Día 13, viernes de negro en Palencia vuelve en apoyo a Manolo Sánchez

“VIERNES DE NEGRO” PALENCIA VUELVE, EN APOYO A MANOLO SÁNCHEZ.

13 DE MARZO A LAS 12:00, CONCENTRACIÓN EN LA DELEGACION DE LA JUNTA DE CYL EN PALENCIA

El próximo viernes 13 de marzo, “viernes de negro” en Palencia vuelve en apoyo a nuestro compañero de la Administración, Manolo Sánchez, represaliado por significarse en las denuncias de los viernes de negro.

Será a las 12h en la Delegación Territorial (Avenida Casado del Alisal, 27) de Palencia y esperamos contar con tu asistencia. Porque han ido a por Manolo pero podíamos haber sido cualquiera.

Escrito que explica el apoyo a Manolo. Acude y difunde.



Más de 300 empleados públicos se han movilizado concentrándose frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, en apoyo de Manolo, Jefe de la Sección de Juventud, a quien se le ha denegado la posibilidad de seguir trabajando.

Manolo es un miembro activo del movimiento asambleario y unitario de los "viernes negros", y al que enviamos nuestro máximo apoyo desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Un ejemplo de lucha.

Herrera S.A. chapuzas a costa de los derechos y bolsillos de los castellanos y leoneses. Paralizado el concurso de traslados de los ICCP

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha paralizado cautelarmente el concurso de traslados de los Ingenieros de Caminos de la Junta de Castilla y León.

El Juez ha decidido adoptar esta medida como consecuencia de la denuncia interpuesta por un Ingeniero de Caminos, funcionario de la Junta de Castilla y León, que ha denunciado la ilegalidad de las bases del concurso de traslados de los Ingenieros de Caminos. Se da la circunstancia que las bases recurridas son las estándar que rigen todos los concursos de traslados de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.

Esta decisión agrava la precaria situación laboral que sufren los Ingenieros de Caminos y los Ingenieros de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León, ya que la última convocatoria de su concurso de traslados se remonta al año 2007. Este dato se complementa con que el denunciante y otros tres Ingenieros de Caminos llevan desde el año 2009, fecha en la que aprobaron su oposición, en un destino en adscripción provisional.

Desde PLADEPU (Plataforma en Defensa de lo Público) venimos denunciando el nulo respeto que la Junta de Castilla y León tiene hacia los empleados públicos y su trabajo. El gobierno del Sr. Herrera ha convertido esta Administración Pública en su cortijo. Lo habitual en este cortijo es encontrar a funcionarios puestos a dedo, bien por el sistema de libre designación, bien por el sistema de comisión de servicio. Para que el ciudadano se haga una idea de la desvergüenza del gobierno del Sr. Herrera en materia de personal, y cogiendo como ejemplo el mundo de los Ingenieros de Caminos funcionarios que no ocupan puestos de libre designación: De las 18 puestos de trabajo que hay en las 9 provincias en las Secciones de Proyectos y Obras de Carreteras, actualmente solo hay 5 que estén ocupadas por el Ingeniero de Caminos titular de esa plaza. O en la Dirección General, de los 4 puestos de trabajo que pueden ser ocupadas por Ingenieros de Caminos en el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras solo una está ocupada por el Ingeniero titular. Es muy fácil encontrar en la Junta de Castilla y León a funcionarios que llevan más de 10 años en una comisión de servicio.

La Junta de Castilla y León incumple la Ley al no convocar todos los años un concurso de traslados para su personal funcionario. Llega a tardar 7 años en el caso de los Ingenieros de Caminos. Pero el colmo de los despropósitos se produce cuando un Juez, ve indicios de ilegalidades en las bases de los concursos que rigen estos traslados, ya que presuntamente vulneran los derechos fundamentales de los funcionarios.

Estos casos atentan gravísimamente contra la necesaria independencia de los funcionarios, y convierten la Administración en un cortijo o una red mafiosa, en la que si quieres conservar tu puesto de trabajo, has de ser un pelele con tus superiores. Lo que provoca un funcionamiento desastroso de la Administración de Castilla y León, y por tanto, un quebrantamiento de los derechos de sus ciudadanos.

