Incompatibilidades en cargo público

PLADEPU DENUNCIA INDICIOS GRAVES DE CORRUPCIÓN EN UN ALTO CARGO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EXIGE SU CESE INMEDIATO

la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denuncia públicamente una situación extremadamente grave que afecta a José Manuel Jiménez Blázquez, alto cargo de la Junta de Castilla y León, cuya acumulación de cargos presentan claros indicios de corrupción institucional, abuso de poder y quiebra absoluta de la ética pública.

El Sr. Jiménez Blázquez ostenta simultáneamente los siguientes cargos:

• Desde diciembre de 2011, Consejero Delegado de la sociedad pública SOMACYL cargo ejecutivo con funciones de gestión directa.
• Desde noviembre de 2020, Administrador Solidario de la empresa privada CÁRNICAS BARCENSES, S.A., cargo aún vigente según el Registro Mercantil dado que no consta asiento de cancelación.
• Desde mayo de 2022, Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, sometido a régimen de dedicación exclusiva y prohibición absoluta de ejercer actividad profesional o mercantil (arts. 6 y 7 de la Ley 3/2016, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León).

Esta triple condición no es una irregularidad menor ni un descuido administrativo: es una situación incompatible con cualquier estándar democrático de integridad, expresamente prohibida por la ley y absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. El conflicto de intereses es manifiesto pues es administrador de una empresa con actividad mercantil que a su vez puede ser beneficiada por las decisiones tomadas en los otros cargos, lo cual está expresamente prohibido por el art. 8 de la Ley 3/2016.

El artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, lo deja claro: «No podrán contratar con el sector público quienes se encuentren incursos en conflicto de intereses con la Administración contratante.» La compatibilidad con empresas privadas del mismo o similar ámbito (infraestructuras, medio ambiente, actividad forestal o cárnica) plantea un riesgo claro de ilegalidad, conflicto de intereses e incluso de nulidad de actuaciones administrativas. Sin embargo el Sr. Jiménez Blázquez como cargo directivo tanto en la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) como en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha participado responsablemente en una cantidad importante de contratos en el sector público.

La normativa sobre incompatibilidades existe precisamente para evitar que los responsables públicos utilicen su posición para favorecer empresas privadas, facilitar financiación, obtener subvenciones, influir en autorizaciones administrativas o condicionar decisiones regulatorias. En este caso, la simultánea condición del Sr. iménez Blázquez como Director General y Consejero Delegado de SOMACYL implica acceso privilegiado a información, capacidad de decisión en materias económicas y relacionales con la Administración, mientras que Cárnicas Barcenses es una sociedad cuya actividad puede depender de autorizaciones, subvenciones o contratos públicos. Esta doble condición quiebra los principios de imparcialidad, integridad y objetividad, genera un conflicto estructural no subsanable y vulnera la prohibición de participar en órganos de sociedades privadas cuya actividad puede verse potencialmente influenciada por decisiones del mismo ámbito público que dirige.

Jiménez Blázquez se ha visto envuelto a lo largo de su trayectoria en varios asuntos turbios de esta Comunidad (la pasarela de Benavente, la trama eólica, la perla negra, el polígono de Portillo, Meseta Ski...) de los que finalmente ha salido indemne. Y en sus inicios como Director en SOMACYL, el propio Consejo de Cuentas informó del incumplimiento de esta empresa pública en los procedimientos de contratación en los ejercicios 2010 y 2011.

PLADEPU considera que mantener deliberadamente esta situación en un alto cargo puede explicarse desde la voluntad consciente de conservar poder, control y capacidad de influencia en beneficio propio o de intereses privados vinculados al alto cargo.

No estamos ante una mera apariencia de conflicto de intereses, sino ante una estructura de poder concentrado que permite al mismo responsable público decidir, influir, ejecutar y beneficiarse, directa o indirectamente, de las políticas y resoluciones que emanan de la Administración autonómica. Esta forma de actuar encaja con los patrones clásicos de corrupción institucional, donde lo público se instrumentaliza al servicio de intereses privados.

PLADEPU subraya que no es necesario acreditar un acto concreto para hablar de corrupción política: basta con constatar la utilización del cargo público para situarse en una posición de ventaja, la resistencia a cumplir la ley y la confusión deliberada entre lo público y lo privado. La permanencia del Sr. Jiménez Blázquez en estos cargos supone una afrenta a la ciudadanía, a los funcionarios que cumplen la ley y a los principios más básicos de transparencia y buen gobierno, enturbiando nuestra reputación y dignidad como trabajadores honorables de la administración autonómica.

Por todo ello, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exige al Presidente de la Junta de Castilla y León, a la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y al Consejo de Administración de SOMACYL:

• El cese inmediato del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez como Consejero Delegado de la sociedad pública SOMACYL y como Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental
• Veto pleno y absoluto a que el Sr. José Manuel Jiménez Blázquez no vuelva a figurar en ninguna lista, cargo o posición de responsabilidad pública en el futuro organigrama de la Junta de Castilla y León
• La apertura urgente de investigaciones administrativas y de control para esclarecer si la actuación del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez ha podido derivar en beneficios indebidos, financiación irregular o resoluciones arbitrarias, incoando el oportuno expediente de comprobación de incompatibilidades a la Inspección General de Servicios.
• La depuración de responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, de cualquier otra naturaleza del Sr. José Manuel Jiménez Blázquez.

Castilla y León no puede permitirse funcionarios que actúen como señores del poder público, creyéndose por encima del bien y del mal, acumulando funciones, ignorando la ley y degradando las instituciones.

Noticias de elDiario.es: Un director general de la Junta de Castilla y León administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad y La empresa “inactiva” del alto cargo de la Junta de Castilla y León tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022.

Derechos de mentira

El papel lo aguanta todo. Las leyes dicen una cosa, la realidad dice otra.

Desde el año 1994, los ciudadanos de Castilla y León tenemos por Ley una figura que actúa para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que de éstas dependan: el Procurador del Común.

Y desde el año 2016, por Ley los ciudadanos de Castilla y León contamos con el Comisionado de la Transparencia, que entre sus funciones se encuentra la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Sector Público Institucional de Castilla y León.

Procurador del Común

Las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes para la Administración. Es decir, el Procurador del Común puede decir que incumplo la Ley. Y yo puedo seguir incumpliendo la Ley porque no tengo obligación de hacer caso al Procurador del Común. Hecha la Ley, hecha la trampa.

