Incompatibilidades en cargo público

PLADEPU DENUNCIA INDICIOS GRAVES DE CORRUPCIÓN EN UN ALTO CARGO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EXIGE SU CESE INMEDIATO

la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denuncia públicamente una situación extremadamente grave que afecta a José Manuel Jiménez Blázquez, alto cargo de la Junta de Castilla y León, cuya acumulación de cargos presentan claros indicios de corrupción institucional, abuso de poder y quiebra absoluta de la ética pública.

El Sr. Jiménez Blázquez ostenta simultáneamente los siguientes cargos:

• Desde diciembre de 2011, Consejero Delegado de la sociedad pública SOMACYL cargo ejecutivo con funciones de gestión directa.
• Desde noviembre de 2020, Administrador Solidario de la empresa privada CÁRNICAS BARCENSES, S.A., cargo aún vigente según el Registro Mercantil dado que no consta asiento de cancelación.
• Desde mayo de 2022, Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, sometido a régimen de dedicación exclusiva y prohibición absoluta de ejercer actividad profesional o mercantil (arts. 6 y 7 de la Ley 3/2016, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León).

Esta triple condición no es una irregularidad menor ni un descuido administrativo: es una situación incompatible con cualquier estándar democrático de integridad, expresamente prohibida por la ley y absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. El conflicto de intereses es manifiesto pues es administrador de una empresa con actividad mercantil que a su vez puede ser beneficiada por las decisiones tomadas en los otros cargos, lo cual está expresamente prohibido por el art. 8 de la Ley 3/2016.

El artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, lo deja claro: «No podrán contratar con el sector público quienes se encuentren incursos en conflicto de intereses con la Administración contratante.» La compatibilidad con empresas privadas del mismo o similar ámbito (infraestructuras, medio ambiente, actividad forestal o cárnica) plantea un riesgo claro de ilegalidad, conflicto de intereses e incluso de nulidad de actuaciones administrativas. Sin embargo el Sr. Jiménez Blázquez como cargo directivo tanto en la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) como en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha participado responsablemente en una cantidad importante de contratos en el sector público.

La normativa sobre incompatibilidades existe precisamente para evitar que los responsables públicos utilicen su posición para favorecer empresas privadas, facilitar financiación, obtener subvenciones, influir en autorizaciones administrativas o condicionar decisiones regulatorias. En este caso, la simultánea condición del Sr. iménez Blázquez como Director General y Consejero Delegado de SOMACYL implica acceso privilegiado a información, capacidad de decisión en materias económicas y relacionales con la Administración, mientras que Cárnicas Barcenses es una sociedad cuya actividad puede depender de autorizaciones, subvenciones o contratos públicos. Esta doble condición quiebra los principios de imparcialidad, integridad y objetividad, genera un conflicto estructural no subsanable y vulnera la prohibición de participar en órganos de sociedades privadas cuya actividad puede verse potencialmente influenciada por decisiones del mismo ámbito público que dirige.

Jiménez Blázquez se ha visto envuelto a lo largo de su trayectoria en varios asuntos turbios de esta Comunidad (la pasarela de Benavente, la trama eólica, la perla negra, el polígono de Portillo, Meseta Ski...) de los que finalmente ha salido indemne. Y en sus inicios como Director en SOMACYL, el propio Consejo de Cuentas informó del incumplimiento de esta empresa pública en los procedimientos de contratación en los ejercicios 2010 y 2011.

PLADEPU considera que mantener deliberadamente esta situación en un alto cargo puede explicarse desde la voluntad consciente de conservar poder, control y capacidad de influencia en beneficio propio o de intereses privados vinculados al alto cargo.

No estamos ante una mera apariencia de conflicto de intereses, sino ante una estructura de poder concentrado que permite al mismo responsable público decidir, influir, ejecutar y beneficiarse, directa o indirectamente, de las políticas y resoluciones que emanan de la Administración autonómica. Esta forma de actuar encaja con los patrones clásicos de corrupción institucional, donde lo público se instrumentaliza al servicio de intereses privados.

