en el caso de los test diagnósticos, absolutamente imprescindibles para evitar colapsar las urgencias y UCIs, ya que la prevención junto al tratamiento, salvan vidas. Otros países nos demuestran que los test son básicos si se quieren parar los contagios. ¿Por qué han tardado mas de dos meses desde el inicio “oficial” de la pandemia en empezar a distribuirse y aún faltan? Pues por falta de abastecimiento.

Igual está pasando con la hidroxicloroquina: parece que funciona en algunos casos de Covid-19 y las existencias en los hospitales españoles están prácticamente a cero, así como es escasa la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional ya que India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula. De forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español ni tampoco para conseguirla fuera. Con éste y otros ejemplos, se hace necesaria la creación de un sistema de farmacia público como sector estratégico, para hacer frente a emergencias y a los chantajes de las multinacionales. Todas estas denuncias de CAS están aquí.

En este mundo globalizado para bien o para mal (más bien esto último), la privatización de la salud en las altas esferas nos afecta a esta pequeña escala de nuestro país, ciudad o pueblo. Nos han usurpado las instituciones públicas a todo nivel para ponerlas al servicio del capital y los mercados, como se puede leer en este articulo donde el ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, el señor German Velásquez explica que la OMS está secuestrada por los intereses privados de la Big Farma, industrias farmacéuticas y multinacionales disfrazadas de Fundaciones.

¿Quizás es una locura dejar en manos de corporaciones las medidas que se deben tomar en una crisis mundial tachada de pandemia, esto no es mejor que se haga en una institución genuinamente pública?

Ojalá cuando salgamos de este desastre, la sociedad tome nota de la importancia de unos servicios sanitarios públicos por ser un derecho fundamental y no permita que ese derecho nos sea robado nunca más.

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