De las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio, el Procurador del Común investiga y resuelve sendos expedientes. Pero los expedientes publicados en la institución no muestran el plazo desde que una queja es admitida hasta que finalmente es resuelta. Por eso PLADEPU hemos analizado los  informes estadísticos anuales más recientes para obtener una aproximación de este plazo:

• Resoluciones* dictadas en el año 2020 provenientes de:
  • 350 quejas iniciadas en 2019 (48%)
  • 372 quejas iniciadas en 2020 (52%)

• Resoluciones* dictadas en el año 2021 provenientes de:
  • 69 quejas iniciada en 2019: (9%)
  • 319 quejas iniciada en 2020: (41%)
  • 384 quejas iniciadas en 2021: (50%)

• Resoluciones* dictadas en el año 2022 provenientes de:
  • 3 quejas iniciada en 2019: (<1%)
  • 55 quejas iniciada en 2020: (7%)
  • 411 quejas iniciadas en 2021: (53%)
  • 307 quejas iniciadas en 2022: (40%)
  * Correspondientes sólo de las resoluciones publicadas a texto completo en la página web de la Institución del Procurador del Común

De estos datos podemos intuir que, de media, las quejas tardan más de medio año en resolverse, y lo que es peor, las cifras de los últimos años nos dice que la tendencia es que estos plazos están en aumento.

Con el ánimo de agilizar las comunicaciones el Procurador del Común y las distintas administraciones, la institución creó un Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, bien por no remitir a tiempo a cuestiones planteadas por el Procurador del Común durante la investigación de un caso, o bien por no dar contestación a las advertencias, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Procurador del Común en sus resoluciones. Esta “lista negra”, cuyos integrantes son en su mayoría Ayuntamientos, no parece ser una medida suficiente.

Comisionado de la Transparencia

Las resoluciones del Comisionado de la Transparencia son vinculantes para la Administración. Pero no hay un régimen sancionador para el que lo incumpla. Es decir, el Comisionado de la Transparencia puede decir que debo facilitar un documento. No lo hago. Y como no hay un régimen sancionador, no me pasa nada. Hecha la Ley, hecha la trampa.

El grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes de esta institución se recoge en la memoria de 2022, con una tendencia no favorable:

En consecuencia, los ciudadanos tenemos algo pero con frecuencia nos vemos obligados a buscar justicia o transparencia debemos en los juzgados, porque la labor del Procurador del Común y del Comisionado de la Transparencia se queda en papel mojado.

Pero todavía hay más. El ciudadano de a pie puede pensar que en el año 2016 cuando se creó el Comisionado de la Transparencia, se dotaba a esta institución de nuevos medios personales. Pues no fue así. Lo que se hizo fue detraer los medios personales del Procurador del Común. Es decir, parte de los funcionarios que trabajaban en el Procurador del Común pasaron a trabajar en el Comisionado de la Transparencia. Doble trabajo con la misma gente. Resultado. Que el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia incumplen los plazos legales establecidos para resolver sus expedientes.


Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denunciamos el mal funcionamiento de estas dos instituciones creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Demandamos una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el propio organismo. Exigimos un régimen sancionador para los que incumplan las Resoluciones del Comisionado de la Transparencia. Y solicitamos más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia.

De la brecha digital a la exclusión social

La tecnología avanza y las administraciones públicas deben facilitar a la ciudadanía la realización de trámites a través de Internet. No hay duda de los beneficios de la digitalización de los procesos administrativos que permiten operar por Internet con la administración las 24 horas. Pero estas ventajas se desmoronan en cuanto una facilidad para algunos se convierte en una dificultad para otros.

Porque una digitalización administrativa mal llevada y sin un acompañamiento adecuado es factor de exclusión social. Como sucede por ejemplo con la forma que impone ahora la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para otorgar las licencias de caza y pesca.

La propia Junta de Castilla y León establece que las personas físicas pueden elegir medios electrónicos o no en el ejercicio de sus derechos y obligaciones con la Administración, salvo para determinados procedimientos en los que se razone una imperatividad concreta. La solicitud o renovación de una licencia de caza o pesca no conlleva unos cálculos dinámicos ni formularios complejos que justifiquen la obligatoriedad de tener que presentarse exclusivamente de forma telemática.

Esto no solo supone el cabreo de los administrados que siguen acudiendo a las oficinas, sino también el agobio de los funcionarios de los Servicios Territoriales que hasta hace poco tardaban unos instantes en tramitar las licencias, y ahora explican de buena fe a cada particular cómo debe hacerlo desde su móvil.

En este sentido, adjuntamos modelo de reclamación para rellenar y registrar en la Junta de Castilla y León de cara a que la atención para obtener las licencias de caza/pesca siga siendo presencial, extrapolable a cualquier otro trámite administrativo similar.

Campaña para recurrir concurso estabilización laborales JCYL

La Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad que pretende hacer fijos a interinos de larga duración, en su mayoría solo por concurso de méritos y sin exámenes, va a dejar al personal laboral fijo casi sin opciones en futuros concursos de traslados, pues los los interinos regularizados podrán además concursar con toda su antigüedad. Los opositores verán también muy limitadas sus opciones porque menguarán las plazas vacantes a convocar en las Ofertas de Empleo Público.

🚦 Se está gestionando recurrir el concurso estabilización de personal laboral (Grupos I, II, III, IV y V) de la Junta de Castilla y León, en coordinación con la Asociación Defensa Turno Libre y mediante el despacho Administrativando Abogados.

Se abre por tanto la posibilidad de recurrir un proceso de estabilización concreto para el personal laboral, si bien comparte con funcioarios no docentes la resolución con los criterios de baremación y la misma Oferta de Empleo Público por Acuerdo 131/2021.

➡️ Los interesados podéis escribir a pladepu@gmail.com solicitando la información, donde recibiréis un correo electrónico con los plazos limitados de que disponemos, la aportación económica por cada colaborador ya prefijada y bastante razonable, y cómo participar de manera colectiva.

El momento es ahora y el éxito de esta iniciativa pasa por la acogida que tenga entre los directamente afectados.

El acuerdo de la inmundicia

Cuando parecía que era imposible que la Junta de Castilla empeorará las cosas, ha conseguido el más difícil todavía, denigrar la Función Pública hasta límites insospechados. Esta vez los mamporreros de turno han sido CSIF, UGT y TISCyL.

