Por una sanidad y una industria sanitaria públicas

Si algo estamos aprendiendo de esta crisis del Covid-19 es que los recortes matan. Lamentablemente estamos pagando los recortes en sanidad con muchas muertes que se podrían haber evitado. A base de lágrimas vemos cómo debemos defender la sanidad pública y no permitir que se desmantele ni una sola cama en hospitales públicos ni ningún puesto profesional. Ya que solo en Madrid se han perdido 2.100 camas.

Sí, tantos años de desmantelar lo público para ponerlo al servicio de empresas está costando vidas, demasiadas vidas, y todo por falta de personal, de medios materiales, equipos de protección o diagnóstico entre otros.

Y para no caer en trampas, hay que fijarse en el gasto sanitario público por habitante. No debemos dejarnos engañar por el baile de cifras: cuando algunos partidos políticos venden que se ha aumentado el gasto en sanidad sin especificar, se refieren al aumento NO en sanidad pública sino en clínicas privadas o en gestión privada de hospitales, lo que supone sobrecostes del 25%.

A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves como es el coronavirus, de triste actualidad.

Así por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid vemos que gastó 921 millones de euros en conciertos con la sanidad privada y solo 32 millones en la pública en el año 2016, reduciéndose la inversión en el mantenimiento de centros públicos en un 77 % lo que provoca que estén “cayéndose a pedazos”.

O sin ir mas lejos, en Castilla y León el nuevo hospital de Burgos supuso un sobrecoste de casi 700 millones de euros sobre el proyecto inicial, una salvajada de la que casualmente participan algunas empresas amigas del PP por estas tierras. PLADEPU hemos colaborado en la recogida de firmas para recuperar el Hospital Universitario de Burgos (de gestión y titularidad privada) para el Sistema Público de Salud y denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada.

La sociedad tiene que hacerse consciente de este desprecio por la salud de las personas de quienes únicamente buscan enriquecerse y hacer negocio con lo que sea. Pero no, la salud no puede ser un negocio y ahora es el momento de defender lo público.

Lo mismo ocurre con externalizar servicios básicos como la producción de mascarillas, respiradores o equipos de protección individual (EPIs) específicos. Según datos de CAS Madrid, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, Alemania es el mayor fabricante europeo de respiradores y ha prohibido su exportación así como de otro tipo de material médico. El cuanto a los equipos de protección, hay muchas quejas de quienes en primera línea se están jugando la vida para salvar otras. No tiene ningún sentido desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reutilizarlos después de una limpieza y esterilización pero no es posible hacerlo, ya que en la mayoría de los hospitales, los servicios de lavandería y esterilización también han “sido externalizados”, por lo que no asumen dicha tarea. Aquí también se podría ahorrar dinero y garantizar la seguridad de quienes nos cuidan.

O en el caso de los test diagnósticos, absolutamente imprescindibles para evitar colapsar las urgencias y UCIs, ya que la prevención junto al tratamiento, salvan vidas. Otros países nos demuestran que los test son básicos si se quieren parar los contagios. ¿Por qué han tardado mas de dos meses desde el inicio “oficial” de la pandemia en empezar a distribuirse y aún faltan? Pues por falta de abastecimiento.

Igual está pasando con la hidroxicloroquina: parece que funciona en algunos casos de Covid-19 y las existencias en los hospitales españoles están prácticamente a cero, así como es escasa la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional ya que India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula. De forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español ni tampoco para conseguirla fuera. Con éste y otros ejemplos, se hace necesaria la creación de un sistema de farmacia público como sector estratégico, para hacer frente a emergencias y a los chantajes de las multinacionales. Todas estas denuncias de CAS están aquí.

En este mundo globalizado para bien o para mal (más bien esto último), la privatización de la salud en las altas esferas nos afecta a esta pequeña escala de nuestro país, ciudad o pueblo. Nos han usurpado las instituciones públicas a todo nivel para ponerlas al servicio del capital y los mercados, como se puede leer en este articulo donde el ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, el señor German Velásquez explica que la OMS está secuestrada por los intereses privados de la Big Farma, industrias farmacéuticas y multinacionales disfrazadas de Fundaciones.

¿Quizás es una locura dejar en manos de corporaciones las medidas que se deben tomar en una crisis mundial tachada de pandemia, esto no es mejor que se haga en una institución genuinamente pública?

