miércoles, 15 de noviembre de 2017

PLADEPU en la Comisión No Permanente para la Racionalización de la Administración en Castilla y León

PLADEPU PARTICIPA DE NUEVO EN LAS CORTES

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha participado el pasado 26 de julio, a solicitud de la Mesa de la Comisión, en la Comisión No Permanente para la Racionalización de la Administración en Castilla y León.

PLADEPU hemos informado a la Comisión sobre:
  • Origen, evolución, situación actual y futura (concentraciones parcelarias, proyectos de obras, regadíos...) del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en lo referente a infraestructuras agrarias.
  • Funciones encomendadas al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, sistemas de contratación de servicios, inversiones, personal, etc.
  • Valoración de servicios externalizados y encomiendas.

PLADEPU continuamos trabajando de forma proactiva, dando en este caso una visión necesaria desde dentro de la Administración, y no movida por intereses particulares como puedan ser los de la administración "B" paralela.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ha demostrado que las funciones de investigación y de tecnología que impulsaron su creación fueron una mera excusa para acabar vaciando de funciones técnicas a la Administración, como sucede en el Área de Estructuras Agrarias. Sigue sin respuesta la pregunta que se originó en su aparición: ¿no es más sencillo dotar de medios al personal funcionario existente en vez de crear un nuevo ente...?

Por otro lado, entre las 82 encomiendas de gestión entresacadas de Órdenes publicadas en el BOCYL, se observa cómo el ITACYL está subcontratando asistencias técnicas, en vez de hacerse directamente desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, evitando así la supervisión y control imparcial de ingenieros funcionarios de la Administración.

Las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos están atentando contra el derecho al puesto del funcionariado para el ejercicio independiente de sus funciones y están externalizando los servicios públicos.

El Consejo de Cuentas ya advirtió del uso desproporcionado e injustificado de encomiendas de gestión. Las encomiendas cedidas a empresas públicas como el ITACYL son especialmente peligrosas, ya que este tipo de entes no están sometidos al control del gasto que hay en la Administración. Basta con recordar el informe de fiscalización al que fue sometido ITACYL en 2011.

La intervención completa está publicada en el Diario de Sesión del 26/7/2017.

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