El pasado 20 de octubre de 2022, el BOCYL publicaba resolución con el Acuerdo de la mesa general de negociación relativo a las bases generales que regirán los procesos selectivos de estabilización aprobados por Acuerdo 131/2021 y derivados de la Ley 20/2021 en la Junta de Castilla y León. Este Acuerdo de la mesa general de negociación es una inmundicia que vulnera los derechos constitucionales de los españoles, denigra a la función pública y pervierte gravemente los servicios públicos de esta Comunidad.

¿Qué dice este Acuerdo en las plazas de estabilización donde sólo haya fase de concurso?

Por ejemplo, que para los méritos profesionales, que valen 85 de 100 puntos, solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública? ¿Por qué no se valoran los méritos en una empresa privada? ¿Por qué no se valoran los méritos como funcionario de carrera? ¿Qué cachondeo es este?

Y lo que es más grave, este Acuerdo supone un escupitajo en la cara a todos los funcionarios de carrera de la Junta de Castilla y León. Os ponemos un ejemplo. Un funcionario C2 de la Junta de Castilla y León que es diplomado, y que se sacó su plaza hace 15 años a pelo, sin ser nunca interino. Para acceder a un puesto A2, debe aprobar dos oposiciones de promoción interna,… el siglo que las convoquen. Pues con este Acuerdo, a este funcionario se le impide optar a las plazas de estabilización A2 que se saquen. Y dentro de 2 años, habrá un funcionario A2 sin haber aprobado un solo examen de oposición, mientras que otros funcionarios deberán aprobar 3 procesos selectivos para ser A2 (salvo que la apruebe en libre). ¿Tiene alguna lógica esto? No entendemos como a estas alturas de la película, CSIF, UGT y TISCyL tienen en Castilla y León algún afiliado que sea funcionario de carrera.

Pero para las plazas de estabilización de concurso-oposición, este Acuerdo sigue siendo igual de vergonzoso.

La fase de oposición constará únicamente de un examen tipo test. No será obligatorio aprobar el examen. Se deberá sacar una nota superior a la mitad de la media de las diez mejores notas del examen para pasar a la fase de concurso. Las preguntas tipo test solo tendrán 3 respuestas. Y las que se contesten mal, solo restarán 1/9. Y por supuesto, la fase de concurso valdrá el 40% y solo se contabilizará la experiencia como funcionario interino o personal laboral temporal. ¿Es esto constitucional? ¿Dónde está el mérito, la igualdad y capacidad para acceder a la Función Pública?

Llama la atención que para el concurso el haber sido buen opositor y haber aprobado exámenes previos en los últimos 10 años, se valora como máximo con 5 paupérrimos puntos sobre 100.

Si la Ley 20/2021 era una bazofia, el Acuerdo que la Junta de Castilla y León ha rubricado con los profesionales de la firma es un insulto para los funcionarios de carrera y personal laboral de esta región. Y pone de manifiesto la inconstitucionalidad que subyace en el fondo la Ley 20/2021 del gobierno central, redactada de forma perversa para que los procesos selectivos que son en teoría de “libre acceso”, en el fondo vayan encaminados a regalar la plaza al personal temporal por el mero hecho haber trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años establecido el Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Junta de Castilla y León deben salir antes de final de año todas las convocatorias de concurso y de concurso-oposición de las plazas de laborales y funcionarios no docentes, con los criterios de baremación del Acuerdo analizado, y que destina 2.636 plazas “regalo” a la estabilización del personal temporal. A las que hay que sumar otras 1.324 plazas de funcionarios docentes y 5.840 plazas de personal estatutario.

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Con el objetivo de emprender recurso judicial específico a convocatoria de la Junta de Castilla y León, la Asociación Defensa Turno Libre ha abierto campaña de captación de nuevos socios y aportaciones en Castilla y León. La explicación y encuesta de participación está en el grupo Telegram CYL-Defensa Turno Libre.

Se necesita alcanzar con antelación la provisión de fondos necesaria que permita abrir recurso judicial en nuestra Comunidad, y que se sume a los ya abiertos por la Asociación DTL en otros territorios. El lamento no llega a los tribunales, ¡PARTICIPA!

Nace la Asociación Defensa Turno Libre para llevar a la vía judicial la Ley 20/2021

Carteles aquí para imprimir
y colgar en tu centro de trabajo

Desde hace unos días, la Asociación Defensa Turno Libre está legalmente constituida y trabajando para acudir a la vía judicial en procesos derivados de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, y que afecta a todas las administraciones.

Una ley de la que son partícipes partidos políticos y sindicatos cómplices, que cambia las reglas del juego del acceso a la función pública para beneficiar al colectivo concreto de interinos de larga duración, saltándose para ello los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que hasta ahora regían para obtener una plaza fija de empleado público.

Con origen en la plataforma que lleva el mismo nombre, el esfuerzo altruista de sus fundadores y la colaboración de cientos de funcionarios y opositores, se ha logrado formar esta asociación y contratar los servicios del prestigioso despacho de abogados en derecho administrativo y contencioso-administrativo Administrativando Abogados.

Llevar a la vía judicial ofertas y convocatorias derivadas de la ley 20/2021 tiene un elevado coste, que no va a financiar ninguno de los sindicatos vendidos, sino sus propios socios:

• Funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, conscientes del agravio comparativo y perjudicados en futuros concursos de traslados.
• Opositores sin experiencia que ven muy limitadas las opciones para acceder a la función pública.
• Interinos y personal temporal que sí se preparan y saben que el camino honesto para acceder a la administración es por oposición.
• Y ciudadanos que creen que el esfuerzo en el acceso al empleo público redunda en la calidad la calidad de los servicios públicos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ayuntamiento, nuestra diputación…

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) apoyamos la Asociación Defensa Turno Libre (DTL), pero esto pasa por que los afectados nos hagamos socios de forma masiva. Toda acción en defensa de los servicios públicos es bienvenida, y en este caso hacerse socio por sólo 5 euros al mes de forma individual es imprescindible para que la asociación tenga recursos para denunciar más convocatorias y con mayor prontitud, con una estrategia marcada a fin de elevar a inconstitucionalidad la ley 20/2021.

Entra en asociaciondtl.com para obtener toda la información, consultar los estatutos y asociarte cómodamente de forma online.

Entre tod@s podemos dar a conocer la Asociación DTL a nuestros compañar@s. Y os facilitamos carteles para colgar en los tablones de los centros de trabajo para ayudar en su difusión.

Iniciativa Legislativa Popular para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud

Después de dos años de pandemia, a pesar de los miles de millones de euros de fondos Covid gestionados por las diferentes Administraciones, no se han abordado los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que se han continuado aplicando medidas parciales que no han frenado el deterioro del sistema sanitario público, con el consiguiente incremento de las listas de espera y paralelamente de los seguros privados.