PLADEPU subraya que no es necesario acreditar un acto concreto para hablar de corrupción política: basta con constatar la utilización del cargo público para situarse en una posición de ventaja, la resistencia a cumplir la ley y la confusión deliberada entre lo público y lo privado. La permanencia del Sr. Jiménez Blázquez en estos cargos supone una afrenta a la ciudadanía, a los funcionarios que cumplen la ley y a los principios más básicos de transparencia y buen gobierno, enturbiando nuestra reputación y dignidad como trabajadores honorables de la administración autonómica.

Por todo ello, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exige al Presidente de la Junta de Castilla y León, a la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y al Consejo de Administración de SOMACYL:

• El cese inmediato del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez como Consejero Delegado de la sociedad pública SOMACYL y como Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental
• Veto pleno y absoluto a que el Sr. José Manuel Jiménez Blázquez no vuelva a figurar en ninguna lista, cargo o posición de responsabilidad pública en el futuro organigrama de la Junta de Castilla y León
• La apertura urgente de investigaciones administrativas y de control para esclarecer si la actuación del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez ha podido derivar en beneficios indebidos, financiación irregular o resoluciones arbitrarias, incoando el oportuno expediente de comprobación de incompatibilidades a la Inspección General de Servicios.
• La depuración de responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, de cualquier otra naturaleza del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez.

Castilla y León no puede permitirse funcionarios que actúen como señores del poder público, creyéndose por encima del bien y del mal, acumulando funciones, ignorando la ley y degradando las instituciones.

Noticias de elDiario.es: Un director general de la Junta de Castilla y León administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad y La empresa “inactiva” del alto cargo de la Junta de Castilla y León tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022.

Derechos de mentira

El papel lo aguanta todo. Las leyes dicen una cosa, la realidad dice otra.

Desde el año 1994, los ciudadanos de Castilla y León tenemos por Ley una figura que actúa para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan: el Procurador del Común.

Y desde el año 2016, por Ley los ciudadanos de Castilla y León contamos con el Comisionado de la Transparencia, que entre sus funciones se encuentra la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Sector Público Institucional de Castilla y León.

Procurador del Común

Las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes para la Administración. Es decir, el Procurador del Común puede decir que incumplo la Ley. Y yo puedo seguir incumpliendo la Ley porque no tengo obligación de hacer caso al Procurador del Común. Hecha la Ley, hecha la trampa.

De las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio, el Procurador del Común investiga y resuelve sendos expedientes. Pero los expedientes publicados en la institución no muestran el plazo desde que una queja es admitida hasta que finalmente es resuelta. Por eso PLADEPU hemos analizado los  informes estadísticos anuales más recientes para obtener una aproximación de este plazo:

• Resoluciones* dictadas en el año 2020 provenientes de:
  • 350 quejas iniciadas en 2019 (48%)
  • 372 quejas iniciadas en 2020 (52%)

• Resoluciones* dictadas en el año 2021 provenientes de:
  • 69 quejas iniciada en 2019: (9%)
  • 319 quejas iniciada en 2020: (41%)
  • 384 quejas iniciadas en 2021: (50%)

• Resoluciones* dictadas en el año 2022 provenientes de:
  • 3 quejas iniciada en 2019: (<1%)
  • 55 quejas iniciada en 2020: (7%)
  • 411 quejas iniciadas en 2021: (53%)
  • 307 quejas iniciadas en 2022: (40%)
  * Correspondientes sólo de las resoluciones publicadas a texto completo en la página web de la Institución del Procurador del Común

De estos datos podemos intuir que, de media, las quejas tardan más de medio año en resolverse, y lo que es peor, las cifras de los últimos años nos dice que la tendencia es que estos plazos están en aumento.

Con el ánimo de agilizar las comunicaciones el Procurador del Común y las distintas administraciones, la institución creó un Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, bien por no remitir a tiempo a cuestiones planteadas por el Procurador del Común durante la investigación de un caso, o bien por no dar contestación a las advertencias, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Procurador del Común en sus resoluciones. Esta “lista negra”, cuyos integrantes son en su mayoría Ayuntamientos, no parece ser una medida suficiente.