Ojalá cuando salgamos de este desastre, la sociedad tome nota de la importancia de unos servicios sanitarios públicos por ser un derecho fundamental y no permita que ese derecho nos sea robado nunca más.

Insolidaridad de algunos liberados sindicales

Respuesta a incorporación de liberados
sindicales en Talavera de la Reina

La Platadorma en Defensa de lo Público (PLADEPU) quiere denunciar la postura de los liberados sindicales sanitarios y médicos de las centrales USCAM, CSIF, UGT, CCOO, USO, SATSE, CESM y USO en Talavera de la Reina, Toledo, tras conocer una carta infame donde consideran que no está convenientemente justificada su incorporación a activo con la crisis del Covid-19, ya elevada a categoría de pandemia. Parece ser que esto no es suficiente emergencia para ellos.

En Castilla y León es sorprendente que hayan esperado tanto tiempo muchos liberados para unirse y que les hayan escudado hasta hoy. Afortunadamente la mayoría han respondido al llamamiento y solo unos pocos han buscado mil excusas para escaquearse, como refleja El Norte de Castilla en la noticia La Junta llama a 266 liberados sindicales para incorporarse en puestos sanitarios regionales.

Con la que está cayendo, quienes se ponen de perfil dan una respuesta absolutamente despreciable, indigna de la profesionalidad de la mayoría de los sanitarios y que merece contestación. Estamos viendo falta de personal y de medios, hospitales colapsados o a punto de desbordarse y con sus profesionales extenuados. Incluso médicos/as en su jubilación que se reintegran al trabajo o estudiantes de últimos cursos que se forman a marchas forzadas y se les contrata; pero sin embargo estos "compañeros" no ven necesario pasar a la situación de activo.

Por suerte son un grupúsculo vergonzoso pero mínimo dentro del gran colectivo sanitario y de todas las personas maravillosas que trabajan en hospitales y centros de salud, quienes están dejándose la piel para cuidarnos y evitar muertes.

Una reflexión final: ojalá que de ésta, al fin toda la población entienda la importancia de un buen sistema público de salud y salga a la calle a defenderlo cada vez que pretendan nuevas privatizaciones de hospitales y otros desmantelamientos de servicios públicos. Asimismo, que esta crisis nos abra los ojos y exijamos dar marcha atrás para que todo lo que fue usurpado a lo publico y privatizado, vuelva a ser público de nuevo, una vez demostrado que es el pilar de la Sanidad.

Gracias, últimoCero

Acabamos de conocer una mala noticia: últimoCero deja de publicar contenidos por falta de respaldo económico suficiente. Solo las aportaciones individuales de muchas personas sirven para eludir la censura que supone la ausencia o concentración de grandes anunciantes, privados o institucionales, y este apoyo para mantener un medio libre sostenido por sus lectores, no ha sido posible.

Cuando un periódico o plataforma digital desaparece, es algo muy malo para la libertad de información, pero aún resulta peor en el caso de ultimoCero.com, porque era especial... desde el principio y durante estos 7 años de andadura, ha estado del lado de colectivos, plataformas y asociaciones que eran silenciadas en el resto de medios de comunicación. Sacaba a la luz las denuncias incómodas que nadie más publicaba, con total libertad y verdadero rigor informativo, sin mordazas ni candados, comprometiéndose con la defensa del derecho de tod@s a acceder a la información al margen de su capacidad económica. 

últimoCero siempre tuvo un espacio para las acciones y denuncias de PLADEPU en defensa de lo público, apoyando las demandas contra Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León y poniendo el foco en la pérdida de derechos de 80.000 empleadas y empleados públicos de la Comunidad, de quienes el PP se ha reído durante 30 años y ahora continúa haciéndolo en coalición con Ciudadanos, los de la regeneración democrática. 

Es una pena que no haya habido más compromiso por parte de colectivos a quienes últimoCero ha servido informativamente cada día, el de funcionari@s y empleadas y empleados públicos.

Seguimos convencidos de que el modelo periodístico del presente es digital, pegado a la realidad local de cada territorio, en el contexto de una sociedad global interconectada. Pero, sobre todo, financiado con las aportaciones individuales que sumadas garantizan la necesaria libertad informativa. Solo esa garantía de independencia puede combatir el discurso uniforme de las contadas corporaciones económicas que dictan el discurso que ellos mismos presentan como “realidad”.