Finalmente desde PLADEPU lamentamos que haya tenido que ser un funcionario a título personal el que haya tenido que denunciar la ilegalidad de las bases de los concursos de traslados. ¿A qué se dedican los sindicatos de los trabajadores que en teoría deben velar por los derechos de los trabajadores? Además, desde PLADEPU nos avergüenza el desprecio más absoluto que tiene la Junta de Castilla y León por la legalidad en materia de personal.

El ITACYL, otra demostración palmaria de que la administración paralela es un timo para los ciudadanos

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) no nos cansaremos de denunciar que la administración paralela es un engaño y un timo a los ciudadanos, y que solo sirve de nicho de corrupción y de fábrica de colocación de enchufados.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha vuelto a poner negro sobre blanco y ha destapado por enésima vez las vergüenzas del gobierno del Sr. Herrera. El Consejo de Cuentas demuestra que es una falacia la afirmación que la Junta de Castilla y León es una buena gestora, y además aclara el poco respeto que se tiene en la Junta de Castilla y León por las normas y leyes. El ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario) es el cortijo de Silvia Clemente, que como demuestra el Consejo de Cuentas, además de ser una inepta, es una experta en fundir el dinero de los ciudadanos, y por tanto, en expoliar los recursos de los Castellanos y Leoneses. ¿A que espera Herrera para cesar a Silvia Clemente?

A continuación se recogen unos extractos del Informe de fiscalización de las actuaciones del ITACYL en el año 2011 del Consejo de Cuentas:

“El ITACYL, configurado por su ley de creación como un medio propio encargado de realizar las actuaciones que le encomiende la Consejería de Agricultura y Ganadería, no ha elaborado en el año 2011 un plan de actuación para llevar a cabo las encomiendas de gestión, donde se contenga una información mínima que permita acreditar si los medios con los que cuenta son más eficaces o idóneos que los utilizados por el órgano encomendante o un tercero, ni efectúa un seguimiento de sus actuaciones. Al no haberse cumplido con lo dispuesto en la Ley tanto para la planificación de las encomiendas como para informar de su seguimiento y resultado, no puede determinarse si los encargos realizados se han cumplido eficazmente o se han conseguido en mayor o menor medida que si se hubieran realizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, y por tanto no se justifican suficientemente las razones de eficacia ni de la idoneidad de los medios técnicos por las que se efectúan dichos encargos en virtud del artículo 15 de la LRJAP y PAC”.

“La propia manera de ejecutar la encomienda, trasladando el ITACYL a un tercero con quien contrata gran parte de su ejecución, es contradictoria con las causas que pretenden justificar su existencia, poniéndose en cuestión el valor añadido que aporta en este caso el Instituto como medio propio ejecutante, constituyéndose más bien en un mero intermediario”.

“Los avales concedidos por el Instituto en 2011 fueron otorgados en virtud de las facultades que establece su ley de creación, pero sin tener ningún respaldo en la Ley de Presupuestos de la Comunidad”.

“Estos dos contratos, cuyo importe representa el 20% de los préstamos concedidos, se han firmado al margen de cualquier procedimiento regulado con publicidad, concurrencia y transparencia. No constan informes técnicos por los cuales se conceden estos préstamos”.

“De acuerdo con el objeto de los contratos analizados se llega a la conclusión de que al ITACYL se le encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal, debiendo haber aplicado íntegramente la Ley de Contratos del Sector Público, incumpliendo el artículo 3 de la LCSP”.

“El Instituto contrata servicios de publicidad de la marca “Tierra de Sabor” utilizando indebidamente la fórmula del patrocinio publicitario y una inadecuada apreciación de la exclusividad de dichos servicios, que son adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, contrariamente a los principios de publicidad y libre acceso a la licitación”.

“El análisis del cumplimiento de la legalidad de los contratos adjudicados por procedimiento simplificado fiscalizados ha puesto de manifiesto que se aprecia, en 14 expedientes, un fraccionamiento de su objeto prohibido por el artículo 74.2 de la LCSP; incumpliendo los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la LCSP y las reglas fijadas en su Procedimiento de contratación”.

“La documentación aportada en determinados pagos realizados por el sistema de anticipos de caja fija es insuficiente para garantizar la debida justificación y necesaria adecuación de los gastos”.