Comisionado de la Transparencia

Las resoluciones del Comisionado de la Transparencia son vinculantes para la Administración. Pero no hay un régimen sancionador para el que lo incumpla. Es decir, el Comisionado de la Transparencia puede decir que debo facilitar un documento. No lo hago. Y como no hay un régimen sancionador, no me pasa nada. Hecha la Ley, hecha la trampa.

El grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes de esta institución se recoge en la memoria de 2022, con una tendencia no favorable:

En consecuencia, los ciudadanos tenemos algo pero con frecuencia nos vemos obligados a buscar justicia o transparencia debemos en los juzgados, porque la labor del Procurador del Común y del Comisionado de la Transparencia se queda en papel mojado.

Pero todavía hay más. El ciudadano de a pie puede pensar que en el año 2016 cuando se creó el Comisionado de la Transparencia, se dotaba a esta institución de nuevos medios personales. Pues no fue así. Lo que se hizo fue detraer los medios personales del Procurador del Común. Es decir, parte de los funcionarios que trabajaban en el Procurador del Común pasaron a trabajar en el Comisionado de la Transparencia. Doble trabajo con la misma gente. Resultado. Que el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia incumplen los plazos legales establecidos para resolver sus expedientes.


Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos el mal funcionamiento de estas dos instituciones creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Demandamos una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el propio organismo. Exigimos un régimen sancionador para los que incumplan las Resoluciones del Comisionado de la Transparencia. Y solicitamos más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia.

De la brecha digital a la exclusión social

La tecnología avanza y las administraciones públicas deben facilitar a la ciudadanía la realización de trámites a través de Internet. No hay duda de los beneficios de la digitalización de los procesos administrativos que permiten operar por Internet con la administración las 24 horas. Pero estas ventajas se desmoronan en cuanto una facilidad para algunos se convierte en una dificultad para otros.

Porque una digitalización administrativa mal llevada y sin un acompañamiento adecuado es factor de exclusión social. Como sucede por ejemplo con la forma que impone ahora la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para otorgar las licencias de caza y pesca.

La propia Junta de Castilla y León establece que las personas físicas pueden elegir medios electrónicos o no en el ejercicio de sus derechos y obligaciones con la Administración, salvo para determinados procedimientos en los que se razone una imperatividad concreta. La solicitud o renovación de una licencia de caza o pesca no conlleva unos cálculos dinámicos ni formularios complejos que justifiquen la obligatoriedad de tener que presentarse exclusivamente de forma telemática.

Esto no solo supone el cabreo de los administrados que siguen acudiendo a las oficinas, sino también el agobio de los funcionarios de los Servicios Territoriales que hasta hace poco tardaban unos instantes en tramitar las licencias, y ahora explican de buena fe a cada particular cómo debe hacerlo desde su móvil.

En este sentido, adjuntamos modelo de reclamación para rellenar y registrar en la Junta de Castilla y León de cara a que la atención para obtener las licencias de caza/pesca siga siendo presencial, extrapolable a cualquier otro trámite administrativo similar.

Campaña para recurrir concurso estabilización laborales JCYL

La Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad que pretende hacer fijos a interinos de larga duración, en su mayoría solo por concurso de méritos y sin exámenes, va a dejar al personal laboral fijo casi sin opciones en futuros concursos de traslados, pues los los interinos regularizados podrán además concursar con toda su antigüedad. Los opositores verán también muy limitadas sus opciones porque menguarán las plazas vacantes a convocar en las Ofertas de Empleo Público.

🚦 Se está gestionando recurrir el concurso estabilización de personal laboral (Grupos I, II, III, IV y V) de la Junta de Castilla y León, en coordinación con la Asociación Defensa Turno Libre y mediante el despacho Administrativando Abogados.

Se abre por tanto la posibilidad de recurrir un proceso de estabilización concreto para el personal laboral, si bien comparte con funcioarios no docentes la resolución con los criterios de baremación y la misma Oferta de Empleo Público por Acuerdo 131/2021.

➡️ Los interesados podéis escribir a pladepu@gmail.com solicitando la información, donde recibiréis un correo electrónico con los plazos limitados de que disponemos, la aportación económica por cada colaborador ya prefijada y bastante razonable, y cómo participar de manera colectiva.