Muchas gracias Germán, Gaspar y Fernando por vuestro compromiso, valentía y tesón, que no cae en saco roto. Dejáis un hueco imposible de llenar. Desde PLADEPU os pedimos perdón por quizás no haber estado a la altura y ojalá esto sea solo un hasta pronto.

CSIF, CCOO Y UGT amenazaron al Consejero de Presidencia por querer reunirse con la Junta de Personal de Servicios Centrales

EN UNA ACTUACIÓN MAFIOSA IMPIDIENDO EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS

Los funcionarios autonómicos de la Junta de Castilla y León somos los peor pagados de España. No tenemos carrera profesional. No tenemos un concurso de traslados anual, aunque así lo exige la Ley. Nuestras RPT son un desastre. Y por supuesto, somos de las pocas administraciones que tenemos 37,50 horas semanales.

¿Y qué han hecho los sindicatos pactistas, CSIF, CCOO y UGT, en estos últimos años? Pues han tenido el cuajo de ser cómplices de que no se convocase la mesa sectorial de la función pública en los últimos 8 años. Mientras los docentes y sanitarios tienen sus propias mesas de negociación, a los funcionarios y laborales se les ha usurpado este derecho. Conclusión. Los sanitarios y docentes tienen carrera profesional y concurso de traslados anual. Los funcionarios no. Y los laborales tampoco la carrera profesional. Hasta en las negociaciones de las RPT de funcionarios han intervenido sanitarios y docentes, y no la tercera fuerza sindical de funcionarios más votada. Demencial y vergonzoso, pero cierto.

Pero claro, después de esta actitud y con estos resultados nefastos, los sindicatos pactistas saben que así no pueden presentarse a las elecciones del año 2020. ¿Qué pueden contar a los funcionarios de sus gestiones en los últimos 4 años..?

Por eso, ahora están tan reivindicativos. Quieren la resolución del concurso de traslados de funcionarios y las 35 horas, como mal menor. Por eso, CSIF está realizando una campaña de presión brutal para que la Junta resuelva el concurso, aunque sea a costa de degradar las condiciones de los funcionarios y el gran coste en indemnizaciones para las arcas de Castilla y León que supondrá la resolución de este concurso cuando los jueces declaren ilegal el catálogo de puestos tipos. Un lavado de cara de gran irresponsabilidad.

Pero no sólo esto. En teoría van de defensores de los funcionarios, pero no respetan la autonomía de las órganos específicos que representan a los funcionarios. El colmo de la desvergüenza se ha producido cuando los 3 sindicatos pactistas boicotearon la reunión de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales con el Consejero de Presidencia el pasado 31 de octubre. Reunión aprobada por el Pleno de la Junta de Personal y solicitada el 10 de septiembre. En un primer momento pretendieron retorcer el reglamento de la Junta de Personal para impedir la reunión. No pudieron. Después amenazaron a su Presidente y Secretario para que no fueran. No lo consiguieron. Finalmente, 10 minutos antes de la reunión, llamaron al Consejero de Presidencia advirtiéndole que si se reunía con la Junta de Personal la huelga del 6 N era inevitable. Han leído bien. Los 3 sindicatos pactistas chantajearon al mismísimo Consejero de Presidencia con la huelga general si se reunía con un órgano de representación de los funcionarios. Ni en Sicilia ocurren estas cosas. Esto es lo que les importan los funcionarios a los dirigentes de estos tres sindicatos. CSIF, CCOO y UGT se creen con la patente de corso para decidir cuándo hablar y de qué con la Administración. Ni los representantes directos de los funcionarios pueden sentarse a hablar con la Administración sin el consentimiento de estos tres sindicatos.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sentimos una gran vergüenza al publicar estas líneas, especialmente por los votantes y afiliados de pie de los citados sindicatos. Y hemos esperado a que finalizara la jornada de huelga de hoy para hacerlo. Pero esta actuación mafiosa de su cúpula se tenía que conocer.