“En relación con la marca “Tierra de Sabor” se producen una serie de gastos tramitados por distintos procedimientos (contratos de patrocinio, contratos adjudicados por procedimiento simplificado, pagos por anticipo de caja fija) que unido, en muchos casos, al insuficiente grado de detalle de los correspondientes justificantes, a su imputación presupuestaria al artículo 64 del presupuesto y al carácter plurianual del proyecto, no garantizan un conocimiento detallado de las inversiones totales y parciales realizada en dicha marca de calidad”.

“Las facturas no están registradas de entrada”.

“No coincide el objeto del suministro que figura en el documento de aprobación del gasto, en los contratos nº 4 y 6, con el de la factura”.

“La aprobación del gasto, en los contratos nº 25 y 26, es de fecha posterior a la de emisión de la factura”.

Además, mostramos la siguiente Normativa que, según el Consejo de Cuentas, el ITACYL ha incumplido en el año 20011:

• Artículos 1, 22, 27, 51.1, 74.2, 75, 76 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Artículos 17 y 18 de la Ley 7/2002 de creación del ITACYL.
• Artículo 4 de la Ley 6/2003 de Asistencia Jurídica de Castilla y León.
• Artículos 24, 27, 28, 29.1 y 29.2 del Decreto 121/2002 por el que se aprueba el Reglamento del ITACYL.
• Artículos 7 y 12 y la disposición adicional primera del Decreto 24/2010 por la que se regula la prestación de avales de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.
• Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 27 de diciembre de 2007.

Es una vergüenza la impunidad con la que el Gobierno del Sr. Herrera malgasta el dinero de los contribuyentes. Y se vuelve a demostrar que la administración "B" paralela son chiringuitos montados para servir a los políticos y no para gestionar mejor y más eficientemente los dineros de los contribuyentes.

Informe completo. Resumem. Noticia de El Norte de Castilla.

Contra las privatizaciones y por los servicios de calidad. Hoy a las 19:45 frente al Teatro Calderón

La ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO hemos organizado para hoy viernes 6 de febrero una concentración y manifestación a las 19:45 frente al Teatro Calderón de Valladolid.

Colectivos preocupados por las privatizaciones y que apostamos por los trabajos de calidad hemos redactado este manifiesto. Las externalizaciones son privatizaciones encubiertas de servicios que acaban saliendo más caros al ciudadano y empeorando su calidad por el ánimo de lucro de empresas intermediarias, a costa de la precariedad laboral de sus trabajadores. O en la derivación de competencias a los "chiringuitos" de la administración "B" paralela que escapan a todo control.

Por todo esto os pedimos vuestra fuerza, vuestra voz y vuestra dignidad para acabar con esta sangría.

Cartel. Manifesto completo.

Manifiesto contra las privatizaciones y por los trabajos de calidad. Movilización 6 de febrero

Cartel en blanco y negro aquí

Colectivos preocupados por la sangría de privatizaciones y que apostamos por los trabajos de calidad, hemos acordado elaborar un manifiesto y participar en la movilización en Valladolid de este viernes 6 de febrero a las 19:45 en la C/ Angustias nº 1.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sabemos que las externalizaciones son privatizaciones encubiertas de servicios que acaban saliendo más caros al ciudadano y empeorando su calidad, a costa de la precariedad laboral de los trabajadores. Creemos los servicios públicos deben ser realizados por trabajadores contratados directamente por la Administración y con unas condiciones laborales dignas, y no dejarlos a expensas de empresas e intermediarios con ánimo de lucro o a los "chiringuitos" de la administración "B" paralela que escapan a todo control.

Esta iniciativa parte de la sección sindical de C.N.T del Teatro Calderón y hemos suscrito el manifiesto diversos colectivos como la Escuela de Música, Escuela Pública y PLADEPU. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y mareas, y en particular a los colectivos afectados por las políticas de subrogaciones y externalizaciones de las Administraciones Públicas a sumarse a este MANIFIESTO (que un representante contacte cuanto antes con cualquiera de los integrantes de la ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO).

MANIFIESTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. NO A LAS EXTERNALIZACIONES.
La gestión de los servicios de las Administraciones Públicas, aquellas que funcionan con nuestros impuestos, no ha de hacerse con ánimo de lucro - directo o indirecto -, sino para satisfacer unas necesidades sociales. Proporcionan trabajo digno y cualificado, para que el dinero público retorne de una u otra forma a los ciudadanos y ciudadanas.

