Desde hace años la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) viene denunciando el mal funcionamiento en materia de personal en la Junta de Castilla y León. Los empleados públicos en esta comunidad son despreciados, ninguneados y humillados por los dirigentes de esta Administración. Pero las cifras que el mismísimo Consejero de Presidencia ha facilitado en sede parlamentaria ante preguntas del grupo parlamentario socialista, no hacen otra cosa que confirmar que estos gestores de la función pública de Castilla y León, no pueden durar ni un segundo más en sus puestos, y que han de ser cesados fulminantemente.
El Consejero de Presidencia afirma que a día 27 de septiembre de 2017 había 4047 empleados públicos con contrato temporal o con cargo a subvenciones. A esta cifra escandalosa hay que sumar los profesores de colegios e institutos, y los médicos y enfermeros de hospitales y centros de salud que tienen este tipo de contrato, y que no han sido contabilizados en las cuentas del Consejero de Presidencia. Una locura, la temporalidad y precariedad campan a sus anchas dentro de la Administración de Castilla y León. Estas cifras son un atentado al servicio público. Para dar un buen servicio a los ciudadanos es fundamental una estabilidad laboral.
Pero por si esto fuera poco, el Consejero de Presidencia afirma en contestación parlamentaria que el 2 de octubre de 2017 había 2740 funcionarios en comisión de servicio. Es decir, 2740 empleados públicos más cuya situación laboral no es estable. Pero la situación todavía es peor. Este mismo Consejero afirma que hay 316 funcionarios en adscripción provisional, es decir, más precariedad laboral. Como puede comprender el lector, que lo difícil en esta Administración es encontrar a un empleado público ocupando su puesto de trabajo en propiedad.
Pero aún hay más, como se diría. A todas estas cifras escandalosas de temporalidad, hay que añadir las libres designaciones que asolan esta Administración. No hay que olvidar que un empleado público en libre designación, es un trabajador que no puede actuar con plena libertad, ya que como haga lo que no quiera su superior, éste le cesará.
Por tanto, los datos confirman la precariedad y temporalidad laboral de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Y así, es muy difícil poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad. No se pueden excusar es que haya habido circunstancias sobrevenidas. El PP lleva gobernando 30 años. Por tanto, a estos señores les importa un pito el que los ciudadanos de Castilla y León tengamos los servicios públicos de calidad que merecemos.
Finalmente, queremos denunciar la desvergüenza de los dirigentes de la Consejería de Presidencia. No es presentable que nieguen sistemáticamente el listado de las RPT. Y una falta de cortesía parlamentaria, remitir al BOCYL a los procuradores de las Cortes para que conozcan las RPT de la Junta de Castilla y León. Desde PLADEPU denunciamos que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que en su página de transparencia no facilita un listado accesible y claro de las RPT de sus empleados públicos. Es una vergüenza que la Junta de Castilla y León esté a la cola de transparencia, y oculte a sus ciudadanos la situación de sus empleados públicos.
Información pública en materia de empleo público.
El Consejero de Presidencia afirma que a día 27 de septiembre de 2017 había 4047 empleados públicos con contrato temporal o con cargo a subvenciones. A esta cifra escandalosa hay que sumar los profesores de colegios e institutos, y los médicos y enfermeros de hospitales y centros de salud que tienen este tipo de contrato, y que no han sido contabilizados en las cuentas del Consejero de Presidencia. Una locura, la temporalidad y precariedad campan a sus anchas dentro de la Administración de Castilla y León. Estas cifras son un atentado al servicio público. Para dar un buen servicio a los ciudadanos es fundamental una estabilidad laboral.
Pero por si esto fuera poco, el Consejero de Presidencia afirma en contestación parlamentaria que el 2 de octubre de 2017 había 2740 funcionarios en comisión de servicio. Es decir, 2740 empleados públicos más cuya situación laboral no es estable. Pero la situación todavía es peor. Este mismo Consejero afirma que hay 316 funcionarios en adscripción provisional, es decir, más precariedad laboral. Como puede comprender el lector, que lo difícil en esta Administración es encontrar a un empleado público ocupando su puesto de trabajo en propiedad.
Pero aún hay más, como se diría. A todas estas cifras escandalosas de temporalidad, hay que añadir las libres designaciones que asolan esta Administración. No hay que olvidar que un empleado público en libre designación, es un trabajador que no puede actuar con plena libertad, ya que como haga lo que no quiera su superior, éste le cesará.
Por tanto, los datos confirman la precariedad y temporalidad laboral de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Y así, es muy difícil poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad. No se pueden excusar es que haya habido circunstancias sobrevenidas. El PP lleva gobernando 30 años. Por tanto, a estos señores les importa un pito el que los ciudadanos de Castilla y León tengamos los servicios públicos de calidad que merecemos.
Finalmente, queremos denunciar la desvergüenza de los dirigentes de la Consejería de Presidencia. No es presentable que nieguen sistemáticamente el listado de las RPT. Y una falta de cortesía parlamentaria, remitir al BOCYL a los procuradores de las Cortes para que conozcan las RPT de la Junta de Castilla y León. Desde PLADEPU denunciamos que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que en su página de transparencia no facilita un listado accesible y claro de las RPT de sus empleados públicos. Es una vergüenza que la Junta de Castilla y León esté a la cola de transparencia, y oculte a sus ciudadanos la situación de sus empleados públicos.
Información pública en materia de empleo público.
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