Resumen de la asamblea del pasado Super Viernes de Negro en Valladolid

1) Gobierno nuevo, problemas viejos:

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) constatamos que el supuesto cambio de gobierno en CyL no ha sido tal, puesto que realmente sigue dirigiendo la Junta CyL el Partido Popular, ahora junto con Ciudadanos. Parece que la ola de externalizaciones, privatizaciones y recortes en la administración de la Junta va a continuar, salvo que presentemos batalla. El panorama se presenta duro, nadie ha hablado de evertir el proceso de reducción de plantilla con la convocatoria de nuevas oposiciones para aumentar y rejuvenecer el personal (que en los últimos años se ha reducido en más de 4.000 personas y no para de envejecer). A pesar de la anunciada disolución de la fracasada Fundación Villalar (que esperamos se haga lo antes posible) estamos aún muy lejos de acabar con la administración “B” paralela y sus chiringuitos. Las declaraciones contradictorias del nuevo consejero de transparencia, Igea, expresando primero que no se pueden volver a implantar las 35 horas por falta de presupuesto y diciendo al cabo de unos días, que es imposible por falta de profesionales, ha desatado la ira entre todos los funcionarios que ya no se creen sus mentiras.

Somos conscientes de que hay dinero, tan solo está mal distribuido, dedicándose a partidas que nada tienen que ver con la Función Pública. Todo indica que PPCs pretenden seguir adelgazando Administración, porque su objetivo son unos servicios públicos privatizados y vendidos al mejor postor, quieren acabar con una administración al servicio de la ciudadanía, que sea libre de intereses políticos y con el funcionariado independiente de sus dirigentes, solo sometido a la legalidad.

2) 35 horas, menos es más:

Dinero hay solo con todo lo que se han ahorrado en estos años al implantar las 37 horas y media, ya que se han evitado cientos de contrataciones e interinidades. Ahora que las condiciones económicas son buenas, por dignidad debemos exigir recobrar nuestros derechos perdidos, ya hemos hecho suficiente sacrificio.

Debemos plantarnos para que no se sigan riendo de nosotr@s y exigir las 35 horas y todo lo que implica.

Las 35 horas son mucho más que recuperar nuestro tiempo perdido. Implica recuperar unos 3.500 puestos de trabajo de los que se han recortado estos años. Implica evitar el proceso de reducción de plantilla que quieren realizar desde todos los flancos. Un flanco es imponernos más horas de trabajo y otro es la huida hacia adelante que está perpetrando la Junta con el simulacro de concurso abierto y permanente. Planteamos qué medidas podemos hacer para plantar cara y recuperar las 35 horas. PLADEPU apoyaremos todas las movilizaciones en este sentido vengan de los sindicatos grandes, de los minoritarios o de la iniciativa particular. Medidas que llevaremos a cabo:

• Recuperar los viernes de negro, empezando el 8 de noviembre. Esos viernes en vez de consumir en el rato del café, nos concentramos de negro a la puerta de nuestro centro.
• Una versión alternativa es los viernes hacer movilizaciones largas, de 13 a 15 horas, recurriendo a las bolsas de horas que tienen los diferentes sindicatos. Son paros encubiertos de 2 horas para dar a entender que no estamos conformes y que vamos a continuar mientras esto no se arregle.
• Otras que se nos ocurran.

En cualquier caso lo importante es comunicar a la opinión pública que el aumento de horas implica una precarización del servicio y peores condiciones laborales que al final vamos a pagar tod@s, puesto que a la larga supone pocas plazas en oposiciones futuras, con la consabida falta de oportunidades para la juventud -no olvidemos que la Junta CyL es la principal fuente de trabajo al ser la mayor empresa de nuestra comunidad autónoma- o bien ofertas de empleo público congeladas indefinidamente.

3) Concurso de traslados, un paso adelante y dos para atrás:

PLADEPU lleva años alertando de que la Junta debería atajar el despropósito del Catálogo de Puestos Tipo (CPT) cuanto antes, en vez de seguir con esta huida hacia adelante que no lleva a nada. Desde el momento que el concurso de 2014 escatimaba 1.300 plazas que dejaba fuera de acceso - algo de lo que alertó el sindicato CGT- las reglas del juego ya estaban pervertidas y todo lo que derivara de allí sería un fraude, máxime añadiéndole el posterior Catálogo de Puestos Tipo. A partir de ahí la bola de nieve no ha hecho más que crecer y crecer, con unos 40 recursos en total, al catálogo de puestos tipo, a las RPT y al concurso de traslados que ha derivado de todo lo anterior.