Tras un largo esfuerzo y movilizaciones continuadas, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), con el apoyo de decenas de colectivos de todo el Estado, ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha superado los escollos que requiere la Mesa del Congreso.

Esta ILP de “Recuperación y desprivatización del SNS” tiene los siguientes puntos fundamentales:

• Atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
• Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
• Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios para evitar la dependencia de las multinacionales.
• Recuperación y reforzamiento de la atención primaria.
• Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

Se necesita reunir 500.000 firmas en 9 meses para su discusión en el Parlamento. Gracias a la campaña de goteo.org se cuenta con los medios necesarios para firmar la ILP:

• En los pliegos distribuido por toda España, para que puedas firmar presencialmente en los puntos señalados en este mapa.
• Cómodamente desde tu ordenador y de forma digital en la página web firma.recuperatusanidad.org.

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) hemos denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada. A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves. Y entregar a las empresas la gestión directa de los hospitales públicos, sometidas a la ley de mercado, peligra y merma la calidad de la asistencia médica.

Debemos actuar sobre las causas de la enfermedad del sistema sanitario, no solo sobre los síntomas, para que mediante la ILP citada logremos blindar de una vez por todas el sistema sanitario.

Tu apoyo es fundamental. ¿A qué esperas para firmar?

Concentración este sábado en Burgos contra la ley de regularización de interinos

Defensa Turno Libre (DTL) es una plataforma de funcionarios y opositores del turno libre presente en redes sociales que busca aglutinar a los afectados por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de todas las administraciones.

La plataforma viene trabajando en un conjunto de reivindicaciones para lo que es inevitable llevar a la vía penal la ejecución de los procesos de regulación de plazas.

En estos momentos DTL está formando la estructura jurídica necesaria, recogiendo las aportaciones principalemente desde los canales Telegram DTL general y DTL Castilla y León, donde se ofrece además amplia información a los interesados.

PLADEPU animamos a todas y todos a colaborar con DTL para constituir la asamblea y contratar el despacho de abogados, destacado y especializado en Función Pública y Derecho Administrativo. No vale de nada quejarnos y exigir que otros hagan cosas sin colaboración por nuestra cuenta con un pequeño y cómodo aporte económico.

Queremos también difundir la concentración organizada por Defensa Turno Libre confirmada para este sábado 26 a las 12:30 en la Plaza Mayor de Burgos:

Comunicado Defensa Turno Libre.

Resumen de la asamblea LA PLAZA NO SE REGALA en Valladolid

Empleados públicos de la Junta de Castilla y León han debatido sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, inconstitucionalidad y vías para impedir su aplicación, así como la necesidad de la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la Administración "B".

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha mantenido este jueves 10 de febrero asamblea de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, bajo el lema "La plaza no se regala", para debatir, sobre todo, la reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que PLADEPU considera completamente inconstitucional.

¿Qué dice esta Ley? El artículo 2 establece que se realizarán procesos de estabilización mediante un concurso-oposición, pudiendo no ser obligatorio aprobar los exámenes de la oposición. Pero si esto no fuera suficiente, la disposición adicional sexta de esta Ley, establece que para las plazas que estuvieran ocupadas por interinos ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, se convocará un concurso, no siendo necesaria realizar una prueba selectiva y mucho menos aprobarla. Por supuesto, en ambos casos solo se valorará la experiencia en la Administración. ¿Qué garantías tendría entonces un ciudadano ante un funcionario que tiene que versar porque se cumpla la normativa, cuando este último no ha superado la oposición que obliga a conocer dicha normativa? Es como si se permitiera tener policías interinos para ejercer la autoridad.

El artículo 23 de la Constitución Española es claro, “los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Con esta Ley, se incumple claramente el principio de igualdad.

A juicio de PLADEPU, la coartada para esta violación de los derechos fundamentales constitucionales es la Directiva Europea 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999. Una Directiva Europea, que lleva incumpliéndose sistemáticamente durante 22 años, sin que ningún político se diese por aludido, sirve de excusa para degenerar la Función Pública de este país. Decimos excusa o coartada, porque la Directiva 1999/70 CE no dice que al interino que ocupa una plaza durante muchos años haya que regalarle una plaza de funcionario. Y es más, el TJUE ha dictaminado que no cabe la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente en la Administración Española. Por tanto, la Ley 20/2021 regala las plazas a los interinos sin base jurídica alguna.

PLADEPU no estamos contra las personas interinas. Lo que estamosen contra es que porque hayan trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años que siempre ha establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por la irresponsabilidad de las administraciones como por el beneplácito y dejadez de los sindicatos, sean ahora clara e injustamente favorecidos con unos privilegios que suponen:

• Agravio frente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, para el que habitualmente dedicaron años de preparación, y que ven como en futuros concursos de traslados menguarán las plazas vacantes y los interinos regularizados podrán además concursar con toda su antigüedad.
• Agravio frente a opositores, tanto por promoción interna como por turno libre que, mientras estudian y renuncian al disfrute normal de vacaciones y tiempo con la familia y amigos, ven mermados su ánimo y posibilidades por la apropiación de plazas de interinos beneficiarios.
• Agravio frente trabajadores de empresas privadas, autónomos y personas en la cola del paro que, mientras intentan salir adelante en tiempos muy difíciles, ven como a un colectivo en concreto se le agracia con la tranquilidad de una plaza de por vida en la Administración.
• Y agravio en general en la calidad de los servicios públicos donde hasta ahora se premiaba el esfuerzo en el acceso al empleo público basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La propuesta de PLADEPU para resolver este problema, acata la Constitución, cumple la Directiva 1999/70 CE, respeta los derechos de los opositores, parados y trabajadores del sector privado, y da a los interinos la oportunidad de acceder a la plaza que ocupan. La solución que propone PLADEPU es que las Administraciones convoquen Ofertas Públicas de Empleo amplias y con todas las plazas ocupadas por interinos. Así de sencillo y así de fácil. Con esta propuesta en el año 2023 en las Administraciones españolas el número de interinos sería residual. En esta linea, PLADEPU solicitará reunión con la Dirección General de Función Pública de la Junta de C. y L.

PLADEPU defiende la oposición como único medio de acceso a la función pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con porcentajes razonables en la fase de concurso, en donde la obtención de una plaza de funcionario premie al esfuerzo, talento y toda la experiencia laboral que repercutan por tanto en la calidad de los servicios públicos.