El momento es ahora y el éxito de esta iniciativa pasa por la acogida que tenga entre los directamente afectados.

El acuerdo de la inmundicia

Cuando parecía que era imposible que la Junta de Castilla empeorará las cosas, ha conseguido el más difícil todavía, denigrar la Función Pública hasta límites insospechados. Esta vez los mamporreros de turno han sido CSIF, UGT y TISCyL.

El pasado 20 de octubre de 2022, el BOCYL publicaba resolución con el Acuerdo de la mesa general de negociación relativo a las bases generales que regirán los procesos selectivos de estabilización aprobados por Acuerdo 131/2021 y derivados de la Ley 20/2021 en la Junta de Castilla y León. Este Acuerdo de la mesa general de negociación es una inmundicia que vulnera los derechos constitucionales de los españoles, denigra a la función pública y pervierte gravemente los servicios públicos de esta Comunidad.

¿Qué dice este Acuerdo en las plazas de estabilización donde sólo haya fase de concurso?

Por ejemplo, que para los méritos profesionales, que valen 85 de 100 puntos, solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública? ¿Por qué no se valoran los méritos en una empresa privada? ¿Por qué no se valoran los méritos como funcionario de carrera? ¿Qué cachondeo es este?

Y lo que es más grave, este Acuerdo supone un escupitajo en la cara a todos los funcionarios de carrera de la Junta de Castilla y León. Os ponemos un ejemplo. Un funcionario C2 de la Junta de Castilla y León que es diplomado, y que se sacó su plaza hace 15 años a pelo, sin ser nunca interino. Para acceder a un puesto A2, debe aprobar dos oposiciones de promoción interna,… el siglo que las convoquen. Pues con este Acuerdo, a este funcionario se le impide optar a las plazas de estabilización A2 que se saquen. Y dentro de 2 años, habrá un funcionario A2 sin haber aprobado un solo examen de oposición, mientras que otros funcionarios deberán aprobar 3 procesos selectivos para ser A2 (salvo que la apruebe en libre). ¿Tiene alguna lógica esto? No entendemos como a estas alturas de la película, CSIF, UGT y TISCyL tienen en Castilla y León algún afiliado que sea funcionario de carrera.

Pero para las plazas de estabilización de concurso-oposición, este Acuerdo sigue siendo igual de vergonzoso.

La fase de oposición constará únicamente de un examen tipo test. No será obligatorio aprobar el examen. Se deberá sacar una nota superior a la mitad de la media de las diez mejores notas del examen para pasar a la fase de concurso. Las preguntas tipo test solo tendrán 3 respuestas. Y las que se contesten mal, solo restarán 1/9. Y por supuesto, la fase de concurso valdrá el 40% y solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública?

Llama la atención que para el concurso el haber sido buen opositor y haber aprobado exámenes previos en los últimos 10 años, se valora como máximo con 5 paupérrimos puntos sobre 100.

Si la Ley 20/2021 era una bazofia, el Acuerdo que la Junta de Castilla y León ha rubricado con los profesionales de la firma es un insulto para los funcionarios de carrera y personal laboral de esta región. Y pone de manifiesto la inconstitucionalidad que subyace en el fondo la Ley 20/2021 del gobierno central, redactada de forma perversa para que los procesos selectivos que son en teoría de “libre acceso”, en el fondo vayan encaminados a regalar la plaza al personal temporal por el mero hecho haber trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años establecido el Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Junta de Castilla y León deben salir antes de final de año todas las convocatorias de concurso y de concurso-oposición de las plazas de laborales y funcionarios no docentes, con los criterios de baremación del Acuerdo analizado, y que destina 2.636 plazas “regalo” a la estabilización del personal temporal. A las que hay que sumar otras 1.324 plazas de funcionarios docentes y 5.840 plazas de personal estatutario.

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Con el objetivo de emprender recurso judicial específico a convocatoria de la Junta de Castilla y León, la Asociación Defensa Turno Libre ha abierto campaña de captación de nuevos socios y aportaciones en Castilla y León. La explicación y encuesta de participación está en el grupo Telegram CYL-Defensa Turno Libre.

