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| Puerta de la Consejería de Hacienda. Fuente: ICAL |
En Valladolid, el viernes 13 de diciembre de 2013, en asamblea de empleados públicos convocada por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) y celebrada en el salón de actos de la Consejería de Hacienda, se ha debatido lo siguiente:
Cuatro años de medidas imponiendo recortes y supresión de derechos a los empleados públicos de esta Comunidad, no se han visto acompañadas de ninguna mejora en el servicio público a los ciudadanos. Menos aún se ha producido ningún cambio en la política de despilfarros y de gastos arbitrarios de la Junta de Castilla y León como: asunción de las deudas millonarias de la ADE-Parques Tecnológicos y EXCAL sin ningún tipo de depuración o responsabilidad por su origen ni control parlamentario de las mismas, 8 millones de euros en 5 años “repartidos” en retribuciones complementarias a puestos de libre designación, alquileres de edificios públicos, publicidad superflua, usos privados de vehículos y conductores oficiales, privatizaciones innecesarias, etc. Todo ello mientras se cierran arbitrariamente instalaciones públicas como laboratorios de Fomento, el laboratorio enológico de Rueda, la residencia Juvenil Consejo de Europa de León o se recorta sin piedad en sanidad, educación, investigación, natalidad, guarderías, vivienda, personas mayores, dependencia, violencia de género, juventud y servicios sociales.
A la vista de que, según los responsables políticos gobernantes, la recuperación económica está en marcha, la asamblea de empleados públicos se pronunció de modo unánime para exigir (a quienes se dirige este escrito) que adopten posiciones unitarias en orden a satisfacer las siguientes demandas:
- La devolución inmediata, completa y sin aplazamientos, de la paga extra expropiada en diciembre de 2012.
- La recuperación de cuantos derechos laborales, sociales y económicos han sido recortados a los empleados públicos: horario, bajas por enfermedad, permisos y licencias, promoción y concursos, reposición de la oferta de empleo público, contrataciones temporales y recuperación del poder adquisitivo perdido por la bajada salarial en 2010 y las congelaciones de 2011, 12, 13 y 14. Denunciando que todos y cada uno de estos recortes no han supuesto mejora alguna del funcionamiento de los servicios públicos y sí demuestran un total desprecio de los políticos hacia los empleados públicos y del servicio que prestamos a la sociedad.
Comoquiera que en esta Comunidad la DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL se utiliza de modo sistemático para burlar el control legal y político de lo público, lo cual se manifiesta de modo reiterado y insultante en el ninguneo que la Junta de Castilla y León hace de los informes del Consejo Consultivo, del Consejo de Cuentas, del Procurador del Común, así como de las peticiones de información, interpelaciones o proposiciones no de ley que los parlamentarios de la oposición hacen en las Cortes, los empleados públicos aquí reunidos denunciamos que la existencia de la Administración B y su actual gestión, ponen en peligro los servicios públicos, la credibilidad del funcionamiento de lo público y la propia viabilidad de la Administración autonómica.
Por todo ello exigimos:
- El inmediato retorno, a las Consejerías que correspondan, de todas las competencias, servicios, funciones y programas trasvasados a la “administración paralela” o “administracion B”, y la subsiguiente disolución de la misma, previa rendición de cuentas de las actuaciones que han llevado a cabo desde su creación.
- Exigimos que se cumpla la Ley de Función Pública de la Comunidad para el ingreso del personal en la función pública; basta ya de prostituir la igualdad de derechos de los ciudadanos al acceso a la función pública, utilizando la Administración como sector de colocación de amigos y afines al poder político. Exigimos la reposición de la oferta de empleo público y funcionamiento de las bolsas de empleo público (con el cese inmediato de la entrada de personal por la puerta trasera).
- Pedimos a las Cortes la inmediata creación de una comisión con la participación de los tres grupos parlamentarios, que controle la disolución del sector público paralelo, previa presentación y rendición fidedigna de cuentas de cada uno de los entes. Procediendo a la liquidación de sus haberes, y su integración en la administración general únicamente en el caso de que se haya hecho frente al pasivo de dichas entidades con sus propios activos.
DENUNCIAMOS asimismo, que se ha incumplido el acuerdo que PP y PSOE firmaron en octubre del 2012 en orden a la creación de una COMISIÓN de reestructuración del sector público, y a la que fue invitado el Grupo Mixto. Comisión que no se ha constituido ni por tanto reunido ni una sola vez, con lo que las tramposas medidas de supuesta reestructuración del sector público, se están haciendo mediante la imposición por la fuerza de la mal interpretada mayoría parlamentaria sin ningún tipo de transparencia, ni rigor, ni participación del resto de fuerzas políticas que también representan a la ciudadanía de Castilla y León.
Más aún, se pretende que la extinción de las entidades de la Administración Institucional se realice por Decreto de la Junta y que la extinción y modificación estructural de las empresas públicas se realice por acuerdo de la Junta, eliminando así cualquier control por los representantes de los ciudadanos, que son los procuradores en Cortes.
DENUNCIAMOS además, que las medidas recientemente propuestas por la Junta en las Cortes para la reforma de las Administraciones Públicas, siguen proponiéndose al MARGEN de las necesidades reales del servicio público y de la función pública en nuestra Comunidad, y totalmente separadas de las necesidades reales de la ciudadanía en Castilla y León.
Compendio de noticias.
Escrito completo presentado hoy a la Junta de Personal de los Servicios Centrales, a la Consejera de Hacienda y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla Y León.
Hace unos meses, publicamos la noticia y el escrito de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, formada por representantes de las centrales sindicales, donde se solicitaba el desbloqueo de la información sobre las bufandas y a cuyo conocimiento tienen derecho sindicatos y funcionarios en cada Consejería.