Los permisos necesarios para la asamblea fueron facilitados por la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid. C.G.T está de acuerdo en que hay que reducir la temporalidad, pero no como lo plantea la Ley 20/2021. A un empleado público se le debe pedir un alto nivel de exigencia, y para que ejerza con la máxima imparcialidad debe tener una estabilidad en su puesto. C.G.T aboga por sacar una Oferta Pública de Empleo que recoja todas las plazas de forma acumulada, lo que conlleve una amplia oferta para que opten de forma justa a entrar por oposición tanto interinos como opositores.

En esta asamblea se contó además con la importante partición de Defensa Turno Libre (DTL), plataforma de opositores del turno libre y funcionarios de carrera que busca aglutinar a los afectados por la Ley 20/2021 en todas las administraciones. DTL avanzó que está formando una estructura jurídica para armar la vía judicial de manera sólida y contundente, pues será necesario llevar a la vía penal la ejecución de los procesos de regulación de plazas.

Para DTL y PLADEPU es necesario instituir esta estructura jurídica cuanto antes, para lo cual ya se están recaudando fondos. Animamos a tod@s a colaborar aportanto 10 €:

• preferiblemente vía bizum a través de los canales Telegram DTL general y DTL Castilla y León, donde se ofrece amplia información a los interesados y existen grupos de trabajo que elaboran la estrategia a seguir.
• o alternativamente vía transferencia bancaria escribiendo a pladepu@gmail.com indicando DTL en el asunto.

Respecto al segundo punto del orden del día, la degradación de lo público, PLADEPU recuerda que las encomiendas de gestión ampliadas en la Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León posibilitan que los empleados públicos trabajen para empresas de gestión privada y sus servicios sean pagados por la propia Administración.

A esto hay que sumar las fundaciones y entes públicos que conforman la administración “B” paralela y externalizan servicios públicos con ausencia de transparencia y control, manifestado hasta por el propio Consejo de Cuentas en Castilla y León. Con la administración "B" no hay buena gestión y se derrocha dinero público en directivos y alquileres, además de ser una puerta abierta a la corrupción.

Por estas razones, PLADEPU exige la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la administración “B” paralela, devolviendo todas las competencias a la Administración para que todos los servicios públicos estén siempre atendidos y gestionados de forma independiente por el funcionariado libre de intereses políticos, y lo que en definitiva repercutirá a todos los ciudadanos en ahorro y mayor calidad en de los servicios prestados.

Comunicado Defensa Turno Libre.

Hoy JUEVES 10 DE FEBRERO: Asamblea en Valladolid

PLADEPU convoca a los empleados públicos a una ASAMBLEA sobre la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, inconstitucionalidad y vías para impedir su aplicación, así como la necesidad de la eliminación de las encomiendas de gestión y privatizaciones y supresión completa de la Administración B.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) convocamos a todo el personal dependiente de la Administración General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, así como el personal dependiente de los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León en Valladolid, a:

Descarga el cartel aquí

Asamblea de empleados públicos hoy jueves 10 de febrero a las 13:00h en el salón de actos del edificio que alberga las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo (C/ José Cantalapiedra nº 2)

Orden del día:

1. Oposición a la funcionarización sin oposición.
2. Soluciones a la degradación de lo público.

PLADEPU defendemos la oposición como único medio de acceso a la función pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con porcentajes razonables en la fase de concurso, en donde la obtención de una plaza de funcionario premie al esfuerzo, talento y experiencia laboral que repercutan por tanto en la calidad de los servicios públicos.

Los permisos para poder llevar a cabo este acto (sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad asamblea / salida sindical; se entregará justificante).

En PLADEPU somos conscientes que el primer punto del orden del día es delicado y no coincidimos con compañer@s interin@s en cómo se está abordando la problemática de la temporalidad en el empleo público. Pero en este asunto también sabemos que funcionarios de carrera y personal laboral fijo no cuentan con el respaldo ni de sindicatos ni fuerzas políticas, por lo que es importante dar un paso al frente y participar con PLADEPU en grupos de trabajo para atajar desde abajo el agravio que les viene encima. Reenvía esta información a tus contactos.

  ¡¡ACUDE Y DIFUNDE!! EL FUTURO DE TODOS ESTÁ EN JUEGO

Concentración este sábado en Valladolid contra la ley sobre los interinos

Defensa Turno Libre es una plataforma de opositores del turno libre que busca aglutinar a los afectados por la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de todas las administraciones. Está presente en Twitter, Facebook, Instagram y en su propio canal Telegram.

La plataforma viene trabajando en un conjunto de reivindicaciones que se resumen en la imagen lateral.

Desde PLADEPU queremos difundir la concentración organizada por Defensa Turno Libre confirmada para este sábado 8 a las 12:00 en plaza Fuente Dorada en Valladolid:

La ley de funcionarización de interinos se pone en marcha

El pasado 30 de diciembre entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El proceso de regularización alcanzará a todos los niveles de la Administración, si bien la normativa se deberá adaptar para el personal docente y estatutario antes del el 8 de julio de 2022. Resumimos a continuación los aspectos más relevantes.

Limitar, de nuevo, los contratos de interinidad

Las administraciones son máximas responsables del abuso de la temporalidad, pues han estado incumpliendo sistemáticamente el plazo improrrogable de 3 años fijado en su propia regulación, en concreto el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo que curiosamente sí debía ser correcto, puesto que permanece inalterable con la nueva ley.

La nueva ley sí automatiza y concreta más este límite con la modificación de los artículos 10 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público y la adición de la disposición adicional decimoséptima.

En este sentido, ¿debemos confiar en que la Junta de Castilla y León responsable de los interinos en fraude de su propia ley vaya a cumplir lo que no ha cumplido hasta ahora…?

Temporales con más de cinco años serán fijos sin opositar

Los funcionarios interinos y personal laboral temporal ocupando plaza de forma ininterrumpida desde antes a 1 de enero de 2016 serán fijos únicamente mediante concurso. Concurso de méritos extraordinario que debe negociarse y convocarse en los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales antes del 31 de diciembre de 2022.

Por lo tanto, no serán “indefinidos a extinguir” y pasarán a ser funcionarios de carrera / personal laboral fijo y podrán participar en los concursos de traslados, algunos con más puntos que aquellos que superaron una oposición. Además podrán participar en la promoción interna vertical y horizontal, también algunos con mayor puntuación que funcionarios de carrera por oposición. Sin olvidar comisiones de servicios y libres designaciones. ¿Qué os parecería tener como nuevo jefe o jefa a alguien que haya entrado por la puerta de atrás...?