Las Administraciones los están delegando, desde hace años en empresas externas, privadas, y deshaciéndose lentamente de estos servicios, propios de cada organismo público.

No nos engañemos. Este proceso no es sino una descarada privatización de dichos servicios. La justificación principal es otra gran mentira; "por economía". Una empresa siempre lo encarecerá con su margen de beneficio.

Cuando el servicio que se privatiza resulta más económico, es porque los trabajadores que lo desempeñan lo pagan con recortes salariales, derechos o ambas cosas. Incluso sustituyendo personal cualificado por otro menos preparado y más económico. Para las Administraciones además supone liberarse de toda responsabilidad legal sobre estas plantillas.

Ante lo expuesto, y constatado una y otra vez, no es de extrañar que estos procesos, muchas veces a través de Fundaciones y/o disfrazados de concursos, sean cualquier cosa menos trasparentes. Las empresas ganadoras son casi siempre conocidas de antemano. Se han dado casos incluso de publicar unas bases de concurso ¡con el ganador ya impreso!

En definitiva ¡nos están robando!

Resulta gravísimo que con nuestros impuestos se esté contribuyendo al deterioro de las condiciones de trabajo. Su mala inversión, en manos corruptas y sin escrúpulos, sirve para precarizar el empleo, bajar salarios y empeorar unas condiciones laborales ya deterioradas.

No es extraño por tanto el discurso de políticos y patronal, contra los trabajadores y trabajadoras del sector público, siendo retratados de vagos adictos al café y al periódico, en un intento por desprestigiar su trabajo. De ahí el énfasis que ponen en privatizar cada vez más y más servicios.

Sobran los ejemplos. Pero podríamos citar algunos, como los Servicios de Comedor de los colegios o de los hospitales, antes llevados a cabo con personal de la Administración, pero que en un momento dado se privatizan a empresas de comidas que ofrecen menús a bajo coste, e inferior calidad sanitaria, como ya se ha denunciado y publicado en prensa.

Añadiremos los servicios de limpieza de hospitales, colegios, dependencias públicas, etc. Ahora este personal luce logos de Eulen, Grupo Norte o Clece en lugar del nombre del colegio o el de Sacyl. Lo mismo sucede con el mantenimiento de sus instalaciones o la vigilancia.

Si llega el caso de un grupo de trabajadores reivindicativos, o desavenencias con una empresa adjudicataria, el movimiento siguiente es sencillo. Se suprime la empresa y con ella sus trabajadores y reclamación de derechos.

Muchas veces estas maniobras conllevan un aumento los costes en juicios que la Administración suele perder por inercia. Según PLADEPU, de 2009 hasta mediados del 2013 las Consejerías de la Junta de Castilla y León se gastaron OCHO MILLONES DE EUROS en concepto de indemnizaciones por despidos, salarios de tramitación y cuotas a la seguridad social. Despidos normalmente realizados en fraude de ley.

La externalización de los servicios, tiene para estas empresas como único objetivo la consecución del máximo beneficio económico. A cualquier coste. No sienten ningún escrúpulo en recortar derechos laborales, bajar salarios, aumentar jornadas, reducir medios y herramientas, y un largo etcétera.

Trabajemos juntos para recuperar la gestión pública y exigir el retorno de todas las competencias que nos han arrebatado. Porque es de todos y todas. Vamos a dejar de tragar mentiras y sufrir injusticias que solo contribuyen a perder derechos, precarizar y destruir empleos dignos.

Descargar manifesto completo

Asamblea contra el desmantelamiento de lo público

CIUDADAN@S, VIERNES 6 A LAS 19:45 FRENTE AL TEATRO CALDERÓN. CONTRA LAS CORRUPCIONES, PRIVATIZACIONES Y EXTERNALIZACIONES EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN. A FAVOR DE LOS TRABAJOS DE CALIDAD

Taller ciudadano: “Barriendo la corrupción”

Ana Garrido (ex-funcionaria de Boadilla del Monte que destapó la Trama Gürtel) y compañeros de la Plataforma Viernes Negro en Burgos han trasladado su experiencia y opinión a los ciudadanos que se han acercado el pasado sábado al taller “Barramos la corrupción” organizado por Burgos Decide.