Creemos que no es tan difícil revertir este proceso, en 3 o 6 meses la Junta de Castilla y León podría resolverlo retirando el recurso presentado a la sentencia que anula el catálogo de puestos tipo, de este modo dejaría sin efecto dicho recurso y los que derivan de él, es decir los recursos a la RPT y al último concurso. La situación se retrotraería a diciembre de 2014, con lo cual solo habría que volver a rehacer ese concurso antiguo con todas las plazas robadas en su momento a los funcionarios/as. Los méritos de todas las personas que han concursado están perfectamente estudiados así que en la era de la informática éste sería un trabajo muy sencillo.

La Junta CyL no predica precisamente con el ejemplo, ya que incumple de forma reiterada la legalidad que tan duramente impone a la ciudadanía. Sus dirigentes se han considerado por encima del bien y del mal, creyéndose inmunes a los juzgados. Pero no siempre se salen con la suya y a la cascada de sentencias en contra de sus concursos, CPT y RPT, se une ahora el reciente Auto del Juzgado número 1 de Valladolid por el que se estima la suspensión del concurso abierto y permanente de 11 de abril de 2019 y se deja sin efecto la vista que estaba fijada para el 26 de noviembre de este año. Esto es "de facto" una suspensión del concurso. Con una argumentación contundente que la Junta no puede desoír, salvo que quiera enfangar más judicialmente los derechos del funcionariado.

Medidas que se pueden llevar a cabo:

• Redactar un escrito pidiendo que se resuelva el concurso, más consecuente que el de CSIF, explicando por qué el concurso no puede seguir adelante tal y como está ahora, totalmente lastrado. Cómo es posible revertir el proceso y sacar un concurso legal y con todas las plazas a las que tenemos derecho en menos de 6 meses y recogiendo firmas para que así se haga. Es decir la misma iniciativa de dicho sindicato pero con un texto totalmente distinto.
• Demandar por la vía penal al actual Consejero y demás responsables de función pública, si no llevan a efecto todo lo aquí planteado. Por un lado es cierto que ellos no son los responsables de este desastre, ya que el equipo de gobierno que lo perpetró fue otro diferente, pero por otro es cierto que aceptaron voluntariamente ser sus sucesores. Esta mala voluntad de la Junta nos va a repercutir si no se soluciona y ya son bastantes los años que lo hemos sufrido.
• Proponer a la Junta de Personal de Servicios Centrales de funcionarios de la Junta de Castilla y León que reclame al Presidente de la JCyL por escrito una respuesta a la siguiente pregunta: ¿La JCyL va a resolver definitivamente el concurso de méritos que actualmente está en la fase de resolución provisional? ¿En qué fecha? Una respuesta clara ante la incertidumbre e impaciencia de los funcionarios más que justificadas.

Compendio de noticias.

Hoy 18 de octubre: SUPER VIERNES DE NEGRO en Valladolid

Descarga el cartel aquí

Viernes 18 de octubre a las 13:00h

Concentración en la plaza del Milenio
Asamblea en el salón de actos de las Consejerías de Economía y Hacienda

El aumento a las 37,50 horas semanales ocurrió dentro de un paquete de medidas de ahorro, no para que trabajemos más horas, ni para secuestrarnos tiempo para la vida personal. Lo hicieron para eliminar puestos de trabajo. El resultado de tanto recorte es una brutal pérdida de calidad en enseñanza, sanidad, servicios sociales, dependencia, centros de educación especial, etc.

Por lo tanto, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) vamos a exigir recuperar nuestro derecho de las 35 horas, que la Junta está incumpliendo, junto a los puestos de trabajo perdidos y no ofertados mediante oposiciones.

Y os animamos a TOD@S, sin siglas, a reivindicarlo en concentración de Viernes de negro el próximo viernes 18 de octubre a las 13:00 en la plaza del Milenio.

Tras unos minutos de concentración, nos trasladaremos al salón de actos del edificio próximo que alberga las Consejerías de Economía y Hacienda, donde celebraremos asamblea abierta y participativa con el siguiente orden del día:

1. Gobierno nuevo, problemas viejos.
2. 35 horas = 3.500 nuevos empleos públicos.
3. Concurso de traslados, un paso para adelante y dos para atrás.

Los permisos para poder llevar a cabo este acto (concentración, sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad asamblea / salida sindical; se entregará justificante).

Desde PLADEPU animamos a todos los Empleados Públicos a aprovechar esta oportunidad de acudir de forma conjunta y sin divisiones a una asamblea donde promoveremos un debate constructivo y unitario, por lo público, por nuestra dignidad y por nuestros derechos. Reenvía esta información a tus contactos.

  ¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, ES DE TODOS!! ¡ES TUYO!!
Material de apoyo: Carteles PLADEPU.

Castilla y León, en venta al mejor postor

Fractura hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo

Los recursos naturales públicos expoliados a espaldas del público.

La autorización a la minería energética da pie al temido fracking.

Recientemente hemos conocido la última modificación de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León tras ser publicada en el BOCyL el pasado 26 de marzo. Hasta aquí todo podría ser normal, se trataría de una modificación más. Sin embargo, leyendo el Boletín se llega a la conclusión de que nada más lejos de la realidad; esta modificación en verdad implica cambios de gran calado que se han llevado a cabo en un tiempo récord en las Cortes de Castilla y León sin plantear un debate social ni permitir la participación pública de las personas y los colectiva pesar de que afectará al medio ambos, iente, puesto que supone eliminar de un plumazo las anteriores restricciones a la minería energética y no energética. Además de permitir proyectos mineros nada más que con una autorización excepcional de uso de suelo rústico (emitida por la propia Junta), en suelos protegidos donde hasta ahora no se podían desarrollar este tipo de proyectos.

Y ello a pesar de que ya hay herramientas jurídicas a nivel de normativa para realizar la extracción de áridos y canteras, de otro tipo de minería y de aguas minerales. Viene reflejado en el Decreto 22/2004, el cual detalla todas las actividades extractivas. Entonces, ¿por qué esta "modificación" exprés? El Partido Popular con la connivencia de Ciudadanos parecen querer eliminar las trabas jurídicas y los controles democráticos y ambientales para desbloquear ciertos proyectos mineros especulativos de alto impacto, concretamente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Da la sensación de que intentan saltarse los informes preceptivos del Consejo de Urbanismo, de los Ayuntamientos, de las Consejerías de la Comunidad Autónoma, del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social, de los Servicios Jurídicos de la Junta, del Consejo de Cooperación Local o evitar la información pública y la participación de toda la ciudadanía. Se nos está evitando a la sociedad el poder opinar sobre algo de suma importancia, porque no ha habido periodo de exposición pública.

Esta modificación legislativa, que en realidad es un cambio de gran calado en las normas, se ha llevado a cabo sin ningún periodo de información pública y en resumen lo que hace es abrir la veda, puesto que no garantiza la ausencia de extracciones mineras en espacios protegidos, en suelos de protección natural o en suelos de protección arqueológica. 

La ley se debatió en las sesiones de las Cortes del 12 de diciembre de 2018 y 20 de febrero y 13 de marzo de 2019, únicos documentos a los que tenemos acceso la ciudadanía sobre este tema. En los Diarios de Sesiones, en todo momento vemos como el Sr. Cruz García del PP se refiere a regularización y categorización del suelo. En sus intervenciones recalca que se trata de actividad extractiva no energética. En la página 11307 del Diario de Sesiones lo deja patente con estas palabras: "...en esta Cámara hubo un compromiso claro de que no tendría cabida el fracking en esta Comunidad y que fue un acuerdo que todos los grupos sustentamos en el Plan Director de Promoción Industrial, y por eso hemos querido dejarlo claro en el texto [..] esa minería energética es la que genera una mayor preocupación en el entorno donde se aplica...". La posición de Ciudadanos es aún peor, la única restricción que plantean es una regulación para que la actividad minera en suelos con protección natural no sea energética. Para el resto, ancha es Castilla, nunca mejor dicho.

Pues bien, todo lo debatido se queda en agua de borrajas cuando vemos el Boletín Oficial del 26 de marzo de 2019 cómo queda modificado el artículo 23: "En suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente, atendiendo al interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:[..]
b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así como construcciones e instalaciones de vinculadas a las mismas".

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) conoce muy bien las imposiciones de la Junta de Castilla y León, pero lo de esta Ley de Urbanismo es sumamente grave por cómo se ha hecho, a escondidas, y por todo el daño que puede implicar para el medio rural y natural de nuestra Comunidad. Por ello, con la celebración del día de la Comunidad, queremos hacer patente este atropello a nuestra Comunidad y ayudar a evitarlo.