El concurso de méritos, convocado por la Junta de Castilla y León (con un retraso de más de cinco años para los grupos C1 y C2, puesto que el anterior se convocó el 22/02/2007), para la provisión de puestos reservados a funcionarios, y publicado en el BOCYL del 26 de diciembre, es un atropello más a los derechos de los empleados públicos, con la complicidad (o por lo menos con el silencio cómplice), de algunos sindicatos, que no se han parado a cuestionar el procedimiento o por qué salen unas plazas sí y otras no y no han exigido que salgan absolutamente TODAS.
La Junta está incumpliendo, desde hace cinco años el Art. 48.2.a) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que impone la convocatoria anual de los concursos. Dicho incumplimiento fue denunciado expresamente en la carta promovida por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), firmada por más de 9.000 trabajadores de la Junta, que se remitió al Presidente Juan Vicente Herrera y a la Consejera Pilar del Olmo el pasado 30/06/2012. Además de denunciar como un recorte salarial más la privación de este derecho a miles de personas, la carta reclamaba que fuera convocado el concurso con la totalidad de las vacantes existentes y, por supuesto, para no aparecer vacío de contenido, con anterioridad a las reformas de las RPT’s.
Resulta que, a la usurpación durante un lustro de este derecho, ahora se suma el castigo de no ofertar todas las vacantes.
Según nuestras estimaciones, las 1.701 plazas ofertadas están más cerca del 50% que del 100% de las vacantes, añadiendo así un nuevo recorte para miles de empleados públicos con derecho a promoción, a cambio de puesto de trabajo o a traslado de localidad.
De la justificación que aparece en la exposición de motivos de la RESOLUCIÓN (párrafo cinco), …”así como aquellos puestos que, habiendo resultado vacantes en los dos últimos años, su cobertura se estima, estrictamente necesaria, para que no se produzca merma alguna de la calidad en la prestación de los servicios públicos” se deducen tres cuestiones importantes:
- La Junta ha desechado como vacantes las producidas desde el 22 de febrero de 2007 hasta diciembre de 2010.
- De los puestos que han quedado vacantes en 2011 y 2012, se ofertan los que consideran “estrictamente necesarios”.
- Lo de “estrictamente necesarios” es una afirmación poco fiable a la vista de algunos ejemplos: de 41 plazas nuevas creadas en la Consejería de Educación el 15 de diciembre de 2010, sólo salen 14; o que en la Consejería de Familia e I. de O., que completó su nueva RPT en 2008, salen sólo algunas; o que no sale ninguna de las abiertas a otras administraciones.
Desde PLADEPU defendemos como innegociable e inaplazable la inmediata disolución de la “Administración B” y el retorno de sus competencias, servicios, funciones y patrimonio a las correspondientes consejerías. Para recomponer este proceso de retorno de lo que nunca debió sacarse de la Administración, todoslos puestos de trabajo actuales se han de mantener. Una vez resuelto este concurso y todos los demás que deben convocarse, y evaluado el encaje de esta reasunción de competencias, es cuando se puede proceder a la reforma de las RPTs.
Este atropello se convierte en auténtico ensañamiento, con el objetivo de hacer desaparecer miles de puestos (durante el 2013), a través de las reformas de las Relaciones de Puestos de Trabajo, eliminando así miles de posibilidades de traslados o de promoción para siempre. Es decir, la gran mayoría de las plazas vacantes que no se han ofertado serán eliminadas y otras pocas presuntamente “estarán reservadas” (por estar mejor dotadas económicamente) para poder disponer de ellas para el trapicheo del favoritismo.
Junto a esta contundente denuncia, PLADEPU se reafirma en sus propuestas. Reclamamos la inmediata retirada de la RESOLUCIÓN que lo convoca, exigimos que se oferten todas las vacantes y que se siga un proceso claro, justo y rápido:
- Información pública y detallada sobre la totalidad de las plazas vacantes, así como el motivo de que estén vacantes, si están ocupadas en comisión de servicio, por interinidad, adscripción provisional, etc.
- Apertura de un plazo (antes de la convocatoria formal en el BOCYL) para alegaciones, reclamaciones y correcciones, evitando así recursos y la posible paralización y/o anulación total o parcial de la convocatoria. Trámite éste que permitiría excluir del concurso los puestos de trabajo que estén incursos en algún procedimiento judicial, pues en caso contrario se inducirán recursos que van a alargar, paralizar o suspender el proceso. Justo proponemos lo contrario de lo que hace la RESOLUCIÓN de Función Pública, aunque nos tememos que se busca precisamente ese efecto no deseado. Así, desde la Junta, podrán decir que convocaron el concurso y que, como los recursos lo paralizaron o suspendieron, van a seguir con su plan de reforma inmediata de las RPT’s. Y ya conocemos sobradamente en qué consisten las “reformas-PP”, simplemente en recortar, suprimir y privatizar.
- Si en la primera fase del concurso convocado debe haber una inclusión de todas las vacantes, excepto las sometidas a procesos judiciales, también en la fase de “resultas” debe haber una oferta de la totalidad de los puestos actualmente ocupados con destino definitivo, o sea, 7.127. La justificación es por pura equidad y sentido común: nadie tiene certeza de qué plazas quedarán vacantes en la primera fase, por lo tanto cualquier selección que se haga es arbitraria. Podría suceder que ninguna de las 5.515 que salen a resultas quede vacante en la primera fase, porque sólo pueden moverse 1.701 personas; más preciso: podrían quedar vacantes sólo 109. Esta criba arbitraria es puro sadismo político, ya que, con la inminente poda de puestos de trabajo, con las privatizaciones y con el retraso de la edad de jubilación, las posibilidades de concursos futuros se evaporan definitivamente.
Formulamos una pregunta a los políticos implicados y a los sindicalistas que no han puesto objeciones: si no perjudica absolutamente a nadie sacar en resultas las 7.127 plazas ocupadas en la actualidad, ¿por qué sólo sacan 5.515? ¿No les parece que es puro y simple maltrato a quienes se queden sin una plaza que podrían obtener y que queda vacante?
No queremos terminar el posicionamiento de PLADEPU sin dejar claro, una vez más, que creemos que los sindicatos tienen una importante función social. Sugerimos a todos los que estén presentes en las Juntas de Personal que adopten rápidamente una posición unitaria y convoquen de inmediato asambleas para debatir y votar estas propuestas y, mediante un “plenario regional” de dichas Juntas, den un contundente ultimátum a la Viceconsejera para que retire esta chapuza de concurso.
La transparencia y las prácticas de buen gobierno que tanto pregonan los políticos de la Junta se demuestran con procedimientos reales y no a golpe de latigazos con el BOCYL. Si siguen por este camino, cada mes en los sondeos de opinión aumentará el número de ciudadanos que consideramos a los políticos totalmente alejados de la realidad y encastillados en sus torres del poder vigilando sus privilegios y los negocios de quienes se enriquecen con el saqueo de las competencias de las administraciones y con los efectos de la crisis económica.
Castilla y León, 9 de enero de 2013
Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU)
La Estación Enológica de Castilla y León en Rueda, centro tecnológico vitivinícola de referencia en España, con gran prestigio reconocido por el Ministerio de Agricultura, y que ha contribuido al desarrollo de las comarcas vitivinícolas de Castilla y León, con un reconocimiento mundial incuestionable, corre peligro de desmantelamiento primero y privatización después, si no se reconoce el error que supone haber trasladado la mayor parte de su personal a las dependencias del ITACYL, ubicado en la Finca Zamadueñas.