Dos de las principales conclusiones que se han podido extraer del encuentro han sido, por un lado, las dificultades laborales y personales a las que se enfrentan las y los empleados públicos a la hora de denunciar y hacer públicas las corruptelas que hay en la administración de lo que es de todos, y la opacidad con la que desde los altos cargos, no tan altos cargos y cargos políticos, se trata de ocultar la corrupción que invade los pasillos y los despachos de instituciones públicas, sobre todo en regiones donde no hay alternancia política y se suceden legislaturas ganadas con mayorías absolutas.

Por otro lado, la otra conclusión a la que han podido llegar los asistentes es la constatación de la vulnerabilidad de las personas que denuncian este tipo de casos si no se respeta su anonimato, y el bloqueo por parte de la mayoría de los medios de comunicación, que en clara connivencia con los poderes políticos, impiden que las denuncias salgan a la luz y lleguen a la opinión pública (entre otros motivos, porque la publicidad institucional es, en la mayoría de los casos, la fuente de ingresos fundamental de estos).

Garrido sostiene que respecto a hace un lustro «estamos igual en que no hay una desvinculación entre el poder jurídico y el político», pero cree que «las cosas han cambiado en cuanto a la conciencia del ciudadano a la hora de denunciar». La creación de plataformas ciudadanas sirve para preservar en mayor medida el anonimato de los denunciantes (algo que no se respetó en su caso) y por eso animó a empleados públicos y al resto de ciudadanos a que denuncien los casos que conozca «porque su conciencia va a mejorar por limpiar esta lacra».

Documentos: Charla del Movimiento VIERNES NEGRO de empleados públicos de la Junta de Castilla y León en Burgos y Resumen actuaciones Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos.

Podéis completar esta información en Burgos Digital, BurgosConecta.es y en la página 27 de la publicación del 18/1/2015 del Diario de Burgos.

¿Fabricando funcionarios veterinarios con la choricera (aprovechando la época de las matanzas) y por la puerta de atrás?

¡Y SE MOLESTAN CUANDO DECIMOS QUE ACTÚAN COMO UNA CASTA!

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos enérgicamente al Secretario General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Juan Zapatero Gómez-Pallete, que pretende baremar por igual en el nombramiento de personal interino (rama sanitaria de veterinarios) los servicios prestados en el ITACyL que los efectuados en la propia Consejería de Agricultura.

Le recordamos, por si se le ha olvidado, que el ITACyL es un ente público que se rige por el derecho privado. Y esto es así porque ellos, los de arriba, los que mangonean en las ollas del poder autonómico, cuando lo crearon, no quisieron que fuera un organismo autónomo de derecho público, como por ejemplo lo son el ECYL o la Gerencia de Servicios Sociales. Seguro que este engendro de "empresa pública que se rige por el derecho privado", es decir, por el código civil y por la normativa mercantil, les vino y viene muy bien para evitar los controles del derecho público.

He aquí un claro comportamiento como casta que mira, vigila y blinda sus intereses como si de "la familia" se tratara. Ahora les viene muy bien la normativa de la administración general para la cobertura de interinidades y pretenden retorcerla para asimilar los méritos de quien ha trabajado para una "empresa privada" con los de quien lo haya hecho para la Consejería de Agricultura.

Luego vendrá la valoración del tiempo trabajado como interinos para, siguiendo la estela de la disposición "transitoria xx", llegar a obtener una plaza definitiva de funcionarios.

A esto lo llamamos en PLADEPU corrupción política descarada, prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios. En resumen, un golpe de estado contra el derecho público y un saqueo de los bolsillos de la ciudadanía de Castilla y León. Todo ello, sin mencionar el "modus operandi" que se ha utilizado para "entrar", seguir o salir del ITA/ITACyL. No olvidemos que con estas prácticas se está entorpeciendo el derecho a acceder a esas plazas a quienes con seguridad están más preparados por haber ingresado por oposición o concursos selectivos en esta y en otras administraciones, cumpliendo los requisitos de mérito, igualdad y capacidad.

Baremación fraudulenta que desea
aplicar el Secretario General de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Este señor está interpretando de manera fraudulenta y timadora la Orden de 26 de febrero de 1996, que establece que cada mes completo de servicios prestados en plazas de veterinario de cualquier Consejería de la Junta de Castilla y León se puntuará 0,15 puntos. Por supuesto no menciona los trabajos prestados en entes públicos de derecho privado.

Incorporamos en esta noticia la contestación del Secretario General, por si hubiera alguna duda.