Se necesita alcanzar con antelación la provisión de fondos necesaria que permita abrir recurso judicial en nuestra Comunidad, y que se sume a los ya abiertos por la Asociación DTL en otros territorios. El lamento no llega a los tribunales, ¡PARTICIPA!

Nace la Asociación Defensa Turno Libre para llevar a la vía judicial la Ley 20/2021

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Desde hace unos días, la Asociación Defensa Turno Libre está legalmente constituida y trabajando para acudir a la vía judicial en procesos derivados de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, y que afecta a todas las administraciones.

Una ley de la que son partícipes partidos políticos y sindicatos cómplices, que cambia las reglas del juego del acceso a la función pública para beneficiar al colectivo concreto de interinos de larga duración, saltándose para ello los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que hasta ahora regían para obtener una plaza fija de empleado público.

Con origen en la plataforma que lleva el mismo nombre, el esfuerzo altruista de sus fundadores y la colaboración de cientos de funcionarios y opositores, se ha logrado formar esta asociación y contratar los servicios del prestigioso despacho de abogados en derecho administrativo y contencioso-administrativo Administrativando Abogados.

Llevar a la vía judicial ofertas y convocatorias derivadas de la ley 20/2021 tiene un elevado coste, que no va a financiar ninguno de los sindicatos vendidos, sino sus propios socios:

• Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, conscientes del agravio comparativo y perjudicados en futuros concursos de traslados.
• Opositores sin experiencia que ven muy limitadas las opciones para acceder a la función pública.
• Interinos y personal temporal que sí se preparan y saben que el camino honesto para acceder a la administración es por oposición.
• Y ciudadanos que creen que el esfuerzo en el acceso al empleo público redunda en la calidad la calidad de los servicios públicos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ayuntamiento, nuestra diputación…

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) apoyamos la Asociación Defensa Turno Libre (DTL), pero esto pasa por que los afectados nos hagamos socios de forma masiva. Toda acción en defensa de los servicios públicos es bienvenida, y en este caso hacerse socio por sólo 5 euros al mes de forma individual es imprescindible para que la asociación tenga recursos para denunciar más convocatorias y con mayor prontitud, con una estrategia marcada a fin de elevar a inconstitucionalidad la ley 20/2021.

Entra en asociaciondtl.com para obtener toda la información, consultar los estatutos y asociarte cómodamente de forma online.

Entre tod@s podemos dar a conocer la Asociación DTL a nuestros compañar@s. Y os facilitamos carteles para colgar en los tablones de los centros de trabajo para ayudar en su difusión.

Iniciativa Legislativa Popular para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud

Después de dos años de pandemia, a pesar de los miles de millones de euros de fondos Covid gestionados por las diferentes Administraciones, no se han abordado los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que se han continuado aplicando medidas parciales que no han frenado el deterioro del sistema sanitario público, con el consiguiente incremento de las listas de espera y paralelamente de los seguros privados.

Tras un largo esfuerzo y movilizaciones continuadas, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), con el apoyo de decenas de colectivos de todo el Estado, ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha superado los escollos que requiere la Mesa del Congreso.

Esta ILP de “Recuperación y desprivatización del SNS” tiene los siguientes puntos fundamentales:

• Atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
• Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
• Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios para evitar la dependencia de las multinacionales.
• Recuperación y reforzamiento de la atención primaria.
• Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

Se necesita reunir 500.000 firmas en 9 meses para su discusión en el Parlamento. Gracias a la campaña de goteo.org se cuenta con los medios necesarios para firmar la ILP:

• En los pliegos distribuido por toda España, para que puedas firmar presencialmente en los puntos señalados en este mapa.
• Cómodamente desde tu ordenador y de forma digital en la página web firma.recuperatusanidad.org.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) hemos denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada. A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves. Y entregar a las empresas la gestión directa de los hospitales públicos, sometidas a la ley de mercado, peligra y merma la calidad de la asistencia médica.

Debemos actuar sobre las causas de la enfermedad del sistema sanitario, no solo sobre los síntomas, para que mediante la ILP citada logremos blindar de una vez por todas el sistema sanitario.

Tu apoyo es fundamental. ¿A qué esperas para firmar?