Basándose en el carácter excepcional, la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 pretende sortear la Constitución Española, Norma Suprema que obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según se establece en los artículos 23 y 103.

Temporales entre tres y cinco años tendrán concurso-oposición ventajoso

El resto de plazas ocupadas ininterrumpidamente al menos en tres años a 31 de diciembre de 2020 saldrán a concurso-oposición, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicio en la fase de oposición. La valoración de la fase de concurso será del 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito. Asimismo, deberá negociarse el que los ejercicios de la fase de oposición puedan no ser eliminatorios.

Se incluirán, en estos procesos de estabilización, las plazas ofertadas en los anteriores procesos de estabilización de 2017 y 2018 que no hayan sido convocadas a 30 de diciembre de 2021 o que, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.

El personal interino que no supere este proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de 20 por año trabajado hasta un máximo de doce meses. Estas personas también se incorporarán a una bolsa de empleo específica.



La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) consideramos que la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es una construcción legal chapucera que cambia las reglas del juego.

PLADEPU no estamos contra las personas interinas. Cobran merecidamente por su trabajo como cualquier empleado que desempeña una tarea profesional. Con una duración laboral limitada en el tiempo por la que se rigen sus contratos cuando entran a trabajar en la Administración.

Lo que estamos marcadamente en contra es que porque hayan trabajado voluntariamente más allá del límite de los 3 años que siempre ha establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por la irresponsabilidad de las administraciones como por el beneplácito y dejadez de los sindicatos, sean ahora clara e injustamente favorecidos con unos privilegios que suponen:

• Agravio frente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo que superaron un proceso de oposición, para el que habitualmente dedicaron años de preparación, y que ven como en futuros concursos de traslados menguarán las plazas vacantes y los interinos funcionarizados podrán además concursar con toda su antigüedad.
• Agravio frente a opositores, tanto por promoción interna como por turno libre que, mientras estudian y renuncian al disfrute normal de vacaciones y tiempo con la familia y amigos, ven mermados su ánimo y posibilidades por la apropiación de plazas de interinos beneficiarios.
• Agravio frente trabajadores de empresas privadas, autónomos y personas en la cola del paro que, mientras intentan salir adelante en tiempos muy difíciles, ven como a un colectivo en concreto se le agracia con la tranquilidad de una plaza de por vida en la Administración.
• Y agravio en general en la calidad de los servicios públicos donde hasta ahora se premiaba el esfuerzo en el acceso al empleo público basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Recordamos también la culpabilidad de la consumación de esta ley al gobierno central PSOE-UP y a las organizaciones sindicales que negociaron la misma.

Por un puñado de votos las centrales sindicales CSIF, UGT, CCOO y USCAL están vendiendo a los funcionarios de carrera y degradando a la Administración Pública. Ya que la gran mayoría de interinos pertenecen a estos sindicatos.

Pero la mochila de afiliados interinos también pesa en el resto de sindicatos que no se atreven a denunciar tajantemente el atropello de esta ley.

Regularización de los interinos. Que no os engañen

El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, acordado por PSOE-UP y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, ha sido convalidado en el Congreso.

El Gobierno Central presenta este decreto como “solución” a una situación anómala perpetuada durante años, donde miles de trabajadores públicos permanecen en un puesto de forma provisional más allá de los tres años límite que marca la ley. Decreto que hay que desarrollar en proyecto de ley, y que busca in-extremis una salida a la regularización exigida por la Directiva Europea 1999/70/CE.

Que no os engañen. Europa no dice que a un interino haya que nombrarle funcionario sin pasar una oposición.

Que no os engañen. Europa dice que hay que regularizar la plaza que ocupa un interino, no que hay que regalar esa plaza a un interino.

Que no os engañen. Europa no se opone a que la oposición sea el único medio de acceso a un puesto de funcionario.

En la anterior publicación Por un acceso justo a la función pública. No a los privilegios de los interinos, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) defendimos la oposición como único medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.

PLADEPU aboga, en el caso que se valoren los méritos profesionales, se valore toda la experiencia laboral. La experiencia en una Administración Pública y la experiencia en la empresa privada o como autónomo.

PLADEPU insta a los funcionarios de carrera y al personal laboral fijo a que manifiesten su repulsa y oposición, al atropello de sus derechos que pretenden perpetrar intentando funcionarizar a los interinos, mediante en el mejor de los casos, la realización de un concurso o un pseudo concurso-oposición.

La Administración Pública no se vende, se defiende.

Noticia de El Confidencial: Interinos y 'cultura del coladero'.

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Sobran los motivos

El PSOE ha presentado una moción de censura contra el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), y desde el punto de vista de unos buenos servicios públicos, pensamos que sobran los motivos para desalojar al PP después de 34 años en el poder por argumentos que no tienen que ver con izquierdas o derechas, sino por higiene política.

Del partido Ciudadanos y del Sr. Igea a su cabeza no podemos esperar nada. Ya engañaron a los ciudadanos de esta región hace 2 años, prometiendo regeneración, y lo único que han conseguido es degenerar aún más esta Comunidad Autónoma ¿Dónde ha quedado su intención de limpiar la administración B cuando más bien han ayudado a engrosarla?

Efectivamente, son 34 años de poder del PP en esta región, y la situación no puede ser peor. La principal lacra que sufre Castilla y León es la despoblación, y se ha certificado que el PP no es capaz de detener la sangría poblacional. Es más, hace todo lo posible para que los castellanos y leoneses emigremos a otras zonas. El medio rural agoniza pero se siguen cerrando consultorios médicos o somos la Comunidad Autónoma con más pueblos incomunicados digitalmente.

La administración de Castilla y León es una red de clientelismo, donde no se pone coto a la administración B, y cada día crece y crece más. En el ICE (antigua ADE) trabaja quien quiere, porque hay empleados públicos de esta empresa que no dan un palo al agua. El ITACYL hace las mismas obras que las que realizan los funcionarios de la Consejería de Agricultura. En el SOMACYL utilizan gratis los Ingenieros de Caminos de la Junta de Castilla y León para dirigir sus obras. Y la Fundación Siglo es el desmadre elevado a la enésima potencia. Pero en vez de cerrar estos chiringuitos, que nos salen muy caros a los ciudadanos, se contrata cada día a más personal.

Es una Administración que no cree en los servicios públicos de calidad, como se ha demostrado estos días con la exigencia de retirada de los carteles de escuela pública en los colegios públicos, pero que no han exigido retirar los lazos naranjas en los colegios concertados.

La Administración de Castilla y León no hay por dónde cogerla después de 34 años de gobierno del PP. Está totalmente politizada, donde la práctica totalidad de las plazas entre los niveles 26 y 29 son de libre designación. Somos los funcionarios peor pagados de España. Hay más de 30% de las plazas vacantes. La tasa de interinidad supera el 10%. Un tercio de los funcionarios están en comisión de servicio. Comisiones de servicio que no son públicas, en contra de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, es decir, son ilegales. Hay más de 500 personas que están trabajando para la Administración de Castilla y León en fraude de Ley como personal laboral cuando realizan trabajo de funcionarios. Y siguen sin crearse esas plazas en la RPTs. Hay más de 135 desertores de la tiza, enchufados, que trabajan como funcionarios cuando son personal docente. Los funcionarios llevamos 7 años de media sin un concurso de traslados completo, cuando la Ley exige, al menos, un concurso anual.

Y la guinda a este desbarajuste, es la inmensa corrupción. La perla negra, la trama de las eólicas, el polígono de Portillo, el caso de las embajadas, la Ciudad del Medio Ambiente, los cuestos de Benavente... Un Consejero condenado en firme por corrupción, viceconsejeros y Directores Generales imputados… Corrupción que sale muy cara a los ciudadanos de Castilla y León.

PLADEPU reclamamos una Junta de Castilla y León que gestione los recursos públicos priorizando el servicio al ciudadano y no salvaguardando su propia imagen. Los ciudadanos son la única razón de su existencia y su verdadero cometido. Muchas veces es en lo último en que se piensa, salvo en el momento del voto.

Por un acceso justo a la función pública. No a los privilegios de los interinos

En los últimos tiempos venimos asistiendo a una campaña mediática, alentada por las centrales sindicales mayoritarias, pero sobre todo por USCAL, donde se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos, sin que dicho personal apruebe la correspondiente oposición. Quieren convertir en funcionarios de carrera a interinos mediante un examen a la carta o un concurso oposición, lo que les proporciona una clara ventaja competitiva frente a otros aspirantes que no han tenido la suerte de ser interinos. En los casos más espeluznantes, se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos sin prueba alguna, solo por el mero hecho de ser interinos. Alucinante.

El artículo 23 de la Constitución Española es claro: “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto, las pretensiones de estas organizaciones sindicales son directamente inconstitucionales, y no hay más que hablar del asunto.

Sin embargo, las organizaciones sindicales y los propios interinos alegan que estos trabajadores se encuentran en fraude de ley, y por tanto, deben tener un trato diferente para acceder a ser funcionarios de carrera. Este trato diferente que promulgan, se traduce en tener ventajas competitivas frente al resto de opositores, es decir, saltarse la Constitución Española y perjudicar al resto de opositores que no han trabajado en la Administración. Además, estas organizaciones sindicales exigen que solo se valore la experiencia laboral en la Administración, lo que ya convierte este desaguisado en un circo. Se puede dar la circunstancia, que el famoso cocinero Arzak se quiera presentar a los concurso-oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León, pero como solo ha trabajado en su restaurante de tres estrellas Michelin durante 50 años y ningún año para la Administración, no se le contabilizaría ningún día de experiencia como cocinero en la oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León. Demencial.

Pero volvamos a la legalidad, y al presunto fraude de ley que proclaman algunas centrales sindicales y sus acólitos. Fraude es que cada año no salgan en la oferta de empleo público todas las plazas de interinos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y que incumple sistemáticamente la propia Junta de Castilla y León.

Cuando un interino entra a trabajar en la Administración, sabe que es por un tiempo limitado. Y todo lo que pase de dos años trabajando como interino, supone una suerte y privilegio frente a otras personas que están apuntadas en la cola del paro, y por supuesto, en ningún caso supone tener más derecho que otro para ser funcionario de carrera. En vez de estar agradecidos por haber tenido un trabajo durante años, algunos pretenden la cuadratura del círculo, y convertir el privilegio que han disfrutado en un contrato indefinido en la función pública por la cara. Nadie obliga a un interino a prolongar indebidamente su relación laboral con la Administración. Lo que no están contentos, que mañana no vuelvan, que la lista en el paro es muy larga. Pero dudamos que haya muchos casos de funcionarios interinos que hayan dejado su puesto de trabajo para incorporarse al mercado laboral privado.

También alegan los interinos que ahora tienen cargas familiares, y que trabajar y opositar simultáneamente es muy difícil. Pero las decisiones vitales que toma cada persona, no deben perjudicar los derechos de otros opositores. Y a lo mejor, estos interinos no han conocido a funcionarios de carrera que en su momento abandonaron su trabajo para opositar, u otros con menos suerte, que se dejaron las pestañas por las noches porque sus condiciones de vida les impedían poder dejar su trabajo para opositar.

Por ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exigimos que se cumpla la Constitución, y que únicamente exista la oposición como medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.

Apoyamos la valoración del tiempo trabajado de los interinos, una vez superada la fase de oposición, entre los méritos para pedir plaza, así como otros méritos como la condición de víctima de violencia de género y horfandad por esta causa.

Y por supuesto, desde PLADEPU estamos en contra de la precariedad laboral y de estas tasas tan impresentablemente altas de interinos que hay en la Junta de Castilla y León. Es difícil dar un servicio público de calidad con estas tasas de temporalidad. Y claro está, a estos interinos, cuando se les ocupe su plaza, se les debe indemnizar por los servicios prestados.

Información técnica de la vacuna de Pfizer

Recién iniciada la campaña de vacunación para prevenir la Covid-19 en Castilla y León, cuya primera etapa está dirigida a residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores, creemos interesante disponer de la máxima información objetiva de la vacuna que se ha empezado a suministrar, la de Pfizer. El siguiente enlace de la Agencia Europea del Medicamentos contiene la ficha actualizada y el prospecto de dicha vacuna:

Ficha técnica oficial de la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech.

¡Feliz año 2021 y un sistema inmune fuerte y sano!

No todo es Covid-19

Es necesario controlar el coronavirus, pero sin olvidar que existen también otras dolencias que no estamos diagnosticando ni tratando a tiempo. Y algunas son enfermedades con un alto índice de mortalidad entre la población.

Un tercio de los fallecimientos en este periodo de crisis por el coronavirus han sido por atención sanitaria deficiente o directamente por desatención. Desde marzo hasta julio de este nefasto año, parece que solo existía Covid19, el resto de afecciones desaparecieron como un plumazo. Ya no había ictus, enfermedades cardiovasculares o cáncer, por poner tres ejemplos de enfermedades graves que prácticamente se han abandonado, con desastrosas consecuencias.

¿Por qué el estamento médico no se ha pronunciado sobre el incumplimiento de su código deontológico que dice que el primer contacto con el enfermo tiene que ser con presencia física? Salvo honrosas excepciones, la mayoría se han callado y los centros de salud han impedido el acceso de los pacientes. Todo se hacía por teléfono. Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) solicita la revisión inmediata de los protocolos de acceso a la atención presencial porque dicha decisión administrativa y política está costando vidas, así como la incorporación inmediata de más personal sanitario para afrontar las necesidades sanitarias reales que demanda la población, más allá del virus.

El objetivo de todo médico es intentar curar y si no le dejan, expresarlo a los cuatro vientos, por dignidad. Se echa en falta la voz del estamento médico alertando sobre estos hechos. Ellos son los primeros que deberían denunciar a quienes les impidieron ejercer la medicina. En todos esos casos hay responsables y el silencio es cómplice. El resultado de esta gravísima dejación de funciones sanitarias está siendo agravamientos, cronificaciones e incluso la muerte de pacientes.

Los siguientes ejemplos son solo la punta del iceberg, pero desgraciadamente hay muchos más:

• Fallece de un cáncer con metástasis una palentina de 54 años, tras 6 meses esperando una cita presencial.
• Sacyl oculta el historial de una mujer medicada por teléfono por «vómitos» que murió de cáncer.
• Fallece de cáncer sin lograr una sola cita presencial con su médico.
• Cuando una vida joven se acaba en seis meses.
• Un niño de ocho años muere de peritonitis en Alicante tras acudir cinco veces a urgencias y no recibir apenas tratamiento.

Hay una peticion para firmar en change.org solicitando que se tomen medidas para que los diagnósticos se den a tiempo.

Por una vuelta al cole segura

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) es consciente de la complejidad de la vuelta al cole y defiende enérgicamente que se haga en condiciones de seguridad para alumnos, profesores y familias.

Reclamamos un espacio de diálogo real para afrontar este reto.

Porque consideramos necesario antes de la vuelta al cole una reunión educación, sanidad y padres para afrontar esta situación. Así como la imperiosa necesidad de implicar a la Consejerías de Familia y de Empleo para adoptar las medidas de conciliación que está situación excepcional reclama.

Todos queremos que nuestros hijos vayan al cole, pero de la manera más segura y no sólo cumpliendo plazos. En la misma dirección; que la burocracia no sea un obstáculo. Diálogo real y abierto para buscar soluciones.

Queremos dar voz a una de las propuestas de acción para que quien lo considere se sume o no en libertad:

Grupo de facebook Derecho a
enseñanza sin riesgo en Pandemia

Manifiesto y análisis Vuelta al cole segura.

Queja al Procurador del Común de Castilla y León.

Formulario de adhesión.

Postura oficial: Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021.

Noticia relacionada: Padres exigen una 'vuelta al cole' "segura" en septiembre y la convocatoria del Consejo Estatal de Familias.

Nuestros hijos, nuestros coles, nuestras familias son lo más importante.

Decretazo con la excusa del COVID-19

NO SIENTO EL NIÑO QUE ENFERMÓ, SINO LAS MALAS MAÑAS QUE APRENDIÓ

El Decreto-Ley 4/2020 de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el BOCYL de 19 de junio, supone un atraso de casi 60 años en el tiempo, destruyendo todo lo conseguido en protección del medio ambiente desde 1961, ya que vulnera importantes trámites medioambientales al eliminar los pasos de información y audiencia públicas, desregulando las licencias ambientales y abriendo la veda a actividades insalubres o nocivas.

Con la disculpa de “eliminar trámites, agilizar los procedimientos y simplificarlos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19”, la Junta de Castilla y León elimina de un plumazo las garantías existentes hasta ahora, en un ejercicio intolerable de despotismo contra toda la ciudadanía de esta maltratada Comunidad Autónoma. Veamos por qué:


1.- Posible vulneración de derechos constitucionales:

Esta desregulación autonómica -aprobada en las Cortes con los votos de PP, Cs y Vox- no ha sido objeto de un proceso previo de participación pública, ni ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, vulnerando derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la información y la participación de la sociedad en los asuntos públicos, siendo contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa.


2.- Eliminación de garantías públicas:

En 2014 la Junta ya suprimió el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, pero ahora completa el desmantelamiento de garantías con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal, lo que supone una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental del RAMINP o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población. Esto implica “barra libre” para macro explotaciones ganaderas e industrias alimentarias y una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate.


3.- Legalización de actividades ilegales:

Este Decretazo legaliza automáticamente las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento al paso o al hilo de regular la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, tal y como se refleja en la Disposición Adicional Cuarta “Actividades o instalaciones en funcionamiento sin licencia ambiental o comunicación ambiental. Las actividades o instalaciones que no cuenten con una licencia ambiental o no hayan efectuado comunicación ambiental, pero que estén en funcionamiento desde hace al menos diez años, ubicadas sobre un suelo con una catalogación acorde con la actividad desarrollada y cuenten con licencias urbanísticas emitidas por el Ayuntamiento para su desarrollo, se entenderá que disponen de la licencia ambiental o que han efectuado la comunicación ambiental”. Esto se llama aprovecharse de la situación.


4.- Normativa más laxa:

El texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León regula tres regímenes de intervención administrativa para las actividades o instalaciones susceptibles de afectar al medio ambiente, que se concretan de más a menos efectos, en: autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Por medio de este Decretazo pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, lo que implica eximir de dicha licencia a las explotaciones ganaderas (incluidas las macro) e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, y otras actividades que pueden ocasionar molestias considerables que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento, empezando a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos. Y todo ello, con independencia de que se instalen en un polígono industrial, en un área residencial o incluso en un piso. Estas pueden ser las consecuencias, por mucho que el Decretazo pretenda zanjarlo con eufemismos como “se beneficiarán de la reducción de cargas administrativas y la disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente (…) para reactivar la actividad económica y de estimular el mantenimiento del empleo con el fin de superar la situación de crisis económica”. La justificación de siempre.


5.- Desoye dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia:

Dos veces han tumbado los tribunales los intentos de la Junta de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019, anulaban respectivamente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y el Decreto 8/2018, de 5 de abril, suponen un contundente rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias. Pero como no hay dos sin tres, este Decretazo viene a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional que suprime “de facto